Fundamentalmente, en todo, aunque sus objetivos gremiales y su perfil o número de afiliados sean diferentes. Son, básicamente, organizaciones ciudadanas que en una democracia resultan necesarias para representar el pulso político que en toda sociedad existe. En democracia, las tensiones entre ciudadanos y grupos con diversos intereses se resuelven a través de las instituciones y los canales que este sistema otorga a cada quien, sin preferencias ni privilegios como principio.
De hecho, el debate político tiene sus espacios internamente en los partidos políticos y externamente en el Congreso. Es allí donde se persigue el objetivo de la búsqueda del bien común que establece la Constitución a través de la emisión de un marco legal consensuado con objetivos establecidos de bienestar social.
Así, el Congreso, el Organismo Legislativo, el Ejecutivo, los partidos políticos, asociaciones civiles como las arriba mencionadas y la prensa, entre otras instituciones democráticas, son fundamentales para la ciudadanía en toda la madeja que teje, con inteligencia y madurez política, las políticas públicas y, en convivencia armónica, el bienestar social, ambiental, cultural y económico de una nación.
¿Qué diferencia hay entonces entre un sindicato de trabajadores y uno de empresarios como el Cacif? En su concepción son lo mismo. Son agrupaciones que coluden entre sus miembros para hacer presión o proponer o negociar sus intereses grupales a nivel político. Riñendo con la idea de la libre competencia, se conforman desde lo político para dilucidar los problemas que, por un lado, los mercados crean o, por el otro, que no pueden resolver en un conglomerado social. El objetivo es romper con cualquier dictadura o poder arbitrario que se enquiste en la estructura política en detrimento del bienestar de la mayoría ciudadana.
La praxis en Guatemala evidencia falencias en ese ideal sistema de pesos y contrapesos. Empezando porque el Estado de Guatemala ha sido diseñado desde una visión eurocéntrica y colonial, continuando con la frágil representatividad de los partidos políticos y su general captura por poderes ilegales y aparatos clandestinos y rematando con la evidente estructura del Gobierno, basada en la preferencia desde el Ejecutivo de algunos grupos sobre otros. Es decir, la balanza se mantiene solo de un lado.
Representantes del Cacif, de la Fundesa y de otros gremios de poder económico concentrado[1] han logrado establecer agendas de competitividad de los gobiernos de turno. ¿Cuánta representación indígena hay en esas gremiales? ¿Qué porcentaje de micro-, pequeñas y medianas empresas tienen voz y voto en dichas propuestas?
Los representantes del Cacif son atendidos por el presidente de turno en su despacho sin mucho problema. El 30 de agosto trascendió que, «por dos horas, el presidente Jimmy Morales se reunió con representantes del sector privado organizado [Cacif], con quienes abordó diversos temas de coyuntura nacional» (Prensa Libre, 2017).
Los representantes del poder económico concentrado ejercen un poder blando, es decir, mucha influencia en las políticas públicas sin mayor fricción. Mientras tanto, otras agrupaciones que son objeto constante de desprestigio y de campañas de ataque mediático no tienen los mismos privilegios ni acceso a la arquitectura del futuro del país. Los campesinos y los grupos indígenas han sido, desde la Colonia, silenciados o subyugados a tener que caminar desde sus lugares de origen para manifestar su descontento y ser escuchados por las autoridades estatales en el centro de la ciudad capital, muchas veces caminando descalzos, bajo las inclemencias del tiempo y sin muchos recursos que soporten sus días productivos perdidos con tal de manifestar su voz y exponer sus realidades. Además de las barreras físicas y económicas que eso significa para las organizaciones que dicen representarlos, deben sortear las barreras de exclusión, de desprestigio social, de difamación y de calumnias que se han implantado como una nueva forma de mantener oprimidas las voces que desde la Colonia han sido silenciadas. ¡Acarreados!, los llaman desde sus cómodas oficinas quienes han nacido y crecido con privilegios relativos. ¡Haraganes!, gritan otros desde sus cómodas oficinas con aire acondicionado, tomando su cerveza bien fría, después de su partida de golf y de bajarse del helicóptero.
¿Qué hace diferente al Cacif de otros grupos de la sociedad civil? ¿Por qué cuenta con privilegios ante los gobiernos de turno? ¿Por qué ciertos gremios y asociaciones son satanizados por parte de algunos pregoneros de la libertad de mercado, excepto esas agrupaciones representantes del poder económico concentrado en el país, antítesis del libre mercado? ¿Dónde quedó el discurso de un gobierno sin coerción ni privilegios? ¿Inconsistencia, hipocresía, conflicto de intereses o propaganda populista?
Independientemente de si nos autodenominamos de izquierda o de derecha, esa conciencia emergente y poderosa que nos une puede empezar a mover el futuro del país hacia un mejor estadio, donde los desbalances de poder sean minimizados y la democracia sea el vehículo para el bienestar de toda la ciudadanía.
Con Cicig o sin Cicig, romper con las dictaduras formales o de facto debe ser nuestra tarea diaria en este país en construcción llamado Guatemala.
[1] Como la Agexport, la Cámara del Agro, la Cámara de Industria o la Anacafé.
Más de este autor