Acul y Tzalbal, el despojo de los gobiernos militares

Entre 1983 y 1984, cuando el Estado de Guatemala creó los “polos de desarrollo” como una estrategia antisubversiva, se expropiaron terrenos de dos comunidades. Durante 28 años, los habitantes de Acul y Tzalbal, en Nebaj, Quiché, no supieron que la tierra de su comunidad ya no era de ellos. El ejército la había inscrito como un bien de la Nación. Hoy estas dos comunidades buscan una forma de recuperar lo que les quitaron.

Hasta antes del 9 de diciembre de 1983, la tierra comunal del municipio de Nebaj, en Quiché, era una sola. Un territorio compuesto por dos fincas gigantes registradas como propiedad colectiva e inscrita, por tanto, bajo el título de “ejido municipal”. En suma: un área de 1,476 caballerías con 23 manzanas (66,436 hectáreas: una hectárea es más de un campo de fútbol) a nombre de la municipalidad y los vecinos.

Municipalidad y vecinos

“Fue una estrategia”, me dirán después, “municipalidad y vecinos era para que la tierra fuera de todos. Que el alcalde en solitario no pudiera decidir sobre la propiedad”. Así fue registrada la tierra municipal de Nebaj.

Sucedió entre 1886 y 1903.

Así era entonces, algo comunal, de todos, hasta antes de los años de la guerra, en los que el gobierno militar de Efraín Ríos Montt, y luego el de Óscar Humberto Mejía Víctores, necesitaron concentrar a poblaciones enteras a su favor, en algo que los militares bautizaron como “polos de desarrollo”. Era una nueva medida antisubversiva. En los años más álgidos del conflicto armado interno.

“Ésta fue la génesis de una nueva estrategia militar que, dejando atrás el paternalismo de la acción cívica militar, inició un complejo proceso de ensayo y error”. Eso advierte el investigador social, Héctor Rosada, en su libro Soldados en el poder.

Con esa estrategia, en Nebaj, el Estado concentraría poblaciones en  terrenos expropiados casi en secreto. Con muy poca transparencia. Tanto que por más de 28 años ninguno de los habitantes de Acul y Tzalbal –las comunidades que se asentaban en el territorio expropiado– se enteró de que su tierra, gracias al ejército, ya no era de ellos.

Acul y Tzalbal fueron desmembradas de Nebaj entre 1983 y 1984. La cartografía de la comunidad –la tierra de todos– fue alterada. Y 37 caballerías del ejido municipal resultaron inscritas a nombre de la Nación sin que se consultara nada a los pobladores, es decir, a los vecinos de Nebaj: los dueños. 

Fue hace apenas dos años, en mayo de 2011, cuando el Fondo de Tierras (Fontierras) hizo un inventario de las fincas que tenía inscritas a su nombre el Estado, que los habitantes de las comunidades de Acul y Tzalbal se enteraron de que no tenían nada. Sus parcelas para sembrar, sus casas, todo lo que creían que era suyo, en realidad había sido construido sobre un pedazo de tierra inscrito como parte de los Bienes de la Nación. La noticia cayó como balde de agua fría sobre sus existencias.

Así recuerda, no sin exudar resignación, Pedro Brito Marcos, el actual alcalde indígena de Acul:

–Los papeles decían eso: La tierra no era de nosotros.

También en su memoria tiene presente aquella tarde de hace dos años en la que una comisión de Fontierras, esa institución que se encarga de regular y dar créditos para la tierra, que desde 1992 heredó todos los problemas del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA), llegó con esa noticia: Acul no era ya parte del ejido municipal de Nebaj. Los vecinos y la municipalidad ya no eran los dueños.

“Las cuatro caballerías y 33 manzanas (203 hectáreas) que ocupaba la comunidad pertenecían a los Bienes de la Nación. Así nos dijeron”, explica el alcalde Brito Marcos. En consecuencia, agrega, la comunidad no tenía algo propio. “El ejército se había llevado nuestra tierra”, lamenta.

En Tzalbal, a casi 10 kilómetros al norte de Acul, sucedió algo similar hace dos años. Fontierras, también allí, llegó para explicar que una buena parte del área urbana de Tzalbal había quedado fuera del ejido municipal de Nebaj y ahora pertenecía a los Bienes de la Nación y no a los comunitarios.

Esta vez, a diferencia de las cuatro caballerías de Acul, en Tzalbal eran 33 caballerías y ocho manzanas (1,494 hectáreas) las que habían sido expropiadas por el Estado durante el gobierno de Mejía Víctores.

