La desesperada campaña de Sandra: su metamorfosis y la defensa de la política tradicional

Sandra Torres llega en helicóptero a su mitin en la comunidad Lo de Carranza, San Juan Sacatepéquez, a 24 kilómetros de la capital. Los asistentes a la actividad, en su mayoría mujeres, recibieron una golosina, un jugo y una galleta dentro de una bolsa plástica transparente para que comieran mientras esperaban durante cuatro horas el inicio del evento.

Son las 14 horas del domingo 6 de agosto y solo algunos de los convocados comieron una pieza de pollo frito que entregaron coordinadores a cargo de reunir a las personas en un establecimiento público que funciona como escuela e instituto.

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La candidata presidencial del partido Une luce ligera.

Lleva una camisola blanca de la selección nacional de futbol, encima usa un chaleco verde olivo, lentes oscuros y una pequeña bolsa con detalles típicos colgada del hombro izquierdo.

La aeronave con matrícula TG-MRB aterrizó en un terreno baldío a un costado del establecimiento donde un animador organizó un concurso de baile con un  premio en efectivo. Plaza Pública le pregunta «hay uso de recursos públicos en esta actividad, ¿qué piensa?». Torres voltea la mirada y responde cortante: «No sé de qué me está hablando» y camina hacia la tarima.

Esa declaración contrasta con todo lo que se observa alrededor. Plaza Pública documentó que en las comunidades de Ciudad Quetzal y Lo de Carranza, policías de tránsito de San Juan Sacatepéquez colaboraron en el traslado de alimentos repartidos en el mitin de la Une.

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El personal municipal también facilitó la movilización de buses en los que se transportaron los asistentes y brindó seguridad en los alrededores del recinto.

Juan Carlos Pellecer Agustín, alcalde reelecto con el oficialista partido Vamos, declaró que quienes llegaron a la actividad de la Une fueron las personas que conforman sus «bases», un término que utilizan los políticos de Guatemala para nombrar a sus estructuras de potenciales votantes, por lo regular, agrupados en redes clientelares que se sostienen con programas de asistencia municipal o del gobierno.

Al insistirle a Torres sobre todo el despliegue alrededor de su figura, sigue con la mirada al frente, no se inmuta, hace una señal de desaprobación con los labios y dice «no tengo ni idea».

Esa segunda respuesta contradice de nuevo lo que hace unos minutos aseguró Pellecer Agustín, quien durante las horas previas a la llegada de la presidenciable se mantuvo en coordinaciones con los colaboradores de la candidata. El jefe edil también aseguró que Sandra Torres le pidió acercarse a San Juan Sacatepéquez para hablarle a su estructura electoral.

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También se le pregunta a la candidata ¿quién pagó el helicóptero en el que se transporta? Y la máxima dirigente del partido Une sale al paso: «Vaya al TSE y ahí se lo dicen, ahí está todo reportado». Sin embargo, en los reportes mensuales que el partido trasladó al tribunal electoral sobre su financiamiento y gastos de campaña, los de la aeronave en la que se transporta la candidata no se detallan.

Torres dice que las horas de vuelo se financian con fondos del partido y aportes del diputado electo Adim Maldonado, uno de los personajes más cercanos a ella, pero en los gastos que la Une reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) Maldonado solo figura con un aporte de 28,000 quetzales sobre la donación de montaje y sonido para la inauguración de la campaña del partido, según la plataforma electrónica del TSE Cuentas Claras.

En el reporte sobre el uso del financiamiento público que recibe la Une, se indica que en marzo y abril la organización utilizó parte de esos fondos para pagar arrendamiento de vehículos, bienes muebles o inmuebles. En el primer mes destinaron 270,120 quetzales y en el segundo 364,240. Pero en ninguno se especifica qué tipo de vehículos o inmuebles rentó el partido.

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Según la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la aeronave TG-MRB es operada por la empresa Helicópteros Águila, S.A. (Hasa), dedicada al arrendamiento de helicópteros.

