El gobierno del bicentenario de independencia (estado de la cuestión)

En columnas anteriores he expuesto sobre el modelo colonial en el que vivimos, agravado por las políticas estatales del conflicto armado, finalizado en 1996, y de la manera en que, como sociedad, tenemos que cargar con traumas psicosociales de un peso indescriptible en sus alcances. Incluso, en algún momento escribí una columna preguntando si siempre seremos violentos.

El bicentenario llega entonces con tres cargas históricas referidas a los pueblos indígenas. Esto, en busca de romper el colonialismo. La primera, en el marco de la visibilidad de los pueblos que cohabitan en este territorio estatal. La segunda, en el marco de la participación efectiva de los pueblos en la resolución de conflictos comunales y municipales, para lo cual existen mecanismos y medios ya establecidos, en algunos casos pendientes de algunos ajustes apropiados para canalizarlos de manera adecuada. Y el tercero, en relación con el respeto de los territorios en cuanto a manejo y explotación de recursos naturales, así como en cuanto al respeto a la propiedad comunal para evitar violentar el derecho a no ser desplazados.

También lleva gran carga el bicentenario en el hecho de que, desde un modelo liberal y republicano, en 2021 se cumplen 100 años de la aparición de la figura del amparo en el derecho guatemalteco, el cual se suma a la de exhibición personal, ya existente en aquel entonces. La constitución liberal de 1879, reformada ocho veces para favorecer intereses político-presidencialistas, tuvo algunas cosas buenas que hoy siguen vigentes, como aquellas figuras. Esto lleva intrínseco el respeto de la independencia judicial y de la Corte de Constitucionalidad, además de la responsabilidad del presidente de ajustar sus actos a la ley y a las resoluciones que aquella corte emita como consecuencia de los actos y hechos que sean sometidos a su conocimiento.

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Poco o nada se celebra con un bicentenario cargado históricamente con la exclusión y la precariedad de las condiciones de vida de los habitantes. Por ello parece o parecerá muy raro que el comité profestejos (cual feria) haga celebraciones de la independencia como una conquista de la población. Creo que la sensatez, o al menos uno de sus componentes, descansa en la posibilidad de incrementar la investigación sobre el siglo XIX en todos los ámbitos del conocimiento, así como en la posibilidad de hacer un pacto de restructuración para cumplir con la Constitución vigente en su apartado social, económico y cultural, un pacto en el cual prime la posibilidad de salud, educación, vivienda, trabajo digno y todos aquellos elementos que se constituyen en mínimos vitales.

La restitución de los derechos sociales y económicos de la población, el multiculturalismo y la posibilidad de construir la paz respetando la condición diversa de los seres humanos son apenas rasgos del inicio de un nuevo siglo de independencia.

Debemos construir democracia mediante un sistema de partidos políticos real, es decir, sin dueños, no solo visible en época electoral y orientado a garantizar la verdadera alternatividad en el poder. Un sistema electoral que no sea exclusivamente dirigido por abogados y que se transforme en un instituto electoral, en un modelo de transparencia y de alta reducción de la impunidad, es también una tarea que descansa ya no en el Gobierno, sino en la sociedad, que de una u otra forma debe concientizar que el único camino para crecer es el irrestricto respeto de los derechos humanos y la exigencia de estos a quienes son elegidos como gobernantes.