Pedro Herrera Bernal, delegado de la comisión de tierras de Tzalbal, recuerda que quedaron pasmados con la noticia. Dice:

–Nos unimos. Acá nos unimos 14 comunidades. No sabíamos qué hacer, cómo enfrentar esa situación en la que nos decían que no teníamos tierra.

–¿Nadie en la comunidad fue notificado de ese desmembramiento?– pregunto al comisionado Herrera Bernal, mientras es acompañado por el actual alcalde comunitario de Tzalbal, Diego Tzoc, y por el alcalde indígena, Baltazar Herrera.

–No, nadie. Un delito, el Estado cometió un delito al quitar así la tierra –explica Bernal.

–Nosotros, cuando se hizo esa injusticia, estábamos huyendo en la montaña. El ejército había quemado nuestras casas, nuestros animales, todo. Nadie supo lo que se había hecho– agrega el alcalde Baltazar Herrera, aclarando que fue imposible para ellos, para toda la gente de Tzalbal, enterarse de que su tierra fue tomada y luego inscrita a nombre de los Bienes de la Nación.

Acul, la primera aldea modelo de la región, fue desmembrada del ejido municipal el 9 de diciembre de 1983. Tzalbal, en una parecida circunstancia, el 11 de mayo de 1984. El INTA había inscrito ambas aldeas como fincas del Estado en el Segundo Registro de la Propiedad de Quetzaltenango (Vea documentos descargables).

Cuando Acul y Tzalbal se enteraron de su situación, lo primero que hicieron fue convocar asambleas. Preguntar a toda la comunidad. Intentar llegar a un acuerdo para resolver esa situación.

Quizá, a lo mejor, había alguna manera de reclamar la tierra que les habían quitado desde hace 28 años.

–¿Qué hacer?–dice Herrera Bernal– era la primera preocupación de Tzalbal.

En Acul, el alcalde indígena Pedro Brito Marcos dice:

 –Lo que teníamos que hacer era buscar una estrategia jurídica para recuperar la tierra que se nos quitó.

Y a partir de ese momento Acul y Tzalbal tomarían, cada una, un camino diferente, un proceso distinto para recuperar su tierra.

Así lo lograsen, y así cada comunidad iniciara la construcción propia de un planeta jurídico para validar su reclamo, un mismo antecedente podía contener la situación actual en la que ambas se encontraban: la expropiación como estrategia contrasubversiva del Estado, la firma de un alcalde de facto, y la primera fase de lo que se convertiría en los polos de desarrollo.

La ley antes de expropiar

El miércoles 2 de noviembre de 1983, en esa estrategia de ensayo y error que menciona Héctor Rosada, el Ministerio de la Defensa Nacional, creó algo que llamó La Comisión Nacional de Desarrollo de San Juan Acul, Salquil, Amacbal, Tzalbal, Río Azul, Actxumbal y las aldeas de la jurisdicción de Playa Grande en el departamento de Quiché. El acuerdo gubernativo era el número 771-83.

Para el investigador y cartógrafo José Alberto Brito, de la Asociación para el Desarrollo Integral de Multiservicios (ADIM)–institución que media entre conflictos agrarios en el municipio de Nebaj, en Quiché–, con esa Comisión empieza un marco jurídico creado por el Estado para justificar las expropiaciones de Acul y Tzalbal. “Empezaron por Acul en diciembre del 83 y luego Tzalbal en mayo del 84. Seguramente lo mismo se tenía planeado para Salquil, Amacbal, Río Azul, Actxumbal y las aldeas de la jurisdicción de Playa Grande en el Departamento de Quiché que aparecen en el acuerdo gubernativo. La intención era expropiar partes del ejido municipal”, sospecha. “Era el campo legal para la nacionalización de las comunidades de Nebaj”, agrega.

En el considerando de la creación de esta comisión, el Ministerio de la Defensa justifica“que un considerable número de guatemaltecos de menores recursos, que se encuentran asentados en condiciones precarias, en jurisdicción del municipio de Nebaj, y en las localidades de Playa Grande, en el departamento de El Quiché, han solicitado protección a las autoridades militares después de abandonar los lugares de confinamiento a donde los habían llevado las bandas subversivas que azotaron esa región del territorio nacional”.

Tanto los vecinos de Acul como de Tzalbal niegan que hayan pedido alguna protección.

