Yo ya perdí la esperanza de que vaya a hacer alguna reforma tributaria profunda o que nos acerquemos a una financiera o económica. Null. Pero hay dos reformas que tiene que acometer a como dé lugar si quiere que la democracia Guatemala sea viable en 2016.
Se trata de las reformas a la Ley Electoral y a la Ley de Minería. La primera evitaría ese foro de mercenarios –en su mayoría– que a los ciudadanos y (recién hasta ahora al Presidente) nos tiene hartos. Es desesperante ver cómo desper...
Yo ya perdí la esperanza de que vaya a hacer alguna reforma tributaria profunda o que nos acerquemos a una financiera o económica. Null. Pero hay dos reformas que tiene que acometer a como dé lugar si quiere que la democracia Guatemala sea viable en 2016.
Se trata de las reformas a la Ley Electoral y a la Ley de Minería. La primera evitaría ese foro de mercenarios –en su mayoría– que a los ciudadanos y (recién hasta ahora al Presidente) nos tiene hartos. Es desesperante ver cómo desperdician la política como factor de cambio para que los más débiles puedan tener una vida digna. El partido Líder es el colmo del descaro, aunque por lo visto, el resto no le deja agarrar tanta ventaja. Si no, que lo diga el partido Unionista con las joyas de su bancada. Y no hace falta ser genio para saber qué forma diputados-mercenarios: el financiamiento privado de las campañas.
A nuestros politiqueros no se les puede poner techos porque no quieren darle dientes al TSE, por lo que me parece que la única alternativa es prohibir el financiamiento privado y que sea todo estatal. Pero eso es un cambio estructural y le da alergia al PP, por no decir al insípido Todos o a los demás aliados.
La segunda reforma es la de la ley de minería. Es insostenible un país que invita a que exploten sus recursos sin cobrar prácticamente impuestos ni poner controles ambientales ni favorecer a las comunidades. Un botón es el caso de Goldcorp y los 16 favores ambientales que recibieron en Jutiapa para contaminar el lago de Güija: estudios de impacto fraccionados, denegados y luego permitidos en tiempos de Óscar Berger, según una investigación de Carolina Gamazo en Plaza Pública. Y el camino acá tampoco es la alquimia. Es convertir al Estado en accionista, cobrar más impuestos, más beneficios comunitarios y controles ambientales. Y así puede desactivarse en buena medida la conflictividad social. Ah, pero eso exige un cambio estructural y a eso no se apuntan en esta administración. En fin. Inshalla.
PS. Mi solidaridad con Avancso. El Ministerio de Gobernación, si no está involucrado ni simpatiza con la idea de amedrentar a la crítica social, que encuentre a los responsables.
* Publicado originalmente en elPeriódico, 22 de enero
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