En esa vorágine de violencia impulsada por la estrategia contrainsurgente del Estado, financiada por la miope visión anticomunista de Estados Unidos de América y solapada por las élites locales, nadie estaba a salvo, y la procedencia no era garantía de seguridad. Prueba de ello fue el destino de cuatro religiosos belgas que habían viajado a Guatemala durante los años sesenta y setenta, quienes se fueron involucrando cada vez más en las causas populares, hasta convertirse en víctimas de la violencia de Estado y compartir el destino de los ciudadanos guatemaltecos que los habían inspirado a quedarse en el país.
La suerte corrida por Walter Voordeckers, Ward Capiau, Serge Berten y Paul Schildermans constituye un muestrario de los principales crímenes cometidos por el Estado durante la peor época del conflicto armado interno: Ejecución extrajudicial (sufrida por los dos primeros), desaparición forzosa (ejecutada contra el tercero) y tortura (cometida contra el último, el único de los cuatro en sobrevivir). Todos los crímenes ocurrieron entre principios de 1981 y mediados de 1982. La peor época del conflicto, que llevaría a los actos de genocidio cometidos en el país.
En Guatemala se ha luchado arduamente por impulsar la justicia transicional, con desiguales resultados. Desde el juicio por el genocidio Ixil, algo hasta ese entonces inimaginable, con su amargo final propiciado por la Corte de Constitucionalidad de ese momento, que, no obstante, no pudo borrar la sensación de fresca victoria que embargó a víctimas, sobrevivientes y activistas durante un par de semanas. Todo esto hasta llegar a victorias más sólidas como las sentencias logradas por las abuelas de Sepur Zarco, o por quienes en la actualidad buscan justicia por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen. La lucha por lograr una auténtica reparación y compensación por los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno ha producido frutos a pesar del pedregoso, espinoso y árido suelo en el que se sembró la semilla de la justicia.
Sin embargo, los parientes de los religiosos belgas asesinados no tenían la posibilidad de someterse al largo camino de la incierta justicia guatemalteca, aunque también anhelaban que se cumpliera con el ritual de lo justo para sus familiares violentados. Por ello, abordaron el asunto de una manera novedosa: el concepto de la jurisdicción universal. La idea de que un crimen de lesa humanidad cometido contra un individuo puede ser juzgado en cualquier lugar, fuera de las fronteras donde se dieron los hechos. Y así, los crímenes cometidos contra Voordeckers, Capiau, Berten y Schildermans fueron juzgados, no en el lugar donde sucedieron, sino en su país de origen, en circunstancias excepcionales.
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Como era imposible determinar a los autores materiales, seguramente soldados rasos, sicarios de segunda y esbirros del régimen, los juzgadores apelaron al concepto de la cadena de mando y juzgaron a los autores intelectuales: cuatro militares y un civil que ocupaban posiciones predominantes en la jerarquía estatal contrainsurgente del momento. Estaba fuera de las manos de la parte acusadora llevarlos a Bélgica para ser procesados, por lo que se les juzgó in absentia. Los equipos legales belgas estuvieron yendo y viniendo durante alrededor de dos décadas entre Guatemala y Bélgica, recabando pruebas, realizando entrevistas, notificando, agotando cada paso del proceso. Y por fin, a finales del año pasado, los acusados fueron declarados culpables de crímenes de lesa humanidad y condenados a cadena perpetua. Tres de ellos, los generales Ángel Aníbal Guevara, Benedicto Lucas García y el exjefe de la policía Pedro García Arredondo se encontraban ya purgando sentencias por otros casos ocurridos en el país. Los dos restantes, el general Manuel Antonio Callejas y Callejas y el infame abogado Donaldo Álvarez Ruiz, único civil acusado, se encontraban prófugos por otros delitos que se les imputaban.
Todo lo anterior fue relatado la semana pasada en diversos conversatorios, conferencias de prensa y otras actividades, en las que participó Stephan Parmentier, profesor de derecho de la Universidad de Lovaina, que asesora a la asociación GuateBelga, que busca justicia por estos casos, junto con otros ciudadanos belgas participantes del proceso (puede leer una entrevista con el profesor aquí). Parmentier habló abundantemente de las complejidades de juzgar a personas en otro país, y en ausencia, pero elaboró sobre la noción de la universalidad de la justicia, de la importancia de que se esclarezcan los hechos aunque sea mediante esta clase de recursos extremos, y de la enorme liberación que sienten los deudos de las víctimas al sentir que se ha hecho justicia.
Uno de los elementos clave del asunto es la notificación, el paso del proceso jurídico en el que el tribunal les informa a las partes lo que está sucediendo y lo que les corresponde hacer a cada momento. De esta cuenta, los acusados fueron debidamente notificados en su oportunidad que estaban siendo acusados, que se les iba a juzgar y, posteriormente, que habían sido condenados. «Ellos fueron notificados, y decidieron libremente no ir a Bélgica a presentarse ante el tribunal, ni buscar la asesoría de un abogado de su elección» explicó Parmentier, sin inmutarse cuando se le preguntó sobre la posibilidad o no de defenderse legítimamente que habían tenido los acusados al ser juzgados en otro país. El trabajo fue meticuloso y se hizo en colaboración con las autoridades guatemaltecas, garantizando la transparencia del proceso y la salvaguarda de las garantías de los acusados.
Ahora, por supuesto, la parte acusadora se enfrenta a cuestiones complicadas. Una vez lograda la sentencia condenatoria, lo ideal sería buscar la extradición de los condenados para que cumplan sus sentencias en Bélgica, pero ello podría ser complicado. Sin embargo, se contempla la posibilidad de seguir ese camino para asegurar el cumplimiento de la justicia. Al margen de que los condenados lleguen alguna vez, o no, a poner un pie en una prisión belga, las sentencias condenatorias logradas por crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos guatemaltecos en otro país es un triunfo incuestionable de la justicia a nivel universal, y abre vías de esperanza para la posibilidad de que algún día todos los crímenes cometidos durante ese turbulento período de nuestra historia sean adecuadamente esclarecidos, y las víctimas y quienes les sobrevivieron reciban, aunque tarde e incluso en otro lugar, la invaluable reivindicación de la justicia bien servida.
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