“Andábamos en la montaña, huyendo… ¿de qué protección hablaba el ejército?”, comenta Diego Raymundo de León, uno de los ancianos principales de Tzalbal, aun si no toda la comunidad había abandonado Tzalbal.

Pese a todo, ese acuerdo gubernativo sirvió para que en 1983, y en menos de dos meses, empezaran las expropiaciones. “También fue”, explica Otto Cuéllar, director de ADIM, “un primer indicio de crear legalidad a las aldeas modelo que empezaron en 1982, con Ríos Montt a cargo”.

Los encargados de llevar a cabo esa Comisión Nacional de Desarrollo fueron los Comandantes de la zona militar #20 de Santa Cruz del Quiché, y el de la zona militar #22 en Playa Grande. Pocos recuerdan hoy el nombre de estos oficiales. No obstante, en los archivos desclasificados de Estados Unidos , aparecen los nombres de Roberto Enrique Mata Gálvez, Juan Guillermo Oliva Carrera y el de Luis Arturo Getellá Solórzano, como responsables de la zona de Nebaj y Playa Grande.

Por esas fechas de 1983 y 1984, cuando se anunciaba la próxima creación de los “polos de desarrollo” por parte del Estado, lo que sí recuerdan los vecinos de Acul y Tzalbal, es la presencia del cuerpo de ingenieros del ejército midiendo los terrenos, las colindancias. Los Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC) ayudaron en ese proceso. Pero como dice Pedro Herrera Bernal, obligado a ser parte de los PAC en Tzalbal: “No explicaron por qué, para qué, ni para quién hacíamos esas mediciones. 28 años más tarde lo sabríamos”, lamenta.

Así, el Estado diseñó un marco legal que serviría para crear concentraciones humanas en poblados controlados por el ejército. Lo que pocos sabían era que dentro de la estrategia militar se tenía contemplada la expropiación de la tierra, la desmembración del ejido de Nebaj. “Nuestro sentido de comunidad, roto”, dice Brito Marcos.

Algo que sin el respaldo de la municipalidad de Nebaj, no hubiese podido suceder.

La firma de un alcalde

Hubo un alcalde, en Nebaj, que, de 1982 a 1985 ocupó la municipalidad, seleccionado a dedo por los militares. En el municipio, desde hace dos años, cuando salió a luz la expropiación de Acul y Tzalbal, su historia se ha convertido, poco a poco, en una leyenda. Hay quien dice, en el pueblo, que el ex alcalde Jacinto de Paz Pérez firmó los documentos que cedían gratuitamente al Estado los terrenos de Acul y Tzalbal voluntariamente. Hay otros, la mayoría, que le han escuchado decir que lo hizo bajo amenazas, que no pudo hacer mayor cosa, que autorizó la desmembración con los comandantes apuntándole a la cabeza. 

Jacinto de Paz Pérez, el exalcalde que autorizó las desmembraciones de Acul y Tzalbal, está vivo. Hoy tiene 60 años. En Nebaj, todos saben dónde vive, dónde trabaja. Todos saben que fue el alcalde impuesto por los militares luego del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982. En 2011, Jacinto de Paz competía por una nueva elección a la alcaldía cuando se supo que, durante su administración de 1982 a 1985, Acul y Tzalbal habían sido expropiados. Su derrota fue rotunda. Muy pocos votaron por él.

“Para elegirme como alcalde en 1982 el ejército tuvo que hacer cuatro rondas”, dice hoy Jacinto de Paz en su pequeña oficina en el Instituto Mixto Diversificado Ixil (IMDI). Allí trabaja en la actualidad como coordinador académico. “El ejército tenía a su preferido en ese momento”, recuerda, “no era yo”. “La primera ronda fue entre cinco candidatos, luego cuatro, luego, tres. De esos últimos tres yo gané. La elección, con varios vecinos enfrente, duró toda la tarde antes de que me dijeran que yo iba a ser el alcalde”.

La voz de Jacinto de Paz es extraña, muta de la seriedad, de lo muy solemne, al desgano, a lo realmente cansado. En lo solemne, por ejemplo, su voz narra cuando el comandante de la zona #20 de ese entonces, le dijo, recién electo alcalde de facto, y a modo de broma: “Prepárate porque te voy a dar a uno para que lo tirés desde el campanario”.

