Ceguera de Estado

Cito a continuación, algunos de los más sonados:

Alfonso Portillo,

• Nahualá - Ixtahuacán, Sololá;
• Trece Aguas en el Valle del Polochic (continúa con Oscar Berger);
• Las Quebradas, Morales Izabal (continúa con Oscar Berger)

Oscar Berger,

• Nueva Linda;
• Compañía Guatemalteca de Níquel -CGN- en El Estor, Izabal (continúa con Alvaro Colom);

Álvaro Colom,

• Ingenio Chabil Utzaj, Valle del Polochic;
• Livingston (muerte de técnicos forestales de CONAP y secuestro de turistas y el caso de caso de Ramiro Choc, calificado como terrorismo de Estado);

Todos nos indignaron en su momento y provocaron crisis de gobernabilidad de distinta intensidad. Todos tuvieron sus víctimas mortales, quedaron en la impunidad y tuvieron como común denominador a las fuerzas de seguridad del Estado actuando en contra de los ciudadanos; en contra de los más pobres, de los más excluidos, casi siempre indígenas y sin conexiones en el mundo del poder.

La mayoría, si no todos los casos, se enmarcan en la férrea lucha que tienen por defender los recursos naturales que aún quedan en los territorios que custodian y habitan. De allí que no eche en cuenta, en esta amarga cuenta, al lechero del período de Álvaro Arzú.

Otro factor imbricado, y que ha sido una constante detrás de estos hechos, es la preeminencia de la defensa del derecho a la propiedad privada (de algunos) por sobre todos los demás derechos humanos. Sin prejuicio de su importancia, es difícil visualizar cómo esta puede tener preeminencia sobre el derecho a la vida misma en el imaginario social dominante.

Bourdieu (2001) señala que todo poder impone y construye significados que aduce como legítimos en la medida que acompañan al discurso de relaciones de fuerza, con medidas ejercidas desde su propia fuerza: “(…) asuman su responsabilidad histórica de respeto a la ley y a la autoridad como guías (…)”. La paz por lo tanto, se impone.

En este actuar, el discurso del derecho a la libre locomoción es la última generación de excusas adoptada para justificar la violencia de Estado contra los ciudadanos. No está de más recordar que toda democracia que se precie, confiere a sus ciudadanos la potestad de manifestar libre y organizadamente su disenso, aunque sea de las modestas maneras en que el poder, eternamente concentrado, lo ha permitido en nuestro país desde la firma de los Acuerdos de Paz.

Es así como, a esta "cuenta del Milenio" se suman en menos de un año:

• La masacre en la cumbre de Alaska, con 8 campesinos muertos y más de 30 heridos;
• el desalojo en San Rafael Las Flores, por protestar en las afueras de las instalaciones de la mina;
• los estudiantes heridos y detenidos por protestar contra las reformas a la carrera magisterial, y la cárcel para los pocos docentes que se animaron a apoyarlos;
• el cierre de los Archivos de la Paz, acto cuyo significado simbólico es más que evidente;
• Santa Cruz Barillas, con una decena de campesinos presos y un asesinado, todo por una hidroeléctrica.

El presupuesto 2013 propone además, mejorar el financiamiento del ejército; la reforma constitucional reposiciona su papel en la sociedad y le confiere prebendas adicionales que no gozamos la mayoría de ciudadanos... los indígenas, menos que nadie.

Solo el cinismo y la ceguera social, al mejor estilo de Saramago, puede sostener que estos son "incidentes" o "hechos aislados", cuando lo que realmente reflejan es una lógica de entender cómo debe ser el ejercicio del poder y el resguardo del "orden público" por parte del Estado. Y, en el período actual además, quién es el llamado a hacerlo para asegurar "resultados".

Al fin y al cabo, los indios solo con la bota encima entenderán; y los civiles... ni para hacer el mandado...