El líder de Codeca asesinado en una librería

A Luis Arturo Marroquín, de 47 años, lo mataron de nueve balazos.

Miércoles, 9 de mayo, 8:00 horas, aproximadamente. Luis Arturo Marroquín aborda un autobús en Jalapa, en el oriente de Guatemala. Tiene prevista una asamblea en San Luis Jilotepeque, a 45 kilómetros; una hora y cuarto de camino en carro. Nunca llegará a participar en ella. Marroquín es coordinador regional del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y miembro de su directiva nacional. Hasta ese día su rutina diaria era desplazarse de comunidad en comunidad dirigiendo a los equipos de la organización campesina que, hoy en día tiene la mayor capacidad de movilización a nivel nacional. La única diferencia respecto a otras jornadas es que este miércoles el líder campesino no viaja en el vehículo que compró con ayuda de su hijo y sobrino, emigrados en Estados Unidos como más de un millón de guatemaltecos.

“El día del hecho me llamó y me dijo: ‘mirá mamita, voy a dejar el carro para que se vayan a Jalapa, para que no les cueste, si yo regreso me voy con ustedes y si no pues ya me regreso en bus’”, explica su hija, Jenia Elizabeth Marroquín Pérez, de 28 años.

El dirigente de Codeca tenía reuniones previstas para el jueves, pero, quién sabe, quizás pensó que podía cuadrar todo y cenar con su familia por el Día de la Madre. 

Miércoles, 9 de mayo, 9:00 horas, aproximadamente. Luis Marroquín yace muerto en una librería en el parque central de San Luis Jilotepeque. Playera verde con las gafas enganchadas en el cuello, boca arriba, brazos extendidos, pantalones vaqueros, botas marrón claro y cinturón de cuero. Un charco de sangre en la nuca. Manchas rojas en el costado.

A Luis Marroquín lo mataron cuando iba a hacer unas fotocopias, lo que parece descartar que entrase en la librería tratando de evitar a sus futuros asesinos. Testigos presenciales, que en este caso no pasan de ser fuentes de tercera mano, afirman que el carro en el que se trasladaban los asesinos venía siguiéndole desde Jalapa. Según un comunicado de Codeca, se trataría de un Toyota Hilux negro.

Marroquín entró en la tienda y dos hombres, embozados, no encapuchados, le dispararon por la espalda. Se corrió el rumor de que el vehículo había sido detenido posteriormente, pero ni el Ministerio Público (MP) ni la Policía Nacional Civil (PNC) confirman nada, alegando que el caso se encuentra en proceso de investigación.

Por el momento no hay arrestados.

En Guatemala murieron asesinadas 4.410 personas en 2017, según datos de la PNC. Eso supone una tasa de 27 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

La Organización Mundial de la Salud considera “pandemia” cuando el número de homicidios supera los 10 por cada 100 mil.

El departamento de Jalapa no es de los más violentos de Guatemala. Se encuentra exactamente en la media. El año pasado se registraron 104 homicidios, más o menos uno cada tres días y medio, lo que deja la misma tasa que a nivel nacional: 27 asesinatos por cada 100 mil personas, según datos de la asociación Diálogos, especialista en estadísticas sobre violencia homicida.

El asesinato de Marroquín llega en un contexto muy concreto. El 2 de mayo, ante cientos de personas que secundaron una marcha convocada por los vendedores ambulantes en el parque central de Guatemala, el presidente Jimmy Morales azuzaba el discurso contra Codeca. Le vinculó con la muerte de un niño que padecía cáncer durante un bloqueo que tuvo lugar el 2 de septiembre del año pasado. Señaló al MP por no investigar las supuestas “dos mil denuncias” contra la organización campesina.

Una semana después Marroquín estaba muerto y Codeca, a través de un comunicado, señalaba al gobierno de Morales como responsable.

El portavoz del Ejecutivo, Heinz Hiemann, dijo que no se pretendía poner en el punto de mira a los dirigentes campesinos el mismo día en el que su gobierno instaba a la marcha de la embajadora de Venezuela, Elena Alicia Salcedo Poleo. El retiro de la diplomática fue solicitado por haber mantenido relaciones de amistad con Codeca.

El gobierno también pidió que fuese relevado el jefe de la legación sueca, Anders Kompass, pero esa es otra historia.

“Ese odio, ese ataque que hizo el presidente ante los vendedores, desde allí viene la criminalización y la persecución. Está claro que cuando nos organizamos para defender derechos luego nos persiguen”, dice Thelma Cabrera, presidenta nacional del comité campesino.

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Los sucesos se enumeran por orden cronológico. No tiene por qué existir una relación de causa-efecto, pero lo cierto es que ocurrieron así.