La candidata de la Une llega a la entrada de la escuela pública de Lo de Carranza. Durante su trayecto hacia la tarima, que dura dos minutos, diez personas intentan saludarla, pero Torres apenas hace un pequeño esfuerzo para acercarse a ellas. Sus gestos son lentos, sin vigor. Una reportera le cuestiona su llegada cuatro horas tarde. Torres responde con una sonrisa nerviosa que se debió a una emergencia familiar.

Van casi cinco meses de campaña, entre primera y segunda vuelta, y las concentraciones de la candidata de la Une para el próximo 20 de agosto han dejado de ser masivas.

Para la actividad de Carranza, el alcalde movilizó a toda su estructura para llenar la cancha de basquetbol de la escuela. Tardó más de cinco horas y tuvo que transportar a personas desde Ciudad Quetzal, donde se canceló una de las actividades de la Une, según documentó el equipo periodístico de este medio.

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La tarde del viernes 4 de agosto, Torres se reunió con un grupo de personas en el Club La Aurora, en la zona 13 de la capital. El salón contratado para el evento no se llenó ni a la mitad.  

Desde el 20 de julio, Plaza Pública pidió por escrito y verbalmente a Sandra Torres, así como a su equipo de comunicación, una entrevista para indagar sobre su historial político, sus colaboradores y su plan de gobierno. Sin embargo, no se obtuvo respuesta pese a que se les buscó por distintas vías.

Vinicio Pacheco, encargado de comunicación de la Une, indicó que varios medios de comunicación estaban «en cola», a la espera de una entrevista y que la agenda de la candidata es muy ajustada.

Sin embargo, previo a la segunda vuelta Torres acudió tres veces a entrevistas con Radio Sonora y en repetidas ocasiones a los medios Albavisión, donde ella puede hablar sin que se le cuestione lo que dice.

Plaza Pública también buscó entrevistar a Torres en sus actividades de campaña, pero en ninguna estuvo abierta a los cuestionamientos. En repetidas ocasiones, integrantes del partido impidieron que el equipo asignado a la cobertura se acercara a la candidata para formularle preguntas.

***

Sandra es su propia campaña negra 

La candidata presidencial de la Une es la suma de todas sus contradicciones en las  últimas tres campañas electorales.

La más evidente es el giro completo de su ideología y la de su partido. Esa decisión, según integrantes de la agrupación, adoptada para reducir su antivoto, no ha sido bien recibida por los guatemaltecos, quienes la perciben principalmente como alguien que miente, que incurre en actos corruptos, pero que es trabajadora y tiene preparación, según la más reciente encuesta de la firma CID Gallup, financiada por la Fundación Libertad y Desarrollo, del empresario Dionisio Gutiérrez, férreo crítico de Sandra Torres.

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Entre los postulados económicos en el acta de constitución del partido Une, con fecha de julio 2002, quedó establecido: «La Unidad Nacional de la Esperanza propugna por una economía de coexistencia entre los sectores privado, estatal y social, en donde el sector estatal se coloque al servicio de toda la sociedad y no de una parte de la misma, volcando su mayor esfuerzo a la inversión en compensadores sociales que permitan superar las asimetrías estructurales existentes».

Este año, su ofrecimiento a los empresarios es directo. Dice que lo que hará será «proteger sus intereses, dejarlos trabajar y no fregar a nadie», así lo aseguró en una entrevista en el canal TN 23.

Otra contradicción de Sandra Torres reluce en su discurso en San Juan Sacatepéquez el 6 de agosto.

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En las tarimas pide el voto con algo que niega en las entrevistas y foros: su cogobierno durante la gestión de su exesposo Álvaro Colom (fallecido en enero de 2023). En el escenario de la escuela de Lo de Carranza, Torres usa su vieja estrategia: «Cuando yo fui primera dama, recibían la bolsa y hay muchos niños y jóvenes que crecieron con los víveres que traía la Bolsa Solidaria», dice a la concurrencia.

De lo que no habla en sus discursos es de las anomalías en los programas sociales que ella coordinó a través del Consejo de Cohesión Social. En el caso de la Bolsa Solidaria, la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció malversación de fondos para la compra de alimentos. La ex primera dama, además, enfrentó una denuncia por no rendir cuentas sobre la ejecución de los programas. 

