El covid-19 en Guatemala: una muerte anunciada y un gobierno indolente

Por supuesto, el manejo de la salud a cargo de los distintos Gobiernos se pone de manifiesto en toda su expresión. En Guatemala, la profunda desigualdad ha hecho que la salud no sea un derecho humano, sino un privilegio de clase, de modo que el guatemalteco solo tiene dos opciones: o tiene seguro médico o dinero para pagar servicios privados o se atiene a un sistema de salud pública con las mismas características de la población a la que trata (desnutrido, pobre y sin esperanza).

Guatemala es uno de los países que menos invierten en salud pública. Ni siquiera invierte el 2 % del PIB. Esto se traduce en servicios de mala calidad, insuficientes, con desabastecimientos constantes, así como en la ausencia de medicina preventiva y en una mediocre atención provocada por la falta de centros de salud, de hospitales, de infraestructura, de medicamentos y de personal (que es de los peor pagados), al igual que por un sistema de adquisición de insumos que, además de su extrema lentitud y exagerada burocracia, está supeditado a la voracidad de los proveedores privados, que abastecen tarde, con mala calidad y con precios excesivamente altos. A pesar de que la Constitución establece que el Estado es el garante de la salud de la población (artículos 93, 94 y 95), este derecho se viola todos los días.

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Los principales responsables de esta debacle son los poderes legislativo y ejecutivo, resguardados por un sistema judicial que no penaliza ni condena este genocidio por falta de servicios básicos de salud a pesar de que deberían actuar de oficio, ya que evidencia de estos hechos punibles hay de sobra.

En la siguiente tabla se explica, en un análisis simple, lo que se necesita para enfrentar la pandemia y la realidad de lo que tenemos.

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Cualquier médico o personal de salud que conozca el frente de batalla contra el covid-19, que se ha enfermado de este y ha visto la muerte innecesaria de tanto guatemalteco, podría llenar una tabla diez veces mayor que la anterior. Esta solo es un rápido ejemplo de la indolencia, el descaro, la desfachatez, la impunidad y el desdén con que el gobierno actual ha manejado la pandemia.

Además de todo, el presidente insulta la inteligencia del guatemalteco y pretende callarlo y bloquearle su justo derecho a manifestar su inconformidad.

Aún es tiempo de enderezar el barco. Dinero hay en las arcas. Voluntad hay en muchos guatemaltecos. Capacidad sobra en los profesionales. Se necesitan voluntad política y un poco de honradez de parte de los gobernantes de turno. Apelamos a cada uno de los diputados y de los ministros, al vicepresidente y al presidente para que sean verdaderos garantes de la salud. Que en las próximas sesiones del Congreso se discutan leyes que verdaderamente favorezcan el gasto público en salud, que hagan eficientes las compras, que cierren los candados a la corrupción, que fiscalicen las inversiones. Que en el gabinete del Ejecutivo se planifiquen la construcción de más centros de salud y de más hospitales, el abastecimiento de los actuales y la preparación y la dignificación del personal (no solo en el plano económico, sino también en cuanto a condiciones laborales y de salud mental).

Señores, recapaciten. Sus acciones aún pueden salvar vidas. Guatemala entera lo exige.