Para los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelación el día de ocupar sus puestos al frente del Organismo Judicial (OJ) significó una suerte de largas esperas. No por el hecho de una agenda complicada –de apenas horas durante su toma de posesión– en ir y regresar, y volver, y venir para luego, de nuevo, desde el OJ volver al Congreso de la República y ser juramentados. No. Tampoco por el hecho de que los trece magistrados de CSJ electos –en un par de horas– designaran los puestos de 126 magistrados de Salas de Apelaciones y los ubicaran, a cada uno (un presidente y dos vocales), en las 42 cortes que existen en el territorio nacional. O, menos, el tiempo que tomó distribuir a los magistrados de CSJ en las tres cámaras del OJ: una penal, otra de amparos y antejuicios y una civil.
Llegar a ese día, al acto solemne de su toma de posesión –toga, familia y sonrisa para la foto– fue algo más complicado y ajetreado.
Lo decía el nuevo presidente de la CSJ, Josué Baquiax, durante su discurso inaugural: “El reto más grande será el de administrar justicia ante una creciente desconfianza sobre el sistema judicial. La desconfianza ante la injerencia de poderes fácticos y políticos que podrían operar detrás del Organismo Judicial".
De tal cuenta, junto a todos los magistrados electos, Baquiax anunciaba la defensa de su elección como legítima para los próximos cinco años. “Nuestros fallos, nuestro trabajo, estará apegado a derecho. Y será, ante todo, garante de la independencia judicial”. Y a su alrededor, diversos actores, muchos determinantes para el proceso de Comisiones de Postulación que los llevaron a ocupar el cargo –los que estuvieron a favor (Roberto Molina Barreto, presidente de la CC) e incluso en contra (Iván Velásquez, comisionado de la Cicig)–, le aplaudían.
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Detrás de Baquiax, le acompañaban los otros doce magistrados electos: Vladimir Aguilar quien presidirá la Cámara Civil, junto a Douglas Charcal, Silvia Valdez y Sergio Pineda; Ranulfo Rojas quien dirigirá la Cámara de Amparos y Antejuicios, junto a Néster Vásquez, Silvia Verónica García y Delia Dávila; por último, Blanca Stalling en la Cámara Penal, junto a Nery Medina, José Pineda y Vitalina Orellana.
El fallo que los colocó en su lugar
Hace casi 40 días las cosas para cada uno de los electos no podía ir peor: todo el proceso de Comisiones de Postulación, tras un amparo provisional, había quedado paralizado. Y en consecuencia, el acto de toma de posesión de nuevos magistrados –constitucionalmente: cada 12 de octubre– fue suspendido y parecía un asunto complicado y lejano de resolverse por completo. Una serie de amparos en contra del proceso puso en duda todo el trabajo de los abogados y académicos y políticos que participaron en la elección de nuevas autoridades para el OJ. Se hablaba de tráfico de influencias, de anomalías, de factores políticos que atentaban fundamentalmente contra la independencia judicial. Y los reflectores de las acusaciones recaían, ante todo, sobre los diputados del Congreso de la República y su forma de elegir a las nuevas cortes, con una lista de nombres previamente pactada, y una alianza entre las bancadas del Partido Patriota (PP) y Libertad Democrática Renovada (Lider). Y cada parte de la elección de magistrados se resumía, según las diversas solicitudes de amparo, a una infinidad de componendas entre abogados, de negocios particulares, en busca de controlar el sistema de Justicia.
Los magistrados de la CC, el 9 de octubre, presididos por la magistrada Gloria Porras, dudaron de la elección ante las múltiples denuncias y anomalías, y pidieron tiempo –mediante un amparo provisional– para revisar todo el proceso (al menos lo realizado en la última etapa por los diputados). Lo informes circunstanciados de elección de magistrados se solicitaron al Congreso de la República, se pidió recabar evidencias, además de escuchar argumentos, en contra y a favor, para cada una de las parte respecto del proceso de las dos Comisiones de Postulación.
“La arbitrariedad de cada Comisión de Postulación ha sido evidente. Las tablas de gradación, la forma de calificar, las votaciones, todo ha sido cooptado por poderes fácticos e intereses políticos”, señalaba Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack, en el momento de presentar sus alegatos. Y así, junto a ella, Alejandro Balsells, del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), David Gaitán de Acción Ciudadana, y Cristián Ullate de la Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala (Cicig) argumentaban que el Congreso no había sido capaz de justificar la elección de ni uno solo de los magistrados, tampoco se había respetado la Carrera Judicial, ni se valoró la experiencia de los abogados escogidos para ocupar los puestos al frente del Organismo Judicial. En conjunto, pedían, no separar el proceso en dos fases complementarias: “Los vicios son múltiples y preocupantes. Y han estado presentes dentro de las Comisiones de Postulación y en la elección final realizada por el Congreso. Existe una amenaza real para el sistema de justicia”, resumía Mack, ante la CC.
