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La batalla por la justicia: la polémica participación de la academia

 El interés de utilizar esta cuota de poder para  influir en estas elecciones desde el ámbito de la academia ha quedado claro desde la década del 2000.
A pesar de que todas las audiencias que celebran las comisiones de postulación son públicas, las alianzas entre las universidades se negocian en secreto.
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Artículo

La batalla por la justicia: la polémica participación de la academia

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La academia tiene un papel importante en la elección de los magistrados de las cortes de justicia. Desde que se les otorgó esta responsabilidad, la expectativa era que pudieran elegir a los mejores perfiles, pero lo que ha sucedido es que varios de sus representantes han terminado capturados por las mafias y han apoyado a personas de dudosa honorabilidad. Este año, la batalla por la justicia tuvo una noticia alentadora. El foro de rectores eligió como presidentes de las postuladoras a dos que ofrecen transparencia y denunciar a los grupos que buscan cooptar la elección.

El jueves 6 de junio, los rectores de las universidades del país cumplieron con un acto lleno de formalidad. Asistieron al Congreso para elegir a los presidentes de las comisiones que postularán a candidatos a la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones. La decisión fue rápida y cumplió con todos las cortesías diplomáticas y los requerimientos de ley, pero no pudo ocultar que estas decisiones son una lucha de poder. Ante las cámaras no hubo debate, porque los resultados ya habían sido consensuados.

Miquel Cortés Bofill, rector de la Universidad Rafael Landívar fue seleccionado por unanimidad para presidir la postuladora de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Raúl Horacio Arévalo Alburez, de la Universidad Internaciones, recibió el voto de ocho de los 13 asistentes para quedar a cargo de la comisión de candidatos a las Cortes de Apelaciones. El rector de la Usac, Walter Mazariegos, que ha sido tachado como usurpador, quedó fuera.

Esta vez, las negociaciones fuera del ojo público tuvieron resultados que han sido considerados como positivos. El triunfo sobre Mazariegos es relevante porque supuso una pequeña victoria contra los grupos que pretenden mantener su influencia y cooptación sobre el sistema de justicia. La Universidad de San Carlos (Usac) ha presidido comisiones de postulación de magistrados en 2009, 2014 y 2019. Dos de estos rectores fueron vinculados a una red que operó para incidir en el sistema de elección a través de negociaciones externas. 

Organizaciones sociales cabildearon para que Mazariegos no fuera electo. Las voces en contra de  Mazariegos tocaron a la puerta de cada universidad y los rectores tomaron en cuenta los señalamientos. «Tuvimos reuniones para ir cabildeando y tomando el pulso. Es normal en este tipo de foros, es una práctica para ir escuchando cuál es la voluntad y el consenso». «Esperaría que esto pueda dar aliento al proceso», dijo Cortés Bofill sobre cómo lograron pactar su elección. 

Sobre los señalamientos contra Mazariegos, Arévalo Alburez, tuvo una reflexión. «La Usac sigue siendo la rectora, la más antigua y alma mater de mis titulaciones… pero creo que en este momento tenemos que tener una transparencia que garantice que las cosas van a mejorar para el país. Y, habiendo dudas, que yo no puedo garantizar si son verdaderas o no, optamos por un voto libre». 

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Al acto asistieron 13 de los 15 rectores llamados a participar. Aunque no hubo ningún pronunciamiento sobre el rechazo a Mazariegos, quedó claro que escucharon las voces que exigían elegir a personas sin tachas. 

Esta elección es apenas un peldaño en la batalla por la integración de las cortes de justicia. El Colegio de Abogados y los integrantes de las dos cortes deben elegir a 12 representantes para completar los 37 integrantes de cada postuladora. La academia, en conjunto, tiene un tercio de los votos en esas elecciones, pero los representantes de cada universidad no actúan como bloque. Se unen y votan de acuerdo a diversos intereses y alianzas. Hay grupos gremiales con vínculos políticos que quieren incluir a sus allegados en las cortes para después cobrarles favores. 

El peso político de esta elección 

Después de la crisis que vivió el país por la judicialización de las elecciones generales de 2023, en donde jueces y magistrados permitieron que el Ministerio Público irrumpiera con el discurso de un fraude electoral, lo que está en riesgo es el rescate del sistema de justicia. Esa batalla se definirá en las comisiones que postularán candidatos a las cortes para que el Congreso elija a los magistrados para el periodo 2024-2029.

Desde 2009,  las comisiones de postulación han sido cuestionadas porque la selección de perfiles ha funcionado de acuerdo a los intereses de los grupos de poder gremial, político y económico. Esto es muy grave ya que las postuladoras son el gran filtro. Eligen a los candidatos de la lista de personas que  llenan los requisitos básicos, que quieren optar al puesto y presentan su papelería como aspirantes, pero entre esas personas hay quienes se han prestado o buscan negociar con la justicia.