Y en el desgano cuando cuenta lo que parece que ya le cansa repetir y repetir: “De lo de Acul y Tzalbal yo nunca me enteré. Un día me llevaron en una avioneta, lista solo para mí; me vendaron los ojos y me trasladaron a Quetzaltenango. Cuando aterrizamos, tenían unos papeles para mí. ‘Firmá’, me dijeron, ‘firmá o te atenés a las consecuencias’. Así fue desmembrado Acul, en diciembre del 83. Si mi firma aparece en la escritura de Tzalbal, ésa la falsificaron”.

–¿Pudo leer los documentos?

–No. Hasta meses después ya me dijeron lo que había firmado. Que iban a poner drenajes, que iban a buscar desarrollo para las comunidades. Yo pensé que era igual a cómo hoy el Estado podría necesitar de un terreno a su nombre para construir, por ejemplo, una escuela, un hospital.

–¿Por qué no se informó a los vecinos que las comunidades habían sido inscritas como Bienes de la Nación?

–Porque no leí los documentos. En realidad, la municipalidad no tenía control de nada, el ejército mandaba. Los jefes de Estado daban órdenes, órdenes que sobrepasaban a la municipalidad. Nunca tuvimos capacidad de acción, ni poder político ni nada –dice en su defensa.

Si se le pregunta al ex alcalde de Paz, a los actuales alcaldes indígenas y comunales, también a los principales o a los alcaldes auxiliares de Acul o Tzalbal, o a los investigadores de ADIM, por qué pararon las expropiaciones, por qué ya no continuó esa estrategia en Salquil, Amacbal, Río Azul, Actxumbal y las aldeas de la jurisdicción de Playa Grande en el departamento de Quiché, la respuesta no es una sola. Una posibilidad, dicen los líderes de Tzalbal, es que al ejército ya no le diera tiempo, que lo alcanzó 1985 y el paso a la democracia.

“Acul y Tzalbal quizá sólo fueron el ensayo para crear los polos de desarrollo”, argumenta Otto Cuéllar, de ADIM.

Los “polos de desarrollo” fueron creados tan sólo seis meses después de la desmembración de Acul, y dos luego de la expropiación de Tzalbal, en el decreto-ley 65-84, en julio de 1984.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre Guatemala de 1985, indica que “los Polos de Desarrollo, cuyo inmediato antecedente son las denominadas ‘Aldeas Modelos’ –creadas por el Gobierno del General Efraín Ríos Montt–, fueron instituidos legalmente por la administración del General Óscar Humberto Mejía Víctores”.

Se justificaba su creación declarando que “gran cantidad de guatemaltecos se han visto obligados, por razones de fuerza mayor, a abandonar sus lugares de origen, encontrándose actualmente asentados en condiciones precarias en algunos municipios de los departamentos de Huehuetenango, El Quiché y Alta Verapaz, lo que obliga a tomar medidas urgentes con el propósito de resolver las necesidades de los referidos grupos humanos”.

Se argumentaba que el respaldo jurídico de los polos de desarrollo era el Estatuto Fundamental de Gobierno, ese documento que sustituyó a la Constitución de la República luego del golpe de Estado de marzo de 1982 y hasta 1985.

A diferencia del acuerdo gubernativo que creó la Comisión Nacional de Desarrollo para San Juan Acul, Salquil, Amacbal, Tzalbal, Río Azul, Actxumbal y las aldeas de la jurisdicción de Playa Grande en el departamento de Quiché, el decreto-ley 65-84 de los polos de desarrollo era más completo. Consideraba, por ejemplo,  un plan de acción para los proyectos de diversas aldeas, la vigilancia, la fiscalización, la regularización y una coordinación nacional de las instituciones del Estado para atender los procedimientos del ejército y otras instituciones para administrar la concentración de poblaciones.

Ese decreto-ley, más ordenado, más específico, significó el fin de las expropiaciones. Únicamente, Acul y Tzalbal quedarían afectadas. Pero nadie lo sabría sino hasta 28 años más tarde, cuando Fontierras se dedicaría a crear un inventario de los Bienes de la Nación.

Una comunidad indígena, 30 años después

Es el martes 2 de junio de 2013. En Acul, la comunidad entera, ansiosa, espera una visita importante. Fontierras llegará a conversar con la comunidad que fue desmembrada en los años ochenta. No como lo hizo hace dos años. No. No para decir de nuevo que la tierra ya no le pertenece a la comunidad. En Acul han decidido, entre todos, una solución legal a lo que se hizo durante el gobierno de Mejía Víctores. Una manera de recuperar lo que era suyo, lo que fue expropiado.