El fallo final, la decisión definitiva, llegó el pasado 20 de noviembre. Los magistrados de la CC explicaban –al menos tres de ellos: Roberto Molina Barreto, Héctor Pérez Aguilera, Alejandro Maldonado Aguirre– que no era posible detectar ni una sola anomalía en el proceso de Comisiones de Postulación, ni tampoco en el trabajo realizado por los diputados en el Congreso. El resto de magistrados –Gloria Porras y Juan Carlos Medina– se opusieron a la decisión de la corte y razonaron su voto.
“De fondo se analizaron las peticiones de los amparistas. Uno de los argumentos centrales fue la aplicación o no de la carrera judicial, y la participación del consejo de la carrera judicial dentro del proceso. Otra que fue determinante es la competencia constitucional de la Comisión de Postulación al margen de la competencia constitucional del Congreso de la República”, explicaba Roberto Molina Barreto, magistrado presidente de la CC.
Así, con dos votos razonados y tres a favor de la denegatoria, los amparos fueron desestimados. “No hubo anomalías”, fue la última palabra de la CC. Un mes de impasse para la toma de posesión se resolvía y los nuevos magistrados de CSJ (13 en total) y Corte de Apelaciones (126 titulares y 84 suplentes) tenían luz verde para poder ser juramentados, el último trámite que hacía falta para ocupar los cargos más altos dentro del Organismo Judicial.
El Congreso es un factor político
Dentro del fallo, los magistrados de la CC incluyeron el informe circunstanciado del Congreso de la República. Más de diez páginas en donde las alianzas entre las bancadas PP y Lider, la lista previa con el nombre de magistrados electos, los pactos políticos, la forma en que los diputados descartaron justificar su voto por cada abogado propuesto, todos como eventos que opacaban el proceso en el interior del Congreso, no fueron incluidos. Y sí, no obstante, los diputados detallaron el cumplimiento de cada parte de la elección bajo su responsabilidad: recibir la lista de candidatos (26 para CSJ y 242 para Salas de Apelaciones), pasar a elegirlos mediante una moción privilegiada, obtener mayoría para cumplir con su mandato constitucional, explicar (aunque no fueron examinados) que tenían los expedientes de cada uno de los candidatos, y votar.
“La designación de órganos institucionales puede tener un matiz político”, explicaban los magistrados de la CC en su sentencia. Añadían, como algo normal, que en más de ocho países (Cuba, Francia, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, México…) existe una “designación de factor político”, para las altas magistraturas. Y luego, en la redacción de su fallo definitivo, daban un repaso histórico a las distintas Constituciones que han estado vigentes en Guatemala para “advertir” que el factor político se da, se debe, y deberá dar en Guatemala a través del Congreso de la República para escoger magistrados de CSJ y Corte de Apelaciones como representantes electos de la población en una democracia.
La abogada constitucionalista, presidenta de Cedecon, Marta Altolaguirre, analiza que esta parte de la sentencia es una justificación poco clara para defender lo realizado por el Congreso. “No es posible comparar el factor político de otros países, con sociedades más tolerantes y civilizadas, y luego intentar explicar que en Guatemala debe suceder lo mismo”, señaló.
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La abogada Anabella Morfin, también constitucionalista, sobre este punto de la sentencia de la CC dice que “el Congreso cometió una serie de anomalías, y desde luego no las detallaría dentro de su informe circunstanciado. Pero los magistrados de la CC también las omitieron, porque eran parte de las evidencias, todos los ciudadanos fuimos testigos de que en el Congreso hubo alianzas y listados para elegir magistrados. La CC decidió voltear para otro lado y obviar lo que había en las denuncias”.
El proceso es indivisible
Congreso/Comisiones-de-Postulación. Comisiones-de-Postulación/Congreso ¿Uno solo o dos? ¿Subfases separadas? La CC explicó que cada una, por separada, tiene un mandato constitucional. Uno “elige” (Congreso) y el otro “propone” (Comisiones de Postulación). Los magistrados de la CC replicaron el intento de argumentar por parte de los amparistas que cada fase del proceso era una e indivisible, y por tanto, si el Congreso era cuestionado, lo correcto era, cuestionar también lo realizado por las Comisiones de Postulación, y “para la salud del proceso se debía anular todo lo actuado por los comisionados y diputados”, como argumentó Acción Ciudadana. Que en esencia, significaba regresar al punto de partida de las Comisiones de Postulación, al punto de convocatoria para que decanos, representantes del OJ y del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) integrarán las mesas para elegir nuevos magistrados.