En cinco días, tras el asesinato de Marroquín, otros dos dirigentes indígenas han muerto en circunstancias similares. José Can Xol, miembro del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), fue asesinado de varios disparos en Choctún Basilá, Alta Verapaz, el 10 de mayo. Cuatro días después, Mateo Chamán Paau, integrante del mismo grupo, apareció con un tiro en la espalda en la comunidad San Juan de los Ríos, en Cobán, en el mismo departamento de Alta Verapaz.

“Hay actores con poder local que se amparan en el discurso del odio”, dice Claudia Samayoa, de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala  (Udefegua). No se puede afirmar que el Ejecutivo haya ordenado directamente los asesinatos, dice, (aunque tampoco hay pruebas que sostengan esta tesis), pero sí que han dado cobertura a una cierta sensación de impunidad.

Según las cifras de Udefegua, 11 defensores fueron asesinados en 2015; 10 en 2016, y 52 en 2017. “Esperemos que sea una excepción”, dice Samayoa a través de Whatsapp, con relación al incremento en el número de homicidios. Codeca, además de su enfrentamiento con Jimmy Morales, se encuentra en momento clave: el proceso de constitución de lo que denomina “instrumento político”. Según Neftalí López, dirigente de la organización, ya han logrado recabar las 23.500 adhesiones que marca la Ley Electoral y de Partidos Políticos para constituirse como partido político. El dirigente campesino explica que este fin de semana celebraron asambleas en 130 municipios de 17 departamentos. La norma obliga a celebrar encuentros en 50 municipios de 12 departamentos, con lo que el número ha sido superado.

“Esto es todavía un proceso”, dice López. El objetivo de Codeca es que su partido político pueda presentarse a las elecciones de 2019. Luis Marroquín era el encargado de coordinar las asambleas en Jalapa. “Si pensaban que con este asesinato iban a desmotivar a la gente están equivocados”, dice Denis Rolando Agustín López, secretario regional de Codeca en San Pedro Pinula.

Dos días después de que sus compañeros despidiesen a su líder departamental, Codeca celebraría su asamblea en ese departamento.

Un campesino que quiso ser alcalde

Para llegar a Carrizal Grande hay que atravesar al menos una hora de terracería. Puede hacerse desde un desvío antes de llegar a Jalapa, la cabecera departamental, o desde San Pedro Pinula. El resultado es el mismo. Un camino empinado, tierra, y casitas de adobe esparcidas por el trayecto. Se trata de un paisaje seco, de matorral y pino y tonos ocres, de claros que desvelan que cultivar supone un mayor esfuerzo que en zonas más fértiles.

En algunas de las aldeas, como Las Agujitas o Las Crucitas, se encuentran carteles que reivindican una de las principales demandas de Codeca: la nacionalización de la energía eléctrica. Es como una carta de presentación.

Este es un terreno humilde y puede comprobarse a simple vista. Aquí nació, hace 47 años, Luis Marroquín, y aquí lo despedirán las decenas de personas que participan en los dos días de velorio y posterior entierro en el cementerio de Carrizal Grande, una de las 66 comunidades de San Pedro Pinula, municipio en el que residen unas 10 mil personas.

Marroquín estaba casado con María Ángela Pérez Padilla, de 46 años. Tuvo cinco hijos: Erick Estuardo, de 29 años; Jenia Elizabeth, de 28; Ángel de Jesús, de 26; Luis Alexander, de 24; Héctor David, de 22.

El primero reside en Estados Unidos. Hace cinco años, frustrado ante las dificultades para obtener un empleo y con la esperanza de ahorrar para luego regresar, marchó como “mojado”. Logró su objetivo. No pudo llegar al entierro de su papá, a quien ayudaba con las remesas.

Viernes 11 de mayo, 13:00 horas, aproximadamente. “Él siempre se quedaba con sus cosas”, era reservado, dice la segunda hija, Jenia Elizabeth Marroquín Pérez, preguntada sobre si su papá tenía miedo, si pensaba que algún día podían matarle.  Ella es la encargada de atender a las visitas en el domicilio familiar construido de adobe en el que se celebra el velorio. Se trata de una estructura humilde, con tres habitaciones, al que se accede desde la carretera, un camino angosto de terracería que puede recorrerse en camioneta por Q5.

En la entrada, carteles que reivindican el carácter de “mártir” de Marroquín. También, banderas de Codeca. El recinto habilitado para el responso no es lo suficientemente grande, no caben todos, así que la gente aguarda en el exterior de la casa. Quienes han logrado un espacio, esperan sentados en las sillas de plástico cubiertas bajo un toldo que protege del sol. Para comer, tortillas. Aún en los contextos más humildes servir alimentos durante el velorio forma parte de la politesse imprescindible.

Preguntada nuevamente sobre si su papá había recibido amenazas, Jenia Elizabeth dice no tener constancia. El dirigente de Codeca era hombre de no callarse cuando se trataba de disputas políticas, dice, pero sí hermético sobre cuestiones más personales. “Una vez, tengo entendido que le dijeron a un amigo que si no se apartaba hasta él se iba a ir. Pero fue una llamada anónimo. De ahí nada más sabemos. Siempre ha habido contrarios”.

