El largo tiempo de los generales

Día uno, por la mañana. Las acusaciones.

Por lo regular, cuando entran los generales acusados, la sala ya está abarrotada. No cabe casi nadie más. El aire en el interior es denso, pesado. Entre las cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas, los ancianos ex militares –uno de ellos en silla de ruedas– y sus abogados, se desplazan lento, arrastrando sus movimientos, intentando hacerse paso entre la muchedumbre. Se han dado otras audiencias, otras a lo largo de un año y medio, pero muy pocas han tenido tanta concurrencia. Ésta en particular, luego de 36 atrasos por revisiones a solicitud de la defensa, podría marcar algo importante para el caso que se discute: por primera vez, en Guatemala, dos ex altos mandos del ejército podrían enfrentar un juicio por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad.

Algo que no había ocurrido y que deberá resolver el juez B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez. Todo lo que se ha hecho en el último año y medio no ha sido más que tratar de demostrarle al juez, por parte de la acusación, que hay razones –datos, indicios– para ir a juicio, y por parte de la defensa, que no hay nada válido para discutir.

Según la fiscalía de derechos humanos del Ministerio Público, existen pruebas suficientes para pensar que los acusados participaron en más de 15 masacres, en las que murieron 1771 personas, entre los años de 1982 y 1983, en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, en Quiché.

Todos los fallecidos, en este caso, como argumenta la fiscalía, pertenecieron a la etnia ixil y fueron atacados por el ejército cuando Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado de Guatemala, y José Mauricio Rodríguez Sánchez, ex director de inteligencia del Estado Mayor Presidencial, después de un golpe de Estado dado el 23 de marzo de 1982, asumieron, desde el ejército, el control de todo el país.

José Mauricio Rodríguez Sánchez es el ex general en silla de ruedas y es el primero que escucha las acusaciones en su contra. Tiene hoy 67 años, una operación en la rodilla y un aspecto muy parecido al de un abuelito buena onda, incapaz de hacer daño. Una vecina del acusado, de la colonia Lourdes en z.16, lo describe en uno de los folios acreditado por la defensa como un hombre ejemplar y amable. No obstante, mientras avanzan las intervenciones del Ministerio Público, se hace énfasis en que fue él, Rodríguez Sánchez, el encargado de toda la inteligencia militar contrasubversiva a inicios de la década del ochenta. A él, también, se le atribuye la firma (y por tanto el conocimiento) de varios planes de campaña contrasubversiva y operaciones nacionales del ejército. En específico el Plan de Campaña Victoria 82, el Plan Sofía 82 y el Firmeza 83 y 83-1, además de un manual contrasubversivo y un documento que tiene por título Asuntos civiles operación ixil.

Sánchez escucha al MP, sus acusaciones, y se le nota aburrido. Mueve el bastón que tiene en sus manos de un lado a otro o mira con tedio a su alrededor desde su silla de ruedas. La sala sigue llena luego de dos horas de acusaciones. Las cámaras enfocan cada segundo en que Sánchez intenta hacer algún gesto, por más mínimo que resulte, una tos, un suspiro, un frote de ojos.

Son más de 30 años de regresión hacia el pasado lo que brota por los altoparlantes a esta hora de la mañana en este juzgado.

La tesis de las imputaciones, finalmente, se basa en que Sánchez tuvo que haber estado al tanto de todo lo que sucedía en el país. “En muchas partes de Guatemala, el ejército mataba gente, quemaba casas, destruía pueblos”, recuerdan los abogados de los familiares de las víctimas. Pero además, como inteligencia del Estado, la fiscalía señala que el acusado tenía una apreciación concreta sobre la etnia ixil al catalogarla en uno de los documentos que han sido investigados como “enemigo interno”, es decir, “población civil como parte y apoyo de la insurgencia”. En consecuencia se cometieron abusos, muertes, violaciones sexuales, masacres, torturas en contra de comunidades…

“El 33.61 por ciento de la población ixil de aquellos años fue exterminada”, dice el fiscal, Orlando López, en un tono más bien de letanía, hacia el final de la segunda hora de exposición de cargos. Rodríguez Sánchez, en ese momento, parece abstraído, como ausente, hay intervalos de tiempo en que mira hacia un punto fijo y arbitrario, otros en los que observa las proyecciones de los planes de operación militar en la pantalla de la sala siguiendo la exposición del fiscal.