Torres dice que su partido ya no es de izquierda, sino de centro. Sin embargo, los programas sociales que ofrece, entre estos Escuelas Abiertas y Mi Familia Progresa y la Bolsa Solidaria,  fueron diseñados durante el gobierno de la Une con base en los que ha implementado en Brasil el izquierdista Luiz Inácio Lula Da Silva en sus gobiernos, principalmente el llamado Bolsa Familia. 

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Pero los vínculos de Torres con los partidos con ideología de izquierda no son nuevos. El primer esposo de la candidata de la Une fue el líder izquierdista Édgar Augusto De León Sotomayor, quien fue secretario del partido Desarrollo Integral Auténtico (DIA), ahora extinto.

En el partido DIA también participó el hermano de Sandra Torres, Luis Rolando Torres Casanova, quien este año intentó postularse como candidato a diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) con la Une, pero su inscripción fue rechazada por el TSE por no presentar la documentación necesaria.

En 1999, el partido DIA hizo alianza con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) para postular a Colom Caballeros a la presidencia, pero la unión no logró los votos suficientes ni para pasar a la segunda vuelta.

Los tres elementos de la «estrategia» anti Semilla

La campaña y los discursos de Sandra Torres y los integrantes del partido Une para la segunda vuelta presidencial tienen un mismo molde y tres elementos infaltables: el primero es su nuevo eslogan «Sí es posible ayudar sin quitarle a nadie» que lleva implícito un ataque al partido Movimiento Semilla. Una declaración de Torres y la de un integrante de la Une lo confirman:

—«¿Usted cree que en estos tiempos un partido puede promover la Reforma Agraria?» —preguntó el 12 de julio el locutor de la radio Emisoras Unidas a Torres.

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—«Yo creo que sí. Mire el programa de gobierno de ellos (partido Semilla) plantea la política pre redistributiva, ¿y qué es eso? Impuesto a la riqueza. Y política económica redistributiva, ¿qué es eso? Quitarle al que tiene, para darle al que no tiene. No lo digo yo, está en el programa de gobierno de ellos» —respondió la candidata. Un colaborador de Torres admitió que ese mensaje se diseñó basado en las propuestas del partido Semilla.

El presidenciable Bernardo Arévalo negó ese señalamiento de parte de Torres en una conferencia de prensa el 8 de agosto, un día después de que la candidata presidencial de la Une se ausentara al debate organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala (AGG). En 2019 Torres también se ausentó a ese debate previo al balotaje contra Alejandro Giammattei.

Desde la primera vuelta, entre los asesores de Sandra Torres se observó al español Antonio Sola, un estratega político especializado en campañas electorales que en 2011 comandó la estrategia de Otto Pérez Molina, quien en ese año ganó la presidencia con el Partido Patriota (PP), que ahora está cancelado. Sola acompañó al equipo de Torres en el comando de campaña instalado el 25 de junio en el hotel Clarion Suites, de la zona 10 capitalina.

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Esta asesoría tampoco figura dentro de los reportes de la campaña del partido Une. Incluso, si esta fuera una donación, se le deberá adjudicar un «justiprecio» y debe declararse al TSE, según la Ley Electoral. 

El segundo elemento que destaca en la campaña de Torres dirigida contra Semilla es venderse como la opción política que «protegerá a la familia tradicional» y que «respetará la libertad religiosa». Esto lo acompaña con mensajes en los que la Une asegura que el partido que postula a Bernardo Arévalo promoverá que en Guatemala se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, lo anterior depende de una reforma de ley en el Congreso y además no está incluido dentro del plan de gobierno de Semilla. Torres, incluso, vociferó como insulto hacia sus oponentes el siguiente discurso de odio durante un mitin en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, el 5 de agosto: «Los de Semilla todos son afeminados y son una partida de huecos», dijo en la tarima mientras al fondo aplaudía el diputado electo Maynor Francisco Rivera Salazar.

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El 6 de agosto, en San Juan Sacatepéquez, Adim Maldonado desinformó sobre la iniciativa 6157 que propone crear la Ley de Educación Integral en Sexualidad presentada por Andrea Villagrán y Román Castellanos, diputados electos de Semilla.