“Fontierras quiso darnos varias soluciones”, dice el alcalde indígena de Acul, Pedro Brito Marcos. “Ninguna nos parecía la correcta. Ninguna la más apropiada para nuestra realidad cultural, comunitaria”, añade. “Hasta ahora… hasta hoy que vemos una posibilidad de reclamar lo nuestro”.

Tanto para Acul como para Tzalbal, la propuesta de Fontierras en 2011 consistía en tres soluciones. Todas en función de que las dos comunidades perjudicadas adquirieran, como grupo, personería jurídica. Es decir, existir ante la ley para reclamar un derecho. En este caso la finca nacional (las cuatro caballerías y ocho manzanas) sobre la cual Acul ha construido una vida.

Fredy Giménez, asesor jurídico de Fontierras, explica esta mañana en Acul que el procedimiento para dar una solvencia jurídica sobre una propiedad, a un grupo de personas organizado, es largo. “La propuesta de Fontierras en un principio era que Acul y también Tzalbal se constituyeran como una asociación civil, o una cooperativa, o una empresa campesina asociativa. De las tres maneras –dice Giménez– se podía iniciar el proceso de adjudicación de la tierra que fue quitada de los ejidos municipales de Nebaj; regresarla a los comunitarios. Hay una intención de parte del Estado para devolver lo que se expropió”.

Sin embargo, en Acul se encontró una cuarta forma. “Acul”, dice el alcalde indígena Brito Marcos, “será inscrita en la municipalidad de Nebaj como una comunidad indígena. De tal cuenta tendremos personería jurídica y podremos reclamar la finca de la Nación”.

“El código municipal los respalda, en su artículo 20, para constituirse como comunidad indígena y poder reclamar su propiedad”, secunda Giménez. Añade que para Acul, esta solución es viable. “Es su organización natural. Será únicamente otorgar un respaldo legal a lo que ya ha existido”.

El caso de Acul también tiene una peculiaridad en el aspecto técnico. Alberto Brito, de ADIM, explica que Acul no fue únicamente desmembrado de Nebaj en 1983, sino que en 1985, ya como finca individual del Estado, a nombre de los Bienes de la Nación, tuvo otro desmembramiento interno. “De las 4 caballerías y 8 manzanas, de Acul se extrajo una sección de una caballería para cuadricular, en 901 secciones, el lugar de habitación de los pobladores”.

En noviembre recién pasado, Fontierras logró reunificar esta sección y constituir a Acul en una sola finca en el segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango. “Había que reintegrar el terreno que se iba a reclamar antes de proponer la solución legal de inscribirse como una comunidad indígena”, explica Giménez.

Pedro Brito Marcos, al ser el alcalde indígena, ha logrado obtener los documentos de titulación de Acul. Los sostiene en su mano mientras se dirige a la comunidad.

–Estos papeles son importantes, porque acá está la evidencia de que se nos dio, de manera provisional, un título de la finca que desmembró el ejército.

Firmado por Óscar Humberto Mejía Víctores y Juan Humberto Donis Mencur, director del INTA en 1983, lo que Brito Marcos tiene en su mano es un Título Provisional para Dotación de Patrimonio Familiar. En ese documento se menciona que el territorio extraído de Nebaj fue inscrito, desde la perspectiva militar, como “Área para el asentamiento de la comunidad de Acul”. Ese es el nombre de la finca que el Estado, a través del INTA, quiso otorgar a 273 campesinos de Acul como “Patrimonio Agrario Colectivo”, la primera aldea modelo de la región ixil.

Acul –casi todos los vecinos han salido a recibir a Fontierras– escucha, atenta, el acta que fue redactada durante dos horas entre Fontierras y los líderes locales.

Será éste el mismo documento que horas más tarde firmarán las 3 mil familias que viven actualmente en la comunidad. Una vez aprobado este documento por el actual alcalde municipal de Nebaj, Acul será reconocida como una Comunidad Indígena. “Es el inicio de un proceso largo”, dice el abogado Giménez de Fontierras. Añade que “constituidos como Comunidad Indígena, Acul podrá reclamar la finca que les fue expropiada. Al mismo tiempo invalidar el título provisional que el INTA les dio al momento de declararlos como aldea modelo a finales de 1983”.

Sin embargo, a partir de allí, dependerá de la comunidad si decide individualizar cada una de las parcelas en las que vive cada familia. “Fontierras dará seguimiento a la parte de la propiedad colectiva. Lo demás dependerá de Acul”, dice Giménez.

