La gran batalla por el control de las instituciones estatales que el próximo año deben cambiar autoridades empieza por la disputa por la junta directiva del Congreso.
Es claro que hacerse con esa junta directiva es la puerta de entrada para controlar los procesos con los que se debe operar el cambio de las autoridades de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, del Ministerio Público (MP), de la Contraloría General de Cuentas, del Banco de Guatemala, de...
Es claro que hacerse con esa junta directiva es la puerta de entrada para controlar los procesos con los que se debe operar el cambio de las autoridades de la Corte de Constitucionalidad, del Tribunal Supremo Electoral, del Ministerio Público (MP), de la Contraloría General de Cuentas, del Banco de Guatemala, de la Superintendencia de Bancos y su Intendencia de Verificación Especial, entre otras. Como factor concomitante, las decisiones relacionadas al presupuesto estatal para 2026 en este noviembre.
Desde una perspectiva técnica, varias entidades están ya trabajando intensamente para explicar la importancia de estos procesos. Circulan insumos excelentes, como calendarios, mapas de actores y lo que dice la normativa vigente para cada proceso. Tampoco han faltado los análisis y las recomendaciones para mejorar el proyecto de presupuesto para 2026. Así que, puede afirmarse que la tarea técnica está haciéndose de manera correcta y oportuna.
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Sin embargo, no son los aspectos técnicos los que deben preocupar, sino los políticos. Y no porque esté prevaleciendo ese teorema de la corrupción y la impunidad que reza «el papel aguanta con todo», sino porque se percibe que el principal factor político sí que está fallando: el interés y la acción ciudadanas. En vez de una ciudadanía activa, preocupada y ocupada de estos delicadísimos procesos, la guatemalteca es una ciudadanía que luce cansada de los asuntos políticos, molesta con el presidente Arévalo, no por lo honesto y legítimo que es, sino por la incapacidad de su gobierno para generar los resultados que más se demandan. Especialmente, la reparación de la infraestructura vial, y por una serie de errores más, los últimos, la tardanza en lo del veto y la fuga de los reos pandilleros.
Esta falta aguda de apoyo ciudadano a un gobierno honesto y legítimo es un peligro muy grave y real. Las grandes mayorías están enojadas y decepcionadas por la falta de resultados, también están cansadas de escuchar la narrativa gubernamental quejándose de Consuelo Porras y de su gavilla que, en efecto, tiene capturado el MP. En vez de levantar muestras de apoyo hacia Arévalo y su equipo, hoy se asume como prueba y confirmación de la debilidad del presidente, quien no fue capaz de removerla del cargo cuando debió hacerlo. Los llamados de Arévalo por apoyo ciudadano ante los intentos golpistas son recibidos con desinterés y descrédito, en el mejor de los casos, si no con fastidio.
Semejante debacle política es muy peligrosa y real por varios factores. Uno, es que la ciudadanía honesta y que, potencialmente sería la base de apoyo para la presidencia legítima, se torna vulnerable y permeable a las narrativas de los golpistas, y por ello, cada vez sorprende menos escuchar a gente concediéndole una cuota de verdad a construcciones, otrora ridículas, como el «caso» UNOPS.
La elección de la junta directiva del Congreso puede ser el augurio que ayude a pronosticar qué pasará con el resto de los procesos electorales de segundo grado. Y, también, anticipará algo de lo que será el proceso electoral en 2027 y lo que le espera a Guatemala.
La gran preocupación es que se puede anticipar indiferencia, desinterés y apatía enormes en la ciudadanía, y con ello, escaso o nulo apoyo popular a los esfuerzos por prevenir la captura mafiosa total del Estado. En el peor de los casos, en sentido pragmático: «mejor los corruptos, porque algo de obra hacen, toda vez los honestos no pueden hacerlo».
De esa magnitud es la batalla que se nos avecina.
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