La mayor parte del tiempo prevalece su tranquilidad y su estoico aburrimiento.

Día uno, por la tarde. Más acusaciones.

Una vez, a principios de la década del ochenta, el país entero estaba bajo su mando. Una vez durante 16 meses. La vez en que el general de brigada, José Efraín Ríos Montt, se autoproclamó jefe de Estado, deshizo la junta militar que lo había llevado al poder, y nombró a Héctor Mario López Fuentes, como Jefe del Estado Mayor Presidencial, y a José Mauricio Rodríguez Sánchez, al frente de la inteligencia. Gobernaron Guatemala después de un golpe de Estado organizado por los oficiales más jóvenes en el ejército.

Era el 23 de marzo de 1982 cuando Ríos Montt llegó al poder.

Tan solo un día más tarde, el Congreso de Guatemala fue disuelto, se invalidó la Constitución de la República y se desconocieron las elecciones populares realizadas apenas dos semanas antes del golpe de Estado. Se redactó una proclama que constituía el Estatuto Fundamental de Gobierno y se crearon decretos-leyes para imponer un orden al país. Y también se implementó un sistema de justicia con tribunales de fuero especial, con jueces que no tenían rostro y que daban sus resoluciones desde el anonimato.

Hoy, aquella fecha y aquellos hechos y aquellas leyes, son algo que resuenan, una y otra y otra vez, hasta el cansancio, en los oídos de estos generales. No se los repiten para celebrar la conmemoración de sus días al mando del país, sino todo lo contrario. Llega a sus envejecidos oídos cuando en el interior de los tribunales de justicia los ex generales son acusados de haber cometido genocidio y delitos de deberes en contra de la humanidad. Llega de nuevo, como un oleaje de acusaciones, tras los esfuerzos reiterativos por parte de la fiscalía para intentar explicar cómo se manejaba el país durante los años en que los militares acusados formaban parte del gobierno. Bajo qué tipo de planes operativos, de seguridad, secretos de Estado, medidas contrasubversivas, intenciones y también motivos.

Ríos Montt, que también ha escuchado las acusaciones en contra de Rodríguez Sánchez, todas muy parecidas a las que se tienen en su expediente, pone especial atención a cómo los fiscales le narran a él (y horas antes a su subordinado) la manera en que hacía gobierno. Eso pasa cuando la fiscalía argumenta los cargos en su contra.

“Era un gobierno que gobernaba desde el ejército, señor juez”, acusa la fiscalía.

Luego la imputación se enfrasca a lo largo de una hora en un listado interminable de masacres y asesinatos que sirven para recorrer, cronológica y territorialmente, más de 57 comunidades ubicadas en la región ixil, en el departamento de Quiché, al noroeste de Guatemala. El fiscal López acredita el macabro recorrido con 128 testimonios recopilados en el Informe de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Y de uno de los documentos presentados, la fiscalía también cita una recomendación militar que buscaba impulsar el nacionalismo, y que consistía, según las fuerzas armadas, en “realizar el entero esfuerzo para lograr la misión encomendada a la Sección de Asuntos Civiles (S-5) del ejército, intensificando la ladinización de los ixiles, de manera que desaparezcan como subgrupo cultural ajeno a nuestra manera nacional de ser”.

Ríos Montt, parco, su cabello engominado y canoso, peinado hacia atrás, toma notas. Cuando apunta sus ojos crecen y en su rostro se dibuja algo parecido a una sonrisa, también un “no” que esboza con sus labios en silencio. En sus manos aparece una pequeña libreta llena de fechas y lugares, de nombres, todo en base a lo que va contando la fiscalía y a los planes de operación militar que van siendo citados y examinados, uno por uno, como medios de investigación y prueba en su contra.