Agricultor de profesión, y muy implicado en la iglesia católica, entró en política, en la corporación municipal de San Pedro Pinula, por parte de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), tras las elecciones de 2007. En 2015 trataría de acceder a la alcaldía encabezando la lista de la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG). No lo consiguió. Fue derrotado por el actual alcalde, José Manuel Méndez Alonzo, que concurrió a las elecciones por el Partido Patriota (PP), posteriormente disuelto por financiamiento ilícito.

Es posible que Marroquín pensase presentarse a las elecciones de 2019 en alguna lista apoyada por Codeca. Por el momento, según explican sus compañeros, no se han celebrado asambleas para determinar los candidatos, así que no se sabe si tenía previsto intentar liderar alguna plancha.  

En el velorio nadie se atreve a señalar quién puede estar detrás de la muerte, pero las sospechas apuntan hacia la actividad política de la víctima.  

Hay tanta gente en la casa, de la propia aldea y llegados de otras zonas para presentar sus respetos, que es necesario vaciar una de las tres habitaciones para celebrar la entrevista. La otra es la cocina. La tercera está ocupada por el ataúd y las flores, que casi no caben.

Jenia Elizabeth, que hizo a su padre abuelo en dos ocasiones, habla con el piloto automático. Mirada fija en un punto por encima del hombro del entrevistador, voz mecánica, apoyándose en una familiar y dos miembros de Codeca cuando tiene dudas sobre algún detalle. No es fácil atender a decenas de personas cuando han matado a tu padre. Solo cuando se le pregunta acerca de los recuerdos más íntimos aparece el nudo en la garganta y asoman las lágrimas. “Solo me enseñó cosas buenas”, dice.

Ella será, subida en la palangana del carro, con el ataúd a sus pies, entre banderas de Codeca, quien organice el cortejo hasta el cementerio.

Hemos venido a preguntar por los motivos del asesinato y aunque es difícil que un familiar conozca o se atreva a decir las razones que llevan a un grupo de sicarios a ejecutar a su ser querido, es una tarea imprescindible para explicar el caso.

—¿Por qué cree que mataron a su padre?

—El gobierno ataca siempre a Codeca. El gobierno lo que quiere es más dinero, más dinero, más dinero. Nunca piensa en la gente pobre. Siempre ha sido contrario de Codeca.

—¿Cree que lo mataron por ser representante de Codeca?

—Estoy segura, por representar a Codeca, sí. Fue representante a nivel departamental, en muchas comunidades los contrarios no lo querían.

—¿Quiénes son los contrarios?

—Energuate y otros partidos. Codeca estaba fuerte, está, mejor dicho. A nivel municipio, a nivel departamental, a nivel nacional.

Llegados a este punto, la joven se queda pensativa. “Lo voy a mencionar”, dice, y habla sobre la mala relación existente entre su padre y Méndez Alonzo, el alcalde de San Pedro Pinula. “Mi papá no era hombre de pocas palabras. Él siempre le ha llevado la contraria”, afirma.

La víspera del asesinato, según la versión de la hija de la víctima, el alcalde habría visitado Carrizal Grande y habría criticado abiertamente a Marroquín. “Dijo que era un ladrón, para él era lo más bajo”, afirma.

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Plaza Pública trató de ponerse en contacto con Méndez Alonzo, pero no respondió a las llamadas ni los mensajes.

La hija repite una idea insistentemente: “no dejen que el asesinato quede impune”.

“Alguno tiene que morir”

“Amenazas directas, no. Pero sí son amenazas. Los Cocodes, alcaldes comunitarios, lamentablemente, como son politizados, andaban diciendo que más de alguno tiene que morir porque si no, no paramos la lucha que llevan ellos. Son amenazas que denunciamos, porque no pueden quedar impunes”, dice Denis Rolando Agustín López, secretario regional de Codeca en San Pedro Pinula.

“Ya sucedió lo que ellos dijeron”, reflexiona.

Agustín López ha acompañado a Marroquín en todas las experiencias políticas y sociales. Primero, como personas vinculadas a la Iglesia Católica. Posteriormente, en una primera reunión con Codeca, en la que Agustín recuerda que se encontraba Thelma Cabrera. Tuvo lugar en 2012 y ambos acudieron para informarse sobre el movimiento y su propuesta de Estado plurinacional y nacionalización de la energía. Dice que ellos fueron los primeros en impulsar el comité en esta zona.

Aunque se trata de una organización nacida en 1992, su evolución le ha llevado a pasar por diferentes fases. La actual es la de construcción de un sujeto político. Es decir, pasar de la denuncia en la calle y la movilización a la presentación de listas en los comicios de 2019 como partido político.