«Ellos (Semilla) quieren que el Estado en todos los niveles sea laico y yo les voy a preguntar a cada uno de ustedes, ¿vamos a permitir que este tipo de agenda entre a Guatemala, amigos? ¿Vamos a permitir que les vengan a enseñar a nuestros niños que está bien que quieran cambiar de sexo a los cinco años? ¿Vamos a permitir que se puedan casar hombre con mujer, o mujer con hombre, o mujer con mujer desde que son niños? Pues eso es lo que ellos están diciendo», dijo Maldonado.

No obstante, el objeto de la iniciativa es «desarrollar un marco jurídico para la implementación de la Educación Integral en Sexualidad (EIS) en el sistema educativo de Guatemala».

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El tercer elemento presente en todos los discursos de Torres es el caso que presentó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) de Rafael Curruchiche contra Semilla después de que se conoció que este disputará el balotaje contra la Une. Aunque la Feci no ha revelado indicios sólidos sobre las supuestas firmas falsas para la constitución del partido Semilla, así como incluir fallecidos entre sus afiliados, la candidata de la Une usa ese caso para acusar a sus oponentes.

«Ellos (el partido Semilla) se han querido adueñar del tema anticorrupción y ¿qué es lo que se ha desnudado ahora? Vemos un partido político cuestionado, según miro yo, y según me he enterado con información, con varias dudas en cuanto a la formación de su partido», aseguró Torres el 14 de julio durante una entrevista en Con Criterio.

Tras los votos de empleados del gobierno, militares y alcaldes

La tarde del martes 25 de julio, Sandra Torres se reunió en el Club La Aurora, de la zona 13 capitalina, con un grupo de empleados públicos de varias instituciones como de los  ministerios de Desarrollo, Educación, Finanzas y de Gobernación, entre otras oficinas de gobierno. Durante la actividad hubo, al menos, dos infracciones a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp).

En un audio del discurso al que Plaza Pública tuvo acceso, se escucha a Torres dirigirse al grupo de trabajadores del Ejecutivo: «Quiero empezar diciéndoles que conmigo no se preocupen, a todos les vamos a dar trabajo y a nadie se lo vamos a quitar (gritos y aplausos). Pero nunca había tenido la oportunidad de poderme dirigir a un grupo tan consolidado y tan compactado de trabajadores públicos como son ustedes. Tantas conexiones, es tan necesario para hacer un buen gobierno y yo quiero, primero Dios, como presidenta de Guatemala, hacer un buen gobierno de la mano de ustedes».

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La candidata presidencial de la Une continúa: «Ayúdenme a ganar la Presidencia y yo les garantizo a ustedes estabilidad laboral (gritos y aplausos), también aprobar en el Congreso una ley del empleado público para que les pueda generar a ustedes estabilidad laboral y, de repente, podemos hablar de una Ley de Servicio Civil que les garantice una oficina de la Onsec que funcione, para que el que se jubile no tenga que esperar tres años para su jubilación».

El artículo 223 de la Lepp señala que los ofrecimientos de este tipo están incluidos entre las prohibiciones durante un proceso electoral, pues «otorgar u ofrecer prebendas, regalos o cualquier otra retribución que implique clientelismo con fines electorales» se encuentra entre las acciones que no son permitidas en los comicios.

Además, los empleados públicos no pueden dedicarse durante la jornada de trabajo a actividades políticas: «A los funcionarios y empleados públicos, dedicarse durante la jornada de trabajo a funciones o actividades de carácter político electoral, así como emplear su autoridad o influencia a favor o en perjuicio de determinado candidato u organización política», refiere el artículo de la Ley Electoral sobre las prohibiciones.

Sobre la participación de los empleados del gobierno en la actividad de Sandra Torres, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia respondió: «El Organismo Ejecutivo es respetuoso de los derechos y libertades individuales de los funcionarios y servidores públicos. Las actividades que realizan fuera de sus horarios laborales son responsabilidad de cada uno de ellos». Sin embargo, la reunión con la candidata de la Une se llevó a cabo en horario laboral.

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El Club La Aurora es una de las empresas propiedad del Instituto de Previsión Militar (IPM), las cuales han obtenido millonarios contratos en instituciones del Estado. Previo a la primera vuelta electoral, este recinto también fue utilizado por el partido Vamos para hacer reuniones con empleados públicos y otros sectores, a quienes se les presentaba el plan de trabajo del oficialismo.