Sin esos planes –Operación Victoria 82, Operación Firmeza 83, Operación Sofía–, la fiscalía quizá tendría desventajas muy grandes para describir la forma en que ellos interpretan que funcionaba el ejército, y sólo, a su favor, tendrían leyes y decretos para repasar los años del gobierno de facto de 1982 y las funciones de cada uno de los acusados. Y son esos planes de operaciones los que han tenido en aprietos no sólo a los defendidos sino a una buena parte de los militares acusados en años recientes por delitos de lesa humanidad también. A la fecha hay más de 15 condenas para militares en retiro y comisionados militares.

Pero para llegar a los altos mandos, para llegar a lo que hoy sucede en las cortes, fue el ex presidente Álvaro Colom el que abrió la caja de expedientes (la caja de Pandora en contra de los militares acusados) al decir que se desclasificarían los planes contrainsurgentes de los años ochenta y serían otorgados al MP como pruebas de todo lo que había ocurrido. Colom declaraba: “si genocidio es la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, en Guatemala hubo genocidio, etnocidio y también la destrucción sistemática de líderes religiosos, políticos, sociales, universitarios, indígenas”.

Casi un año antes de aquellas declaraciones, en marzo de 2008, la defensa de Ríos Montt –integrada en parte por Francisco Rosales Marroquín, el mismo abogado grande y obeso que hoy no se despega de su lado en las audiencias y tampoco para ir al baño– había interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, en contra de certificar y publicar los documentos militares. “Estos”, argumentaban los abogados de Montt ante la Corte de Constitucionalidad (CC), “deben ser tratados aun hoy como secreto de Estado”. La CC contestó en su resolución que todos los documentos podían darse a conocer puesto que, luego de casi 30 años, “no hay riesgo inminente para la integridad y seguridad del Estado”.

Ese mismo día –el día del discurso de Álvaro Colom y de la conmemoración de las víctimas del conflicto armado– el ex Ministro de la Defensa, Abraham Valenzuela, entregó los planes certificados ante el Juez Segundo de Primera Instancia Penal, aunque a medias. Faltaron los planes de asuntos civiles ixil, y el Plan de operaciones Sofía. No existían en original. Se habían perdido. Esas fueron, al menos, parte de las excusas que dio el ex ministro de la defensa.

Aunque para esa fecha ya circulaban otras copias, algunas que parecían fidedignas.

Hoy, ante el juez Gálvez, la firma de Rodríguez Sánchez aparece en los documentos. Y Ríos Montt es nombrado en los planes de operación como Comandante General del Ejército de Guatemala.

Ambos acusados escuchan a la fiscalía en su intento por describir la línea de mando, la comunicación desde las tropas a los comandantes, de los comandantes al Jefe de Inteligencia (José Rodríguez Sánchez), del Jefe de Inteligencia al Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional (Héctor Mario López Fuentes), del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional al Ministro de la Defensa (Humberto Mejía Víctores), del Ministro de la Defensa al Jefe de Estado (Efraín Ríos Montt) y viceversa. De abajo hacia arriba, y de arriba hacia abajo, durante 1982 y 1983.

“Estos documentos, señor juez, estos planes de operación”, dice la fiscalía, “son la evidencia para afirmar que el acusado tenía conocimiento, en tiempo real, de todo lo que ocurría, de todo lo que el ejército hacía. También de las masacres en el área ixil”.

La última intervención en este primer día de audiencia por parte de los abogados de la fiscalía de derechos humanos del MP, luego de ocho horas de acusaciones, concluye en la petición al juez Gálvez para que dicte el auto de apertura a juicio en contra de los militares acusados. Allí, dicen, se probará la culpabilidad de los ex generales acusados de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.

Ríos Montt y Rodríguez Sánchez por un breve momento, cuando el juez ya ha aplazado un día la intervención de sus defensores, se saludan y se sonríen como viejos camaradas. Luego los dos desaparecen, despacio, rodeados de sus familiares y los escoltas del Sistema Penitenciario.

