El 30 de diciembre de 2025 la Corte de Constitucionalidad resolvió conceder un amparo, suspendiendo provisionalmente la vigencia del Decreto número 27-2025, con el cual el Congreso había aprobado el presupuesto para 2026. Esta acción activó lo que establece la Constitución: en este 2026 ya se encuentra vigente el presupuesto de 2025, formalmente el decreto 36-2024.
Esta es una solución de emergencia, lejos de ser la óptima y, por ello, es imperativo que el Ejecutivo prepare y presente al Congreso una iniciativa de ley para modificar ese Decreto 36-2024 para ajustarlo a la realidad de 2026. Pero, ¿qué modificaciones son las técnicamente recomendables? ¿Se vuelve imprescindible ampliar el techo presupuestario de gasto?
Siendo el presupuesto un instrumento técnico político complejo y extenso, la respuesta no es directa ni sencilla. Requiere análisis detenido y minucioso.
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En el caso de la proyección de la recaudación de impuestos que se espera recaudar, sí es necesario ampliar. El Decreto 36-2024 incluye Q109.3 millardos como ingresos tributarios, monto que desde septiembre de 2024 el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió que estaba subestimado, criterio técnico que el tiempo confirmó, toda vez la recaudación tributaria cerró en 2025 en Q112.5 millardos. Si ese cálculo de Q109.3 millardos ya estaba subestimado para 2025, lo está mucho más para 2026. En un escenario pasivo, el Icefi proyectó para 2026 una recaudación de Q119.0 millardos, mientras que el suspendido Decreto 27-2025 contemplaba una proyección de Q119.8 millardos, calificada por el Icefi como aceptable. Estos datos muestran que técnicamente sí es necesario corregir la proyección de ingresos tributarios en el presupuesto vigente para 2026 (el de 2025), ya que, de lo contrario, se sufrirá una subestimación de alrededor de Q10 millardos.
Ahora bien, los impuestos no son todos los ingresos en el presupuesto (representan poco más del 73 %). También es necesario ampliar en alrededor de Q1 millardo la proyección de ingresos no tributarios, y sería honesto y conveniente que el uso de recursos de caja refleje la realidad de la cantidad de depósitos que el Ejecutivo tiene en el Banco de Guatemala, al inicio del año entre Q10 millardos y Q15 millardos, por encima de los Q5.6 millardos que tiene el presupuesto vigente. En términos simples y generales, estas correcciones técnicas al alza en los ingresos corrientes (tributarios y no tributarios) y el uso de la caja, en total de alrededor de Q16 millardos abren una disyuntiva de política: escenario uno, reducir el endeudamiento público bonificado manteniendo el techo de gasto acorde a la realidad de la capacidad de ejecución hasta ahora demostrada; o, escenario dos, ampliar el techo de gasto manteniendo la deuda pública bonificada, bajo el supuesto de que el Gobierno aumentará su capacidad para ejecutar el presupuesto.
La mayoría de opiniones y recomendaciones apuntan al escenario uno: reducir el endeudamiento público, manteniendo un techo de gasto similar al de 2025, ampliándolo solo si el Gobierno demuestra mejoras significativas en su capacidad de ejecución. Esto basado en lo hasta ahora visto, especialmente la crónica incapacidad de los Consejos de Desarrollo para ejecutar los abultados aportes extraordinarios, que fácilmente pueden ser pasto de la corrupción y la malversación con fines político electorales.
Este es un debate del que todos debemos estar pendientes, toda vez se espera que en los próximos días el Ejecutivo presente al Congreso la iniciativa de ley con su propuesta. Ya el Congreso ha demostrado que no se le puede dejar desatendido en estos temas.
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