Se comenta que en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) del Congreso están ocurriendo negociaciones intensas, toda vez esa comisión de trabajo está por emitir su dictamen para el proyecto de presupuesto para 2026. Se dice que, de nuevo, la condición para el acuerdo es la aprobación de un nuevo aporte extraordinario para los Codede.
Varias entidades, incluyendo el Icefi, han publicado ya sus análisis del proyecto de presupuesto para 2026. Todos encuentran luces y sombras en la propuesta del Ejecutivo. Por el lado positivo, destacan una mejora técnica en el cálculo de la proyección de ingresos, algunas de las asignaciones de gasto para áreas de salud, seguridad e inversión social y ambiciosos planes para iniciar o avanzar en proyectos de inversión en infraestructura. En todos los casos, la preocupación no es la pertinencia o conveniencia de estas propuestas, sino la capacidad real de la administración de Arévalo para ejecutarlos.
Se coincide en cuanto a que la mancha más notoria en el proyecto de presupuesto son las asignaciones presupuestarias a los Codede. Por un lado, el Ejecutivo acierta en recomendar solamente la asignación ordinaria a los Codede. Es lo correcto, toda vez es lo único establecido en ley, y atendería lo evidenciado en 2024 y 2025, en cuanto a que la capacidad real de los Codede para ejecutar proyectos debidamente formulados y planificados se limita, justamente, a esa asignación ordinaria.
[frasepzp1]
Pero, por otro lado, lamentablemente, en el artículo 55 de la iniciativa de ley 6625, mediante la cual el Ejecutivo presentó el proyecto de presupuesto para 2026, se propone violentar la Ley Orgánica del Presupuesto permitiendo a los Codede trasladar al año siguiente las asignaciones presupuestarias del año presente. Así, el Ejecutivo incurrió en una garrafal contradicción, puesto que en parte esto es lo que justamente hace el nefasto Decreto número 7-2025, que el presidente Arévalo correctamente intentó vetar. Esta incoherencia ha sido la principal arma de la oposición para fustigar al Ejecutivo.
En todo caso, sea con el artículo 55 de iniciativa de ley del Ejecutivo, o con el Decreto 7-2025, ya vigente, lo que va a continuar ocurriendo es un enorme incentivo para que los Codede no ejecuten las obras, y retroceder 30 años para practicar el denominado «jineteo» de fondos: intencionalmente no ejecutar las obras para acumular los recursos no usados para malversarlos en el año electoral 2027, con fines de promocionar la reelección de alcaldes y diputados. El Icefi estima que resultado de estas disposiciones legales espurias, los Codede podrían tener en 2026 un aporte extraordinario en torno a los Q5,820 millones.
Se rumorea que en la carrera final por emitir su dictamen al proyecto de presupuesto para 2026, la CFPM podría agregar un nuevo aporte extraordinario de Q3,500 millones, canibalizando los presupuestos de ministerios y secretarías, y que tampoco se ejecutaría. Los rumores también hablan de que, en la fase final de aprobación, se agregarían mediante una enmienda otros Q3,500 millones, totalizando Q7,000 millones adicionales. Si semejante información resultara cierta, los Codede tendrían asignados en 2026, sumando aportes ordinarios y extraordinarios, un monto en exceso a los Q17,000 millones, de los cuales, se estarían ejecutando alrededor de Q5,000, quedando un «guardadito» de Q12,000 millones para financiar las campañas de reelección de diputados y alcaldes.
Ojalá estos rumores resulten falsos e infundados. Pero, por favor, estemos atentos, esto se sabrá esta semana con el dictamen de la CFPM y la aprobación final antes del 30 de noviembre. Estamos advertidos.
Más de este autor