Hay quien pregunta, frente a los elevadores del edificio de tribunales, a esta hora de la tarde, si en este caso de genocidio en el área ixil no eran tres y no dos los ex generales acusados. El gran ausente, en efecto, es Héctor Mario López Fuentes, de 81 años de edad, enfermo de cáncer y con un derrame cerebral reciente, a la espera de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) evalúe si su salud es mínimamente aceptable para que el MP continúe con su proceso. Es por ello que no ha podido llegar a los tribunales a escuchar las acusaciones. Y aunque fue el primero en ser capturado, desde junio de 2011, es una de las piezas que falta en el rompecabezas de imputaciones que arma la fiscalía en la audiencia que apenas termina en esta tarde.

Sánchez regresará al hospital militar donde cumple prisión preventiva. Ríos Montt, por su parte, irá a casa, al arresto domiciliario que le ordenaron desde su primera declaración, el 26 de enero de 2012. La audiencia continuará mañana.

Día dos, por la tarde. La defensa de los ex generales.

Hoy la defensa de Ríos Montt y, luego, la de Rodríguez Sánchez presentarán los contraargumentos necesarios para cuestionar las acusaciones de la fiscalía. A esta hora, cerca de las dos de la tarde, ya los abogados han escuchado, durante toda la mañana, cómo los querellantes adhesivos y representantes de familiares de las víctimas respaldaron la imputación de la fiscalía. Tras cuatro horas, el abogado Héctor Reyes, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, y el abogado Édgar Pérez, miembro de la Asociación de Justicia y Reconciliación, no aportaron nada nuevo. Ahora es el turno de la defensa.

Los abogados, Fernando Marroquín, Danilo Rodríguez y Marco Antonio Cornejo, sentados alrededor de Ríos Montt, como paralizados, despiden un halo de tranquilidad extraña; parecen poco impacientes, serenos y seguros. Es lo que ocurre cuando todos en la sala, durante un receso, esperan a que regrese el juez Gálvez a su silla. Que el tiempo de la audiencia reanude su marcha. Salga del impasse. Y más que cualquier otra cosa, que se acabe la expectativa que existe en torno a lo que dirá la defensa en favor de los impugnados.

El tiempo de espera es algo que, al parecer, para los abogados de los ex generales, nunca ha importado. Incluso antes de llegar a esta fase en la que se decide si los ex generales irán a juicio o no, la defensa siempre jugó a ganar tiempo. Ya en junio de 2011, cuando el primer ex general en ser capturado por el caso de genocidio en el área ixil, Héctor Mario López Fuentes, asistía a su primera declaración en tribunales, el 20 de aquel mes, hubo tiempo para tomar nota y esbozar algunos apuntes sobre lo que marcaría una tendencia por el lado de los acusados.

Desde aquel entonces, decían los abogados defensores, a manera de ejemplo, en cuanto el juez les otorgaba la palabra:

–Disculpe, honorable juzgador, quiero protestar por esto o aquello… (Fuero militar, amnistía, recusación al juez de Mayor Riesgo, competencia por declinatoria, falta de acción para persecución penal, objeción a los peritajes, objeción a los peritos, validez jurídica del plan Sofía, antejuicio a la fiscal general, objeción a los peritajes antropológicos forenses, etcétera).

El juez, de regreso a su posición de contralor del proceso, simplemente declaraba “sin lugar” cada uno de los incidentes.

–¡Protesto! ¡Protesto! ¡Apelación! –fue siempre el reclamo de la defensa.

Cada demanda, entonces, era conocida por la sala primera o la cuarta de apelaciones del organismo judicial. Cuando se rechazaba por este nuevo órgano jurisdiccional, la defensa exclamaba: “¡Protesto! ¡Protesto!”. La apelación, a petición de los abogados de Montt, Fuentes y Sánchez, ahora se transformaba en un amparo, y el amparo era conocido por la cámara de amparos y antejuicios de la Corte Suprema de Justicia. Luego, una vez más declarado “sin lugar” por la CSJ, el amparo era revisado por el ente más importante de justicia en el país: la Corte de Constitucionalidad.