Douglas Charchal, representante de los magistrados electos para CSJ ante la CC, dentro de la sentencia aparece una sola vez; su argumento radicó en que parte de lo solicitado por los amparistas no era posible. En esencia, señala Charchal, se solicitaron amparos ante la CC en contra de lo actuado por el Congreso y no en contra de las Comisiones de Postulación. Y pidió, aclarar y separar y poner en cada sitio las cosas, pues los representantes de la sociedad civil que plantearon los amparos estaban confundidos. “De las tres acciones constitucionales de amparo sólo una, la de Cedecon, guarda conexión entre la autoridad impugnada (Congreso) y el acto reclamado”, expuso el ahora magistrado de CSJ. “No es posible separar la funciones de cada institución”.
En el fallo, la CC es sucinta para declarar que la Ley de Comisiones de Postulación establece distintas fases para elección de magistrados. Una sub fase se ubica en la propuesta de candidatos bajo la responsabilidad de la Comisión de Postulación, y otra, “muy distinta”, es la elección de magistrados por el Congreso de la República: “Una es independiente de la otra”, indicó Molina Barreto al explicar el fallo.
El vocero de los magistrados de Salas de Apelación, Obdulio Reyes Aldana, explicó durante la toma de posesión, que la sentencia de la CC ya ha sido analizada por varios abogados electos y que los argumentos de separar las fases de elección por parte de la CC eran las correctas interpretaciones de la Constitución. “El Congreso —dijo Reyes Aldana— actuó de manera independiente a los comisionados para la elección de Salas y CSJ. Uno propone y el otro elige. La población debe darnos el beneficio de la duda. Sabemos que la sociedad civil nos fiscalizará más que a otras cortes. Somos conscientes de ello”, indicó.
La Carrera Judicial casi un mito
De lo privado, de litigar de forma individual, muchos magistrados de Salas de Apelación electos pasaran al sector público, al interior del Organismo Judicial. “Muchos de ellos sin experiencia. Sin años suficientes para trabajar dentro del sector público”, declaró David Gaitán de Acción Ciudadana ante la CC. “Muchos sin la validación de la Carrera Judicial”.
Por mucho tiempo, antes de la Ley de Comisiones de Postulación, el Consejo de la Carrera Judicial fue importante para respaldar la trayectoria profesional de los abogados. Cuántos años acá o allá, en qué ramo, el civil o el penal. Pero en el proceso de elección de magistrados de 2014 nada de esto fue tomado en cuenta. En el informe circunstancial del Congreso, presentado ante la CC, aparecen —sello de “recibido”— las consultas hechas al Consejo de la Carrera Judicial respecto a los candidatos propuestos, pero su contenido, incluso dentro de las Comisiones de Postulación no fue discutido o hecho público. Los magistrados de la CC, en su fallo, aclaran que habrá que discutir sobre el significado de una Carrera Judicial dentro del contexto de las Comisiones de Postulación. “Una ley no incluye a la otra como requisito”, indica la CC para sugerir debates a futuro sobre esta contraindicación.
Para Anabella Morfín, la Carrera Judicial, es un detalle importante que debió tomarse en consideración. Tanto en Comisiones de Postulación como por los diputados en el Congreso. Según la abogada constitucionalista, existe una contradicción entre las leyes. A ambas les corresponde, en alguna medida, validar la trayectoria de los abogados, dar un punteo al trabajo realizado durante años por cada profesional del Derecho. Cuando se crearon las Comisiones de Postulación, dice Morfín, “se hicieron de lado los principios de la Carrera judicial. Sería un elemento de evaluación imprescindible dentro de la tabla de gradación”.
Con los nuevos magistrados en su cargo, indica, optimista, el magistrado electo y ex presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, Carlos Aguilar, todo lo relacionado a la Carrera Judicial y Comisiones de Postulación podría cambiar. “Es otro de los retos de los magistrados electos. Hacer valer la Carrera Judicial dentro de las elecciones de cada cinco años”. Aguilar, como juez del juzgado segundo, fue uno de los que denunció el tráfico de influencias y presiones políticas por parte de la vicepresidenta Roxana Baldetti, en un caso relacionado al PP. La designación de sala para el juez Carlos Aguilar, luego del acto de toma de posesión, luego de una reunión a puerta cerrada de los nuevos magistrados de CSJ, lo ubicará en las Cortes de Apelaciones de Coban, Alta Verapaz.