Una cuota de poder para las universidades

El poder de los decanos en la elección de magistrados es mayúsculo, porque son los únicos que tienen participación en las postuladoras de magistrados de CSJ y de Apelaciones.  El interés de utilizar esta cuota de poder para  influir en estas elecciones desde el ámbito de la academia ha quedado claro desde la década del 2000. 

Cada vez que aumenta el número de las universidades que tienen facultades de Ciencias Jurídicas cambia el número de integrantes de las comisiones que postulan candidatos a magistraturas. Son el número mágico. 

En la actualidad hay 12 facultades que imparten la carrera de derecho, por lo tanto el Colegio de Abogados debe elegir a 12 representantes para cada comisión y esa misma cantidad de magistrados debe integrar cada postuladora. 

En 2009, el panorama era distinto. Sólo había nueve universidades que impartían estudios de esa profesión. Estas son: la estatal Universidad de San Carlos (Usac), con siglos de historia; la Universidad Rafael Landívar, fundada en 1961; la Universidad Francisco Marroquín, en 1971 y la Mariano Gálvez, en 1966. Otras cuatro fueron fundadas en la década de los 90 (Rural, Istmo, Mesoamericana y Panamericana) y la San Pablo, que surgió en 2006. 

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A partir del 2014, el panorama cambió, porque se sumó la Universidad de Occidente y la Universidad Da Vinci. Esto incrementó a 11 el número de integrantes de las postuladoras por cada sector. En 2019, hubo que hacer otro ajuste por la incorporación de la Universidad Regional. 

Uno de los señalamientos en contra de  las universidades que se sumaron a los procesos a partir de 2009 es que tuvieron un puesto de decisión en las comisiones postuladoras a pesar de que no tenían representatividad en el ámbito académico. Muchas de esas universidades no tenían campus, ni estudiantes y, mucho menos, egresados. Algunas solo ofrecían estudios de maestría, sin tener alumnos en pregrado. 

Esa situación no ha variado. El Movimiento ProJusticia, que monitorea los procesos de elección de cortes, solicitó información de los graduados de Ciencias Jurídicas de 2020 a 2023 que fueron juramentados por la Corte Suprema de Justicia. El dato es revelador. El 30% de los 7,830 egresados en ese periodo estudiaron en la Usac. 

Las universidades Regional y San Pablo no han tenido ni un graduado en los cuatro años, de 2020 a 2023. La Universidad de Occidente ha graduado a 11 personas en el mismo periodo, mientras que la Universidad Rural sí ha tenido un crecimiento importante.

En 2020 graduó a 17;  pero en 2023 llegó a 387 egresados de Ciencias Jurídicas. Esa universidad es dirigida por el diputado Fidel Reyes Lee, quien ha participado electoralmente por la Unidad Nacional de la Esperanza, el partido Bienestar Nacional, el partido Lider (del excandidato presidencial y convicto Manuel Baldizón). 

La politización de las universidades

La figura de Reyes Lee sirve para ilustrar cómo se manejan los intereses de las universidades privadas de reciente creación. Reyes Lee es doblemente elector. Participa en el foro de rectores porque es propietario y dirige la Universidad Rural y vota en el Congreso cuando llegan las listas de candidatos que preparan las postuladoras, ya que es diputado. 

Reyes Lee opera para mantener vivo a su partido político y a la Universidad. Su gestión en el Congreso ha sido cuestionada. El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, lo señaló de haber sido uno de los diputados que recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Durante la pandemia por la covid19, recibió dinero del fondo de empleo que pagó el gobierno a través de préstamos, para saldar los salarios de tres empleados de su partido

En cuanto a la universidad, tiene casi 30 años de existencia –empezó a operar en 1995– y, aunque su página de internet indica que cuenta con presencia en todos los departamentos del país, no cuenta con sedes propias. Hay registros de que impartían clases en las aulas de escuelas públicas.

El informe del Movimiento Pro Justicia añade que, en los últimos cuatro años, de 2020 a 2023, esta universidad graduó de maestrías a 12 personas, con la especialidad en Derecho Penal, Civil y Derecho Constitucional. También egresaron nueve doctores en Derecho, Derechos Humanos y Derecho Penal. Queda para la historia la ocasión en que esta universidad ofreció estudios de posgrado en derecho parlamentario al costo simbólico de un quetzal de inscripción. 

En 2022, Reyes Lee nombró a Lorena Isabel Flores Estrada, su asesora en el Congreso, como decana de la facultad de Derecho para que participara en la postulación de Fiscal General. Marvin Fradique Reyes Lee, el hermano del diputado y rector, es magistrado de Apelaciones y, para ingresar a la lista de candidatos, tuvo el voto del decano de la Universidad Rural. 

De las universidades que no tuvieron egresados de Ciencias Jurídicas de 2020 a 2023, se sabe poco. La Universidad Regional funciona  en  pequeños locales o en las aulas de establecimientos privados y tiene una oferta académica que va desde técnicos hasta un doctorado. Fundada en 2014, empezó operaciones en 2016 y, en la fase promocional, se involucró el exrector de la Usac, Estuardo Gálvez y el exProcurador de Derechos Humanos, Sergio Morales. 

La Universidad San Pablo cumplió 18 años de existencia y ofrece una variedad de carreras que también llegan al doctorado. Su fundador y rector es el pastor evangélico Harold Caballeros, quien tuvo aspiraciones políticas y fundó el partido Viva (Visión con Valores), que terminó impulsando la candidatura de Zury Ríos en 2015. Caballeros fue ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno del Partido Patriota. 

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El ofrecimiento de estudios de posgrado tiene conexión con los requerimientos de las comisiones de postulación, que establecen un sistema de evaluación de los aspirantes. Tiene más oportunidad de ser electos quienes acreditan una o más maestrías y doctorados. En 2019, le concedieron 25 puntos a todo el ámbito académico. Un doctorado podía sumarle 10 puntos a una persona, mientras que las maestrías solo cinco. La docencia también suma puntos, por lo que a los aspirantes les interesa impartir cursos en las universidades de reciente creación. 

A pesar de que todas las audiencias que celebran las comisiones de postulación son públicas, las alianzas entre las universidades se negocian en secreto. Cuando participan en las comisiones, se puede observar que los decanos se agrupan para incluir o eliminar a candidatos.  Estas alianzas no siempre tienen que ver con seleccionar a los candidatos según la idoneidad o meritocracia.

En 2020, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, presentó el caso Comisiones Paralelas 2020, que mostraba la existencia de un mecanismo paralelo de elección. En una habitación de un sanatorio privado se definía a quiénes incluir y a quiénes dejar fuera. 

El negociador era Gustavo Alejos, un empresario acusado de actos de corrupción y gestión de sobornos de las farmacéuticas que le surtían al Estado. Detenido por varios cargos, incluido lavado de dinero, Alejos permanecía hospitalizado por orden judicial, pero su estadía en ese espacio le permitió recibir la visita de los integrantes de las postuladoras, aspirantes a una magistratura, operadores gremiales (incluido un exrector de la Usac) y hasta diputados.  Una muestra de todas las vertientes y los intereses que mueve esta elección. 

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También es de hacer notar la enorme cuota de poder con la que cuentan los abogados a partir de la legislación guatemalteca.  Este poder está vinculado con las facultades de Ciencias Jurídicas, también con el colegio que los agremia y con su posibilidad de obtener cargos en las cortes. Todos los que estén colegiados, sin importar en qué área trabajen, pueden votar para elegir delegados a distintas comisiones de postulación.  El interés que esta cuota de poder conlleva se refleja en que, solo este año, hay 20 planillas inscritas que compiten por los 12 puestos que hay en cada comisión postuladora. 

La elección del foro de rectores

La elección del foro de rectores fue el arranque de las elecciones para la integración de las postuladoras, que deben iniciar a funcionar en julio, y demostró que lo que está en disputa es el dominio de los grupos que quieren mantener cooptado al sistema, contra otros que intentarán arrebatarles ese poder. 

Los comisionados se enfrentan al reto de votar por personas que logran notas de 100 puntos, porque acumulan maestrías y doctorados en corto tiempo y reúnen los requisitos de experiencia profesional, pero no cuentan con la reconocida honorabilidad. Debido a los formalismos, ningún comisionado se atreve a decir a viva voz que un aspirante no cuenta con esa característica, así que la única forma de descartarlos es negarles el apoyo en las votaciones. Sin embargo, en 2022 se creó un antecedente cuando la Corte de Constitucionalidad obligó a siete decanos de la postuladora de Fiscal General a votar en favor de Consuelo Porras porque tenía la nota más alta de todos los aspirantes. 

Con estos antecedentes, el rector Raúl Horacio Arévalo Albúrez reconoció que había sido electo a un puesto que no ansiaba ocupar. Pero adelantó que si alguien intentaba presionarlo haría pública la situación y revelaría los nombres y apellidos. «En esto se me puede ir hasta la vida, pero cuando el país llama hay que servirle», declaró. 

Este año, la elección de cortes contará con una amplia fiscalización local e internacional. El presidente Bernardo Arévalo pidió la observación de la Organización de Estados Americanos (OEA). En años anteriores, dos y hasta tres grupos de la sociedad civil han mantenido una fiscalización constante pero, este año, han aumentado los grupos organizados que están interesados en vigilar el actuar de los postuladores.

El rector de la Universidad Rafael Landívar, Miquel Cortés Bofill, ofreció cumplimiento de la ley de las postuladoras al facilitar procesos «transparentes, objetivos, éticos y garanticen la voluntad de los ciudadanos, porque la  justicia nos afecta a todos». Es un compromiso que ambos presidentes asumen en nombre de la academia a la que representan, ante el foro que los eligió y ante el pueblo.

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