En total, durante la fase de investigación de este caso, se presentaron 36 incidentes ante los juzgados: 19 por parte de la defensa de Ríos Montt, diez de los abogados de López Fuentes y siete pronunciamientos de los defensores de Rodríguez Sánchez, según el recuento de Impunity Watch. De ellos 21 fueron rechazados definitivamente, 13 están pendientes de resolverse y hay dos, de los cuales, no se tiene mayor información. Queda claro que para cualquiera que se acerque, por simple y llana curiosidad, a tratar de entender cómo funciona el Sistema de Justicia de Guatemala, al final todo le podría llegar a parecer un tremendo embrollo, o más bien, un complejo, reiterativo y maldito dolor de cabeza. Entre protesta, apelación y amparos, han transcurrido más de 16 meses.

Si se le pregunta a la fiscalía de derechos humanos:

–¿Qué sucede con todos los incidentes planteados en la fase de investigación que todavía están pendientes de resolverse?

La respuesta es:

–No pasa nada. Nunca, ninguno de los órganos jurisdiccionales dictó amparo provisional.

Es decir, los abogados defensores plantearon una estrategia de demora que en efecto ganó tiempo pero que no detuvo el proceso.

Día dos, por la tarde. Todo el tiempo de la defensa.

En la sala hace calor. El panorama no ha cambiado demasiado. Los abogados parecen tener esa especial capacidad, a diferencia de aquellos a quienes representan, de convertirse en estatuas. Están acostumbrados a pasar horas y horas en una postura única. Y ninguno –ni defensa ni fiscalía– intenta algún movimiento. Entre el púbico hay bostezos, hay gente profundamente dormida. Allí están los militares y los familiares de los militares. Allí también están los familiares de las víctimas y los observadores internacionales. A veces sus territorios están bien delimitados y no pareciera haber problema, pero inevitablemente, en tan pequeño espacio, se da permeabilidad y se notan las zonas tensas, las fronteras calientes, las miradas que se vuelven displicentes. En su fuero interno, cada uno se ve obligado a relajarse, y lo mejor es retornar la vista a donde los abogados siguen congelados, como paletas heladas, a pesar del calor.

Ríos Montt, la mayor parte de las veces, está blindado por sus cinco abogados que siempre lo han representado: tres técnicos y dos que toman la palabra por él. A su lado izquierdo, infaltable, está Fernando Marroquín, voluminoso e inmóvil, al que acude si necesita murmurar o pedir permiso para ir al sanitario. A su derecha, por lo habitual, lo flanquea el ex parlamentario del Parlacen Marco Antonio Cornejo, parco, con su bigote retocado y estilizado por la máquina de afeitar. El otro técnico es Maximiliano Cermeño, pero pocas veces llega a las audiencias. Y frente a Ríos Montt, se encuentra la primera línea de batalla ante los tribunales: Danilo Rodríguez, el criticado ex guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y Francisco Palomo, cerebro detrás de toda su defensa, ex magistrado suplente de la CC cuando se dio por aceptada la candidatura de Ríos Montt a la presidencia, en 2003 y ex diputado del Parlacen por el partido Frente Repúblicano Guatemalteco (FRG).

Rodríguez Sánchez, por su parte, cuida su posición tras dos intermediarios: Saúl Calderón, el más histriónico y dramático de todos los abogados a la hora de expresarse, y Moisés Galindo, el abogado que ha sido representante, en más de alguna ocasión, de cada uno de los acusados. Es visto, entre algunos periodistas que han dado seguimiento al caso, como la bisagra entre las tres defensas. Y por el El Ministerio Público y la Comisión internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig) como presunto culpable de un desfalco millonario al Ministerio de la Defensa, durante el gobierno de Alfonso Portillo. Todo ese séquito –en el que falta Juan Carlos Corzo, abogado de López Fuentes y prófugo por el delito de lavado de dinero desde octubre pasado– es el que coordinó, durante año y medio, todos los incidentes que no pudieron frenar el proceso en contra de los militares.