Regresar todo a como estaba antes

A diferencia de Acul, Tzalbal ha sido reacio a decidirse por alguna de las opciones que Fontierras sugiere para recuperar su propiedad. No quieren ser ni una cooperativa, ni una empresa campesina asociativa, como tampoco organizarse como sociedad civil. Les parece también extraño organizarse como una comunidad indígena y reclamar la finca de la nación.

–Lo que queremos únicamente es que todo regrese a como estaba antes –reclama el comisionado de la tierra, Pedro Bernal Herrera.

Lo apoya el alcalde comunitario de Tzalbal, Diego Tzoc:

–Nebaj es uno, uno solo. El ejército lo dividió. Eso no era así.

Y Raymundo de León, el alcalde indígena:

–Nuestros abuelos dejaron esta tierra para nosotros. El ejido municipal es de Nebaj. Es del pueblo ixil. Es de todos.

Pero Tzalbal, en contraste de Acul, tiene otros problemas. Ponerse de acuerdo acá no será tan sencillo. Lo que más se comenta de esta comunidad es su polarización política. Los partidos electorales mantienen una división que se percibe al nada más hablar con cada grupo por separado.

En el otro extremo político, contrario a los alcaldes indígenas y comunitarios, está el ex síndico primero de la recién pasada administración municipal de Nebaj, Santos Pablo Álvarez. Para él, ha habido intentos desde la municipalidad estatal para resolver el problema de la propiedad de Tzalbal. “No han caminado porque hay oposición desde los otros partidos políticos, distintos al Partido Patriota, en Tzalbal”, dice.

Lo curioso es que Santos Álvarez no pide otra cosa que la misma, exactamente la misma que los alcaldes comunitarios e indígenas: “Queremos que la tierra vuelva a ser la de antes a 1984. Que se borre la desmembración. Eso es lo que queremos”.

–¿Si ambos grupos políticos piden lo mismo, por qué no hay un acuerdo, alguna cohesión para resolver el problema de la propiedad de Tzalbal, a nivel comunitario? –le pregunto a Santos Álvarez.

–El problema de Tzalbal siempre será político. No quieren dialogar –responde.

El asesor jurídico de Fontierras, Fredy Giménez, explica que lo que pide Tzalbal es imposible. “Retrotraer una desmembración hecha hace 20 años no es técnicamente viable. No jurídicamente. Tendríamos que volver a inscribir en el Registro de la Propiedad a todo el municipio de Nebaj. También todas sus desmembraciones. Tzalbal, por eso, no puede regresar a ser parte del ejido. Además, el reclamo de una desmembración anómala prescribe luego de 20 años. Aquí ya pasaron casi 30”.

Fontierras no se ha presentado a Tzalbal en más de dos años. La comunidad no los quiere cerca. Para nada cerca. “Con Fontierras rompimos el diálogo”, dice el comisionado Herrera Bernal. “No queremos nada con ellos. El ejército abusó de nuestros derechos, y hoy queremos que nos los restituyan. Si no, otra vez, y como ha sido siempre, seguirán atropellando a nuestras comunidades”, exige.

El asesor legal de los alcaldes comunitarios e indígenas de Tzalbal es la Asociación de Juristas Internacionales (AJI). Ramón Cadena, abogado director de AJI, delegó a Jessica Vásquez este caso. Sin embargo, al preguntar a esta asociación de abogados si era posible refutar a Fontierras, si en realidad es viable que el territorio de Tzalbal vuelva a integrar el ejido municipal de Nebaj, se abstuvieron de dar alguna respuesta sobre el tema.

El actual alcalde de Nebaj, Pedro Raymundo Cobo, en una breve entrevista dice que la municipalidad respetará la decisión de cada comunidad. “Lo que pida Acul, en eso se le apoyará. Lo que pida Tzalbal, en eso también se le apoyará”. El alcalde se abstiene de dar una opinión sobre cuál de los dos procesos le parece el más conveniente. Sin embargo, le preocupa la forma en que en un futuro Acul maneje una autonomía desde su propiedad cuando le sea devuelta, fuera del ejido de Nebaj. Y de Tzalbal sólo ve que solucionar la reintegración de esta comunidad tomará mucho, mucho tiempo.

En consecuencia, el despojo que hizo el Estado como una medida contrasubversiva, evidencia la forma en que los militares operaron durante la guerra. En el área ixil, luego de muchas masacres y desplazamientos, también se tenía contemplada la expropiación de este territorio.

Hoy Acul espera ser reconocido legalmente como Comunidad Indígena.

Tzalbal apenas inicia su proceso.