La tormenta Mitch, en 1998, nos dejó un aprendizaje que nunca termina de asentarse: Guatemala no es solo la ciudad capital. Mitch no «creó» la precariedad sanitaria rural; la exhibió, como una lámpara sobre una mesa que uno prefería no mirar. De ese contexto surgió la presencia de médicos cubanos en el país: primero como respuesta humanitaria y, más adelante, como cooperación formalizada. Con los años se volvió costumbre, y las costumbres —sobre todo en salud— suelen permanecer porque resuelven algo que nadie más está resolviendo.
Hoy esa costumbre entra a su etapa final. La decisión oficial no se ha presentado como un portazo, sino como una no renovación progresiva: desde enero de 2026 se dejarán de renovar misiones conforme vayan venciendo y, durante todo el año, la brigada irá saliendo por tramos. Dicho así, suena razonable, casi quirúrgico. No hay drama. No hay ruptura. Solo «cierre de ciclo».
Y, sin embargo, a mí me cuesta creer en los «cierres de ciclo» cuando aún no se ha escrito, con claridad y con números, el capítulo siguiente.
Porque aquí no estamos hablando de una cifra abstracta ni de un debate de salón. Según datos divulgados por el Ministerio de Salud y replicados por prensa nacional, se trata de 412 colaboradores cubanos, incluidos 333 médicos. Y no están «por allí», como adorno diplomático: su trabajo se reparte en primer nivel, CAIMI y hospitales. De esos 333, se ha reportado una distribución que debería obligarnos a hablar con cuidado: 224 en el primer nivel, 62 en hospitales, 49 en especialidades clínicas y quirúrgicas estratégicas y 20 en CAIMI. Es decir: no son solo consultas; también son guardias, cirugías, obstetricia, y esa medicina que, aunque nadie la celebra en redes, salva días enteros.
El mapa también importa. Se ha informado que cerca del 45 % de la brigada se concentra en Quiché, Petén y Alta Verapaz. Y, en una citación pública, el ministro Joaquín Barnoya señaló que 80 % está en ocho departamentos (Petén, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz, Quiché, Izabal, Zacapa y San Marcos), con un grupo menor en el departamento de Guatemala. No hace falta dramatizar para entender lo obvio: el impacto será rural y concentrado. No se va a sentir igual en la zona 10 que en Ixcán, en Sayaxché o en Fray. Ese territorio también es Guatemala, aunque a veces se nos olvide.
Ahora bien, la idea de que esas plazas pasen a manos de médicos guatemaltecos no solo es legítima; en principio es deseable. Cualquier país serio aspira a sostener su propio sistema de salud con su propio recurso humano. El mismo Ministerio lo plantea así: fortalecer la sostenibilidad del personal nacional, garantizar continuidad, implementar sustitución escalonada, ofrecer incentivos para plazas de difícil acceso, redistribuir personal y reforzar apoyo técnico. Suena bien, incluso suena justo.
Pero, y aquí viene el «pero» que no es capricho. La salud no se garantiza con intenciones, se hace con ejecución. Y esta se ve en cuestiones pequeñas y brutalmente concretas: convocatorias publicadas, plazas ofertadas con condiciones claras, contratos que llegan a tiempo, incentivos reales, logística, supervisión clínica, abastecimiento. Sin eso, la palabra «transición» se vuelve un eufemismo elegante para decir «a ver qué pasa».
Por eso me llamó la atención un detalle que, si fuera una novela, sería un mal presagio: a finales de febrero de 2026 se reportó que aún no se veían convocatorias públicas para reemplazar plazas, mientras ya se hablaba de las primeras salidas. Este tipo de señales no prueba por sí mismo que el plan no exista; pero sí deja una duda incómoda: ¿Vamos tarde? Y en salud, ir tarde es ir mal.
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En medio de todo esto, como era de esperarse, aparece la política internacional. Estados Unidos ha criticado, de forma reiterada, los programas de brigadas médicas cubanas, y en 2025 anunció medidas como restricciones de visa para funcionarios asociados a esos programas, bajo argumentos de explotación laboral (que Cuba niega). El presidente Arévalo, por su parte, ha señalado públicamente que, en el caso guatemalteco, el pago se realiza directamente al profesional. Con este telón de fondo, muchos sospechan presiones, alineamientos, gestos. Yo no tengo evidencia para afirmar que la no renovación sea obediencia a nadie. Pero tampoco me parece honesto fingir que el contexto geopolítico no existe, como si las decisiones regionales flotaran en el vacío. La política internacional, nos guste o no, siempre mete la mano; la pregunta es cuánto y cómo.
Aun así, quiero insistir: el centro de esta historia no es Washington ni La Habana. El centro es el paciente guatemalteco en el lugar donde cuesta llegar. Y aquí conviene recordar algo que casi todos sabemos, pero pocos dicen en voz alta: una plaza rural no se queda vacía porque no haya médicos en Guatemala; se queda vacía porque, muchas veces, la plaza es inviable. Por distancia, por inseguridad, por falta de insumos, por aislamiento profesional, por contratos inestables, por salarios que no compensan el desgaste. No basta con decir «hay médicos disponibles»; hay que lograr que esos médicos permanezcan.
Yo conocí a una ginecóloga cubana que trabajaba en un Centro de Atención Permanente en el altiplano, con población mayoritariamente indígena. Su reto no era solo clínico; era cultural y comunitario: aumentar la cobertura prenatal en un entorno donde muchas mujeres preferían atención de comadronas. Ese tipo de trabajo requiere paciencia, continuidad y vínculo. Y aquí es donde el debate se vuelve delicado, no es que «solo los cubanos» puedan hacerlo. No. Es que cualquiera que lo haga necesita condiciones para sostenerlo. Si la transición es real, debe proteger esa continuidad. De lo contrario, pagará el costo quien siempre lo paga: la comunidad.
También está el tema del dinero, que conviene tocar sin demagogia. Se ha reportado que cada brigadista recibe un estipendio mensual cercano a Q7,000, y que el costo total estimado por persona ronda Q10,000 sumando logística como vivienda y servicios. A algunos les parecerá mucho; a otros les parecerá poco. Pero el debate serio no es «cuánto cuesta», sino «cuánto cuesta no tener». Porque el costo de la ausencia no siempre se ve en una factura: se ve en una complicación obstétrica, en un diabético descompensado, en un niño que llega tarde.
Entonces, si de verdad vamos a cerrar este capítulo con seriedad —y no solo con discursos—, hay cuatro exigencias mínimas que deberían ponerse sobre la mesa, sin insultos y sin romanticismos:
- Mapa público de plazas y perfiles. Qué se sustituye, dónde, y con qué tipo de recurso humano.
- Cronograma verificable. Quién sale, cuándo, y quién entra; no por «intención», sino por fecha.
- Paquete real de retención rural. Incentivos, vivienda/viáticos, seguridad, estabilidad contractual y acompañamiento clínico.
- Convocatorias transparentes y oportunas, porque sin esto, todo lo demás es buena prosa.
La no renovación puede ser una decisión correcta. Pero la corrección no se decide en una conferencia: se demuestra en el territorio. Y ojalá lo entendamos antes de que lo entienda una familia en una sala de espera, con la misma frase que uno escucha tantas veces en el interior: «Doctor, ¿hoy sí habrá quien atienda?»
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