A raíz de esta pregunta, considerando estos tiempos convulsos en los que vivimos, cuando la corrupción es uno de los principales factores que impiden la sostenibilidad financiera e institucional de una red de servicios públicos integrada que beneficie a toda la población, cuando sectores vulnerables que han sido oprimidos históricamente no gozan de oportunidades de desarrollo y cuando tenemos instituciones públicas saqueadas y operadas por redes clientelares, resolví que nuestra participación ciudadana tiene por lo menos tres retos inmediatos, casi requisitos básicos y obligaciones éticas para mejorar nuestra vida en sociedad: la profundización de las reformas (Ley Electoral y de Partidos Políticos y sector justicia), la ampliación de la agenda anticorrupción hacia el acceso a servicios públicos de calidad y la formación de nuevas fuerzas políticas que trabajen de forma articulada y transparente, buscando alcanzar acuerdos mínimos de desarrollo.
Naturalmente, en toda correlación de fuerzas que teje acciones por el cambio y en todos los momentos críticos de las sociedades surgen actores y grupos criminales que se oponen y resisten a desaparecer. Generalmente son aquellos que encuentran réditos en la forma de hacer las cosas, en esa opacidad en el manejo de las interacciones entre lo público y lo privado, por medio de tráfico de influencias, malversando fondos y propiciando conflictos de interés, entre otras formas de corrupción. Obviamente no es una regla general. Algunos rivales lo son por miedo a lo que vendrá, que usualmente es fabricado por los verdaderos rivales para ganar adeptos.
Nuestros rivales reales son los integrantes de la estructura de poder hegemónica que lucra de forma ilegítima y mantiene sus privilegios con base en relaciones desiguales de poder. Los integrantes de esta estructura de poder pueden ser populistas o no, de izquierdas o de derechas. Lo que no cambia es su constitución como élites bajo la lógica perversa de beneficiarse de forma privada en detrimento de lo público, manteniendo a millones de personas lejos de los servicios públicos y de los recursos necesarios para una existencia digna. Para dar dos ejemplos internacionales, esto sucede en el gobierno de Rajoy en España (que no es populista y sí de derechas), con la pobreza energética y la trama de corrupción del Ibex 35, y en el de Maduro en Venezuela (que es populista y de izquierdas), con el clientelismo en la infraestructura petrolera y la represión estatal. Son distintos niveles y matices en diferentes países del mundo, con gobernantes de diferentes ideologías y con distintas formas de hacer política, pero comparten un elemento importante: la lógica de la estructura de poder. Es ahí, en esos asuntos de interés público que se negocian a puertas cerradas, donde deben entrar la democracia y la transparencia.
Es una estructura de poder porque sobrevive a los tiempos y ha tenido capacidad de adaptarse y crear nuevas condiciones para operar. A veces nos preocupa cómo evitar la caída de las clases medias en la miseria, pero nuestra preocupación debería estar en crear clases medias más amplias, en que esos millones de ciudadanos titulares de derechos puedan gozar de ellos. Este estancamiento, de nuevo, no ha sido una exclusividad ideológica, sino una forma imperante de ejercer el poder bajo la corrupción, la cual, en esencia, es un abuso de poder que se nutre de derechos no respetados y recortados.
Lukes decía que «la forma más efectiva e insidiosa de usar el poder es prevenir que aparezca el conflicto moldeando las percepciones y las preferencias de las personas para que acepten su lugar en el orden existente de las cosas como algo natural o imposible de cambiar». Eso quiere decir que a los grupos de poder interesados en el inmovilismo y en la conflictividad social no les preocupa contener un riesgo latente de violencia, pues tampoco identifican aquí una oportunidad para resolver un problema en que los diferentes actores avancen en sus demandas y satisfagan sus intereses legítimos mediante acuerdos. Para ellos, el conflicto representa una amenaza a sus privilegios y a su capacidad de control social, político y económico.
Una vez que hayamos enfrentado estos retos coyunturales y a nuestro rival común en unidad estratégica, nuestra respuesta al subdesarrollo tiene que ser la democracia, un Estado fuerte, la equidad y el desarrollo sostenible. Este es un llamado a tener una identidad ideológica sin ser intransigentes, a tecnificarnos y academizarnos sin ser prepotentes ni olvidarnos de la gente, a seguir luchando por que el #25A signifique un retorno a los espacios políticos reducidos por la política contrainsurgente y la represión del Estado.
Nada grande se puede hacer sin alegría. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos. Los pueblos deprimidos no vencen ni en el laboratorio ni en las disputas económicas. Por eso venimos a combatir alegremente, seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores a corto o largo plazo.
Arturo Jauretche
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Fuente consultada: Orsi, O., y Rodríguez, N. (2011). Los derechos humanos como táctica anticorrupción. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Impresiones Sudamérica.
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