A veces, las defensas se han unificado y reclaman exactamente lo mismo, otras pareciera que han sacrificado a uno de los ex generales en favor de otro general, y la mayor parte del tiempo, como era de esperarse, luchan cada uno por sus propios intereses. El reclamo de amnistía –la ley de reconciliación Nacional 145-96 y el decreto 8-86– fue el último tema que los aglutinó, aunque en distintos tiempos, en un solo bloque. López Fuentes reclamó que la Amnistía consistía en la extinción total de la responsabilidad penal por los delitos políticos cometidos en el enfrentamiento armado interno. Rodríguez Sánchez apeló justificando que la Amnistía contenida en la legislación actual era para todas las partes involucradas en el conflicto interno. Y Ríos Montt fue más allá, argumentó, en primer lugar, que todos los delitos políticos y conexos están amnistiados por el decreto 8-86, y que los delitos de genocidio y desaparición forzada están contemplados en la ley 145-96, pero que en su caso no es válida. Su argumento más reiterativo es que a él lo amnistía la ley 8-86, aunque haya sido derogada, y que la ley vigente, en sus artículos 8 y 11 no tiene retroactividad, mucho menos en el delito de genocidio. “Para mi defendido, la ley 8-86 es un derecho adquirido con anterioridad, que no se le puede quitar”, ha explicado Francisco Palomo. Es un tema pendiente todavía ante la CC.

En otras ocasiones, los abogados alegan igualdad. Por ejemplo, Ríos Montt tiene orden de arresto domiciliario. Así lo ordenó la juez Patricia Flores (recusada por los tres acusados hasta que lograron que otro juez conociera) desde la primera declaración de Montt. Rodríguez Sánchez y López Fuentes guardan prisión preventiva en el hospital. En audiencia, estos últimos, reclamaron que querían una medida sustitutiva como la de Ríos Montt. El juez, Miguel Ángel Gálvez, al declarar sin lugar ese incidente, les preguntó: “¿Por qué ustedes querrían volver a su casa si uno está enfermo de cáncer y otro tiene operada la rodilla?”. Los abogados apelaron. Parecía una insubordinación dentro de la jerarquía, incluso estropear el arresto domiciliario de Ríos Montt y que se le dictara prisión preventiva. Llegó un amparo, por parte de los querellantes adhesivos, para restituir a la juez Flores, y todavía hoy esperan que se resuelva.

Día dos, todavía por la tarde. La defensa de Ríos Montt.

El Sistema de Justicia es en gran parte procedimiento, espera y paciencia. Además de impredecible, es también un acertijo en cuya respuesta se cambia para siempre la vida de las personas. Y como ocurre en este juzgado, ambas partes reacomodan y reconstruyen la misma realidad de maneras distintas. Nadie niega que los hechos ocurrieron, es sólo que sucedió de otro modo. Que hubo otra manera de actuar.

A las 2 de la tarde la audiencia ya se ha reanudado. Danilo Rodríguez está atareado en repasar la historia de la guerrilla, sus causas, sus efectos, en fin, la justificación del comportamiento del ejército durante los años del conflicto armado interno, y con mayor énfasis, entre 1982 y 1983. “Se trataba de una crisis nacional, donde el objetivo principal eran los grupos subversivos”, argumenta Rodríguez. Atrapado en esa convicción está cuando inicia a pronunciar, uno a uno, los logros políticos de Ríos Montt a lo largo de toda su carrera. Presidente electo (sic), jefe de estado (de facto), presidente en el Congreso de la República, candidato. En la sala todos guardan silencio. Las cámaras de televisión se enfocan en un Ríos Montt que mueve la cabeza de arriba abajo, en señal de consentimiento, aunque hay quien comenta que solo son movimientos involuntarios de la enfermedad de Parkinson. No se sabe. De momento la defensa guarda un as bajo la manga. Lo saca en cuanto llega a la parte en la que necesita refutar los planes de operaciones. Rodríguez admite la existencia y certificación de los planes Victoria 82 y Firmeza 83 y cuestiona los otros.

“En ninguno de ellos se menciona un ataque o una catalogación directa en contra de la etnia ixil,  señor juez”. Cuestiona, también, las frases resaltadas por la fiscalía para indicar un ataque sistemático en contra de la etnia ixil. Su procedencia es una revista militar y no un documento oficial certificado. “Las opiniones son responsabilidad de los autores y no representan una postura de la institución armada”, lee Rodríguez y en la sala se producen pequeños focos de murmullos. “Por lo tanto”, prosigue Rodríguez, “no existe alusión directa, en ninguno de los planes oficiales, en contra de la etnia ixil”. La fiscalía y no pocas personas en la sala se quedan inquietas. El juez intenta mantenerse inexpresivo y lo logra.

