El lunes pasado se produjo en el Congreso una jornada que no solo no tiene nada que envidiar, sino que, por montos y descaro, supera incluso a los más corruptos episodios que avergüenzan a ese organismo del Estado. Empezó cuando aprobó su presupuesto y mantuvo el incremento salarial que ofendió tanto a la ciudadanía.
Con tres votos disidentes de veintiuno, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) emitió su dictamen para el proyecto de presupuesto para 2026. Por la mañana, circuló un borrador del dictamen, ya adelantaba algunas alteraciones, pero en su artículo 163 introducía un peculiar fideicomiso de Energía para el Desarrollo y Cobertura Eléctrica Nacional, con una asignación de Q5,500 millones para el Inde. Al medio día, se destapaba la mascarada, cuando el diputado presidente de la CFPM, en conferencia de prensa, presentó la versión final del dictamen, en cuyo artículo 163 ya no figuraba tan noble fideicomiso, sino otro aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) por Q6,312 millones.
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Este nuevo aporte extraordinario para los Codede sigue el nefasto esquema de los aprobados en 2024 y 2025, sin fundamentos ni justificaciones técnicas. La versión final del artículo 163 es una tabla larga de 340 renglones —uno por cada municipio— en la que los diputados distribuyeron geográficamente esos miles de millones de quetzales. En ella premiaron a los alcaldes y diputados que doblaron la rodilla ante la alianza oficialista y castigaron a los opositores o a quienes, simplemente, no se sometieron a los dictados del estamento de poder parlamentario actual, al mejor estilo de lo que las famosas organizaciones mafiosas italianas llaman «familia».
Y que, además, como ha quedado demostrado en 2024 y 2025, lo más probable es que no se ejecutará en 2026. El daño del Decreto 7-2025 se sentirá porque, los saldos de los aportes extraordinarios no ejecutados por los Codede en 2024, 2025 y 2026 podrán trasladarse, en contravención a lo ordenado por la Ley Orgánica del Presupuesto, al año electoral 2027. Como lo advierte el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en su comunicado, este retroceso de 30 o 40 años al volver a la práctica de «jineteo» de los fondos, es una amenaza directa al proceso electoral, no solo el de segundo nivel en 2026, sino también del general de 2027. Podría ser un bolsón de corrupción de alrededor de Q20,000 millones para financiar de manera ilícita campañas de reelección de alcaldes y diputados. O sea, otra amenaza directa a la débil democracia, por mucho, peor que Consuelo Porras y el pacto de corruptos actual.
Por si no fuese suficiente el aquelarre presupuestario de los Codede, el presupuesto que finalmente quedó aprobado en la madrugada del martes, con 139 votos de 160, incluye en su artículo 121 asignaciones que totalizan Q781 millones para obras que carecen del debido respaldo técnico, y que podrían constituir más espacios de abuso y corrupción. En el artículo 152, la CFPM reincide en aprobar aportes directos por Q2,462 millones para una mezcla, difícil de verificar o auditar, de organizaciones legítimas y otras de dudosa capacidad técnica y experiencia, algo que, ni el famoso Manuel Baldizón se atrevió a hacer en sus tiempos de diputado presidente de la CFPM.
El presupuesto aprobado incluyó alteraciones, bolsones vulnerables a la corrupción que suman Q9,525 millones que, al no incrementar el techo presupuestario, canibalizarán las asignaciones con beneficios potenciales en la propuesta original del Ejecutivo.
Demasiado. Esto no solo es el cambio ofrecido, sino que empeora con creces la corrupción del pasado.
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