De inmediato llamó mi atención el rechazo de algunas organizaciones mayas por la condena. Y yo no lograba comprender sus fundamentos hasta que leí la entrevista realizada a la doctora Aura Cumes, quien presentó el peritaje antropológico durante el juicio.
El tribunal, integrado por la jueza presidenta Zonia Haydee Toledo Cruz, la vocal Antonia Julieta García Calvillo y el vocal Antonio Rodríguez Pereira, encontró culpables de homicidio a tres personas, pero cometió un error terrible al desestimar la importancia del peritaje antropológico que explicó las causas del crimen, que permanecen intactas y que alcanzan a empresas religiosas que se encargan de promover el odio contra quienes no comparten su sistema de creencias.
El racismo es un complejo sistema de dominación que se articula desde la Colonia con las ideologías judeocristianas, que de forma maniquea enseñan que aquello que no se subordina a su ideología debe ser satanizado y dentro de las cuales se practica con regularidad la violencia como medida disciplinaria, tanto en el interior de los hogares como en el espacio público, donde murió torturado Domingo Choc.
En la entrevista que mencioné inicialmente, la doctora Cumes describe la actitud displicente del tribunal hacia ella como mujer indígena y, por extensión, hacia Domingo Choc, de manera que invisibiliza la cosmovisión de ellos y, lo más grave, niega las causas de la violencia racista y religiosa. Esto no debería sorprendernos, pues los imaginarios judeocristianos son hegemónicos en Guatemala, pero no deberíamos tolerar que un tribunal en un Estado laico ignore un peritaje en un caso paradigmático en el cual se presentó una oportunidad importantísima de trabajar en la prevención de crímenes similares en el futuro.
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Sorprendentemente, la doctora Zonia Haydee Toledo Cruz exhibe en su hoja de vida logros académicos y enuncia cursos y talleres entre los cuales destaca uno sobre derechos de los pueblos indígenas. Ella también señala que ha sido colaboradora en diferentes instituciones de proyección social y humanitaria y que jamás ha sido denunciada o sancionada por la violación de ningún derecho humano. Su título de grado enuncia también que es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, aunque, como ya sabemos, el nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC bien podría cambiarse a Facultad de Derecho y Tráfico de Influencias, ya que son pocos los profesionales egresados de esa unidad académica que demuestran coherencia más allá de las normas y los negocios de la profesión.
La jueza Toledo seguramente negará que es racista. Y creo que en alguna medida la comprendo. Los mestizos y las mestizas solemos ignorar que el racismo nos atraviesa, y asumir nuestro racismo es aún más difícil cuando este interpela nuestro sistema de creencias religiosas, que, para el caso de las religiones judeocristianas, también es inherentemente racista, además de patriarcal.
La jueza y su tribunal deberían comprender que su fallo es racista porque no condenó la violencia ejercida desde los púlpitos en un Estado laico, donde la Constitución garantiza la libertad de culto. La jueza puede ser una buena persona en el ámbito personal, puede exhibir capacidades académicas y profesionales, pero su fallo es racista y, por su impacto, por su actitud indolente, la conoceremos como la jueza racista que vulneró los derechos de la familia de Domingo Choc y que perdió, aparentemente de forma intencional, la oportunidad de asumir una posición rigurosa y apegada a derecho en la defensa de los derechos humanos.
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