El presidente electo del OJ, Josué Baquiax, explicó que los criterios tomados para la designación departamental de Salas, corresponde, en primer lugar, a la evaluación y conocimiento que cada magistrado de CSJ tiene de cada uno de los 126 abogados electos para esa jurisdicción. Sin embargo, un abogado de la asociación Fortaleza Jurídica, seguro de su designación en el área de la ciudad capital, relató que la designación de Salas es una cuestión política, de cabildeos previos y negociaciones con los magistrados de CSJ. “Es normal que se den estas dinámicas, el sistema lo permite y es legal”.
Los votos disidentes
En medio de un sistema de justicia cuestionado. Un mes no sólo a la espera de la decisión de la CC respecto a la toma de posesión de los nuevos magistrados, sino además de varios eventos que estremecieron al gremio de abogados y su credibilidad, como la denuncia de la magistrada Claudia Escobar (única electa que no asistió a su juramentación) ante la Cicig en contra del diputado Gudy Rivera por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo al presionar a la Sala V de Apelaciones del ramo Civil para fallar a favor del partido oficial. Además de la presencia de un grupo de jueces de instancia –declarados jueces por la independencia judicial– que respaldaron la denuncia de la magistrada Escobar. A ello, en medio del torbellino de desconfianza sobre el OJ, se unió el voto razonado de dos de los cinco magistrados de la CC.
Gloria Porras y Juan Carlos Medina (suplente) votaron en contra de los magistrados titulares Roberto Molina Barreto, Héctor Pérez Aguilera, Alejandro Maldonado Aguirre y argumentaron que las evidencias presentadas por los miembros de la sociedad civil eran válidas, razonables, y, de hecho, posibles de haber sucedido. Porras y Medina cuestionaron la sentencia de la CC y expusieron que “el proceso de escogencia sea desarrollado por la Comisión de Postulación, no con base en criterios políticos o intereses de ninguna naturaleza”. Dentro del voto razonado se explicaba que el Congreso como ente político es responsable de fiscalizar los procesos de Comisiones de Postulación, no sólo de elegir, sino de tutelar y verificar que los procedimientos de esa otra fase llenen los requisitos legales, sin interferencia de poderes fácticos y políticos.
“Disentimos de la sentencia adoptada por mayoría del Tribunal, porque a criterio de los suscritos quedaron debidamente comprobados los vicios denunciados por los amparistas, tal y como de manera sucinta se describe en el presente voto razonado; razón por la cual era imperativo que el Tribunal Constitucional otorgara el amparo solicitado; y para dejar a salvo nuestra responsabilidad histórica con el compromiso que asumimos de defender en todas las resoluciones el imperio de la Constitución Política, consideramos necesario dejar plasmadas las razones de nuestro disenso”, argumentaron.
Los nuevos magistrados de CSJ y Salas de Apelaciones, una vez juramentados, han dado inicio a su periodo constitucional de cinco años. Una vez designadas las cámaras del OJ –una penal, de amparos y antejuicios, y civil–, se procedió a ubicar a los magistrados de Apelaciones. Tan sólo en la Torre de Tribunales (área penal) se delegaron, para la Sala Primera, Fredin Fernández (presidente), Aura Mancilla (vocal primera) y Carlos Rodríguez Meza (Vocal segundo); Sala segunda: Gustavo Adolfo Dubon Galvez (presidente), Robaldo Isaias Chavez (Vocal primero) y Eduardo Galvez Casasola (vocal segundo); Sala tercera: Jaime Amilcar Gonzales Davila (presidente), Beila Adali Xiomara Estrada (vocal primero), Sonia de la Paz Santizo Corleto (Vocal segundo); Sala cuarta: Nestor Gillebaldo de Leon Ramirez (presidente), Benicia Contreras Calderon (vocal primero), y Jogue Antonio Avila (Vocal segundo). Sala de mayor riesgo: Anabella Cardona (presidente), Mynor Oxom (vocal primero) y Marvin Reyes (vocal segundo).
El acto de toma de posesión fue validado con la presencia de distintas autoridades de gobierno, incluido el presidente, Otto Pérez Molina; Aristides Crespo, presidente del Congreso, magistrados de la CC, Molina Barreto, Pérez Aguilera, Mauro Chacón, Alejandro Aguirre; Iván Velásquez de la Cicig; Alberto Brunori, alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas para Guatemala, diputados de la bancada oficial como José Luis Chenal o Juan José Porras entre otros.