Luego el abogado, al terminar su intervención de casi 4 horas, pide que se declare la clausura provisional para su cliente. Significa que, en caso de que el MP quiera continuar con las acusaciones, debe haber más tiempo para acreditar la investigación. Otros 6 meses más. La defensa está pidiendo volver al principio y de nuevo, ganar más tiempo. El juez y todos en la sala tratan de estirarse. Y se aplaza la audiencia un día para escuchar a la defensa de Rodríguez Sánchez. Ríos Montt se ve revitalizado luego de escuchar a su abogado, le da unas palmaditas en la espalda. Todo es felicidad.

Día tres, por la mañana. El último argumento de Rodríguez Sánchez.

Más sucinto aunque todavía más histriónico y con un tono de voz que llena toda la sala, el abogado Saúl Calderón, a primera hora de la mañana, expone que Rodríguez Sánchez no podía conocer todo lo que ocurría. La línea de mando del acusado, según su defensor, era unilateral, de una sola vía, y era “técnica administrativa”, sin ningún subordinado a su mando. Calderón lo acredita con un organigrama de jerarquías en el ejército. La sección de inteligencia aparece como G-2 y “bajo ella nadie tiene órdenes”, indica, grita, Calderón para desdecir a la fiscalía. Y cuando habla de los planes de operaciones, hace hincapié en que no tiene dedicatoria especial para un área en particular, “eran pensados para toda la república”. Cifras del Instituto Nacional de Estadística le sirven a Calderón para cuestionar el genocidio de la etnia ixil; creció de 44 mil en 1981 a 105 mil 417 en 2002.

Antes de pedir el sobreseimiento, es decir, la libertad de Rodríguez Sánchez porque no hay pruebas suficientes en su contra, Calderón dice que la fiscalía no ha acreditado lo suficientemente bien los cargos. “¿Dónde están los informes, las órdenes, las supervisiones que realizó el Jefe de Inteligencia?”, pregunta. “Simplemente no las tienen”.

La parte que sigue, en el ambiente de los tribunales, es la parte en la que todos están despiertos. Casi todos en una posición recta. El juez habla y la sala escucha. Ríos Montt, sin embargo, está encorvado, inclinado en dirección del juez. Rodríguez Sánchez sigue aburrido en su silla, con una mano sosteniendo su cabeza y la otra moviendo su bastón. Es curioso estar tan cerca de estos personajes. Se pueden ver sus canas, todas sus arrugas, sus manos cuando tiemblan. En su época, cuando mandaron en el país, la proximidad era algo poco permitido. El país entero prestaba atención a lo que ordenaban. Los tiempos han cambiado. Y más que tomar partido en esta sala polarizada, entre las miradas de odio que se dan, la cuestión es ver de cerca al Sistema de Justicia. Sus grietas y sus pliegues. No se sabe lo que se resolverá. Los ex militares y sus familiares en la sala dicen que la decisión ya está tomada: “Ríos Montt y Rodríguez Sánchez irán a juicio porque la justicia está cooptada”. El fiscal López opina también que eso será lo que ocurrirá, pero por otras razones. El juez, indicando que por las particularidades tan difíciles del caso, dice que sería muy irresponsable dar una resolución improvisada, y pide tres días para repasar las exposiciones y da por concluida la audiencia. Ahora los acusados se abren paso nuevamente entre periodistas, micrófonos y cámaras de televisión. Van agobiados. No dan declaraciones. Rodríguez Sánchez es el primero en dejar el edificio, va en su silla de ruedas y su traje del hospital donde guarda prisión preventiva. Le sigue, minutos más tarde, Ríos Montt, a casa, al arresto domiciliario; su porte es elegante. A estas horas, los dos tienen claro a dónde irán esta noche, pero no saben, todavía, si irán a juicio o no en su contra. La audiencia es algo que todavía no ha terminado.