La seguridad de Estado se basa en el orden, en evitar cambios sociales que interpelen el poder económico y en proteger privilegios de clase. Esa noción de seguridad sirvió también para poner en práctica el derecho penal del enemigo y las peores atrocidades en la historia nacional. Es en pocas palabras, un concepto de seguridad para proteger a toda costa el poder del capital. Según Héctor Rosada, la esencia de la seguridad de Estado incluye la implementación de un Estado policial, la promoción de propaganda, represión y la militarización de la sociedad así como el irrespeto de los derechos humanos.
En contraste, la doctrina de la seguridad democrática propone un camino más complejo porque necesita participación ciudadana, transparencia institucional, control civil sobre las fuerzas armadas, y respeto de los derechos humanos como lo señaló Edelberto Torres Rivas. Del mismo modo, algo muy importante y central para el caso de Guatemala: el reconocimiento de la pobreza y la desigualdad como problemas que deben ser abatidos para que exista una sociedad que viva relativamente en paz en un sistema capitalista liberal. Esa estrategia, vinculada a los Acuerdos de Paz, suele asociarse con programas sociales y, de alguna manera, se esboza en la actual administración, que se orienta a retomar procesos destinados a reducir la pobreza extrema, la pobreza y la desigualdad.
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¿Y dónde queda la gestión de riesgos en esta interacción con la seguridad? La respuesta es que, en realidad, siempre hemos estado hablando de gestión de riesgos, porque la seguridad, en términos generales, se presenta como lo opuesto al concepto de riesgo. Para la gente común, el riesgo es un fenómeno amplio, multidimensional, complejo y dinámico, que se entrelaza con problemáticas cotidianas como el costo de vida, los problemas de transporte, las violencias domésticas, el acceso a servicios, el acceso al trabajo, las distintas dimensiones de la pobreza y, por supuesto, en el caso guatemalteco, la inseguridad. En otras palabras, para la doctrina de la seguridad democrática y para la gestión integral de riesgos, la pobreza es el problema principal que debe ser resuelto.
Pero hay una aclaración importante: un gobierno autoritario puede ofrecer una respuesta adecuada ante desastres o emergencias, donde la prioridad es salvar vidas y bienes. De hecho, se han gestionado desastres de manera efectiva tanto por gobiernos autoritarios como democráticos en diversos países, incluyendo Guatemala. Asimismo, tanto gobiernos autoritarios como democráticos han cometido errores en los procesos de respuesta o asistencia humanitaria.
En ese sentido, lo más importante es que, para realizar una gestión adecuada del riesgo de desastres, es fundamental evaluar el riesgo de manera precisa. Y para llevar a cabo esta evaluación y posterior intervención de forma efectiva, es indispensable la participación social, la transparencia institucional y, ante todo, el respeto a los derechos humanos. Esto incluye el derecho al disenso, a la protesta, a la resistencia y a la organización comunitaria frente a aquellos escenarios que se perciban como relevantes desde el territorio. Y como habrá advertido usted, los elementos necesarios para la evaluación de riesgos concurren con los elementos que caracterizan un modelo de seguridad democrática.
Debo agregar que la gestión integral de riesgos trasciende el mandato de la CONRED. Un ejemplo claro de un acto político de gestión de riesgos en Guatemala, visible en 2025, es el proceso de consulta e impulso político para que, finalmente, el país cuente con una ley de aguas. De igual manera, los programas sociales destinados a la reducción de la pobreza, junto con otros instrumentos jurídicos orientados al ordenamiento territorial y a la protección del medio ambiente, deberían ser los principales motores de la gestión de riesgos en las próximas décadas.
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