Torres también ha recibido apoyo de grupos de militares combatientes del conflicto armado interno en el país, a quienes el gobierno de Alejandro Giammattei empezó a entregar pagos de 36,000 quetzales a cambio de cumplir labores de reforestación. «Quiero agradecer ese compromiso que está haciendo con nosotros el día de hoy y esperamos honrarlo con el voto y cuente desde ya con nuestro respaldo» indicó el sargento Eladio Flores el 30 de julio durante una actividad con Torres.

En otro encuentro con la candidata, el 2 de agosto en el hotel Tikal Futura en el que también estuvieron pastores evangélicos para expresarle apoyo político, otro grupo de veteranos militares aglutinado en la Asociación Militar Unidos por la Dignidad (Amudi) se acercó a Torres para respaldarla.

Una de las claves que en 2019 empujaron la candidatura de Alejandro Giammattei, quien ese año se convirtió en presidente, fue la movilización de votantes que realizaron los «caciques» (entre diputados y alcaldes) de diferentes partidos políticos de los distritos con más caudal electoral en el país.

En 2023, Torres intentó salir a la caza de esas redes clientelares, y con esto se pondrán a prueba dos elementos: el supuesto apoyo de alcaldes que la presidenciable de la Une asegura tener y otra más determinante: la efectividad de esas redes que se alimentan del ofrecimiento de favores y el condicionamiento de programas sociales, a las que Torres le apuesta.  La candidata de la Une asegura que dejó atrás las banderas políticas y en sus redes sociales publica videos con alcaldes, de quienes dice tener respaldo.

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El 11 de agosto Torres dijo en una entrevista en Radio Sonora que logró «acuerdos» con más de 300 alcaldes (de 340), para la segunda vuelta. Pero hace cuatro años, la candidata de la Une también aseguró que contaba con el apoyo de 254 jefes ediles; sin embargo, Torres ese año perdió el balotaje por segunda vez.

***

Impugnar, impugnar, impugnar

Para el 20 de agosto la Une prevé concentrar sus acciones en dos partes: la primera, las redes de alcaldes que apoyan al presidente Alejandro Giammattei para reunir votantes; la segunda, impugnar todas las Juntas Receptoras de Votos (JRV) —las mesas electorales—.

«Una directriz de la coordinadora nacional de fiscales es que cada mesa sea impugnada. No estamos hablando de una impugnación de votante, no estamos hablando de una impugnación de voto, sino estamos hablando, y esta es una directriz sí o sí: impugnar las 50 mesas que van a estar en Melchor de Mencos. Si hay alguno que no se atreva a hacer la impugnación que por favor me lo haga saber…», dijo la abogada Hilda Osmara Lima Díaz de Machorro la noche del 12 de agosto, durante una «capacitación» de fiscales de mesa de la Une.

Lo que dijo la abogada se reveló por un video que publicó en Facebook Ramón Castellanos Pinelo sobre la reunión en Melchor de Mencos, Petén, de donde es originaria Sandra Torres. Castellanos, quien se identifica como simpatizante de la Une, borró de su perfil el video después de que se difundió en redes sociales.

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El partido Une emitió un comunicado la noche del 13 de agosto en el que asegura que la prensa «sacó de contexto» el video. En el pronunciamiento, la organización se refiere a Lima Díaz como «una persona del partido», pero no aclara cuál es la intención al pedir a los fiscales que impugnen todas las mesas de Melchor de Mencos. Lima Díaz no respondió las llamadas hechas al número telefónico registrado en el Colegio de Abogados y Notarios.

Los fiscales de los partidos políticos en contienda tienen derecho, el día de las elecciones, a impugnar a los votantes y los errores al momento del escrutinio. El primer tipo de refutación se puede hacer contra las personas que tienen prohibido votar, como quienes se encuentren en servicio activo en el Ejército o en cuerpos de seguridad del Estado. El segundo se refiere a los errores en la asignación de votos; por ejemplo, que los blancos o nulos se contabilicen a favor de un partido político, o viceversa.

El único mecanismo legal que permite, como lo pidió la abogada de la Une en Melchor de Mencos, impugnar directamente las mesas es el regulado en el artículo 120 del Reglamento de la Ley Electoral, llamado Casos de nulidad de votación en las juntas receptoras de votos, el cual establece:

«Es nula la votación, en la Junta Receptora, cuando:
a. La bolsa que contiene los votos hubiere sido violada.
b.  Por otros medios aparezca evidente la comisión de falsedad, coacción, violencia o amenaza ejercida sobre los miembros de la Junta o sobre los ciudadanos, durante la realización del proceso electoral.
c. Se haya cometido cualquier otro acto, que razonablemente pueda haber alterado el resultado de la votación».

Ese mismo apartado también especifica:
«Las nulidades se regularán conforme a lo dispuesto por los artículos anteriores y serán resueltas, ya sea en el escrutinio ante la Junta Receptora de Votos o en la revisión correspondiente ante la Junta Electoral Departamental respectiva, si hubiere impugnación formal».

Si la Une logra llevar a la realidad su plan de impugnar todas las mesas electorales, estará cerca de anular las elecciones. El artículo 235 de la Ley Electoral señala que el TSE declarará la nulidad de los comicios en cualquier municipio, a solicitud de cualquier partido político en contienda y, además, las anulará «de oficio» si en más de un tercio de las JRV se haya declarado la nulidad.

Es decir que, para anular las elecciones en Melchor de Mencos, por ejemplo, se requiere que tan solo en 17 mesas, de las 50 de ese municipio, se anulen las votaciones.

***

Al finalizar el mitin en la comunidad Lo de Carranza, Plaza Pública de nuevo aborda a Torres para preguntarle sobre sus alianzas con los alcaldes y los empleados públicos. Mientras camina, la candidata responde:

—«Recuérdese que se ponen de acuerdo las autoridades locales, tenemos exmilitares, exveteranos (sic), sindicatos, campesinos, organizaciones de mujeres, yo acabo de estar con organizaciones indígenas, hay de todo. En la campaña política hay que conseguir votos».

—¿Empleados del gobierno también?

—Recuérdese que los empleados del gobierno le responden a cada gobierno, no tienen bandera política.

—¿Pero sí se ha reunido con ellos?

—No, no tienen bandera política. No me he reunido con ninguno, así específicamente. Nosotros hemos dado invitaciones a todos y llega de todo (a los mítines).
La campaña de Sandra Torres también habla de un «cambio». Sin embargo, su comportamiento, discurso y alianzas la colocan como una opción del sistema, alguien que ofrece ante todo «proteger los intereses de empresarios», la que no cuestiona la gestión de Consuelo Porras en el Ministerio Público (MP) y la que busca lazos a base de redes clientelares tradicionales.

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Un análisis del centro de investigación Social Analytics da cuenta que muchos de los grupos que ahora muestran apoyo hacia la candidatura de Torres, como los militares y asociaciones como la organización de ultraderecha Fundación Contra el Terrorismo (FCT) que pagó una valla con el mensaje «cualquier cosa, menos Semilla» son caliciones de grupos que constituyen un «apoyo contextual», pero no permanente.

También es la representante de la «vieja política»: Sus propuestas sociales se basan en el asistencialismo, que a la vez es el músculo de su caudal electoral, fue acusada de financiamiento ilícito, caso por el que estuvo en prisión preventiva y del cual se libró gracias a que el MP de Porras no apeló el cierre del caso. Además, es una persona que rehuye  a los cuestionamientos.

Las estadísticas de las últimas dos elecciones muestran que Sandra Torres es un carta marcada en el tablero político, un comodín con un importante voto duro para destacar en la contienda, pero que al momento de competir sola contra otra opción, genera el suficiente rechazo para ser descartada.

La encuesta de CID Gallup la proyecta como la perdedora de la segunda vuelta contra Bernardo Arévalo. Si eso no cambia, Torres se encamina a su tercera derrota consecutiva en las urnas, que supondría un mayor debilitamiento electoral de su figura política y que casi daría por perdida su intención de ganar la Presidencia, que busca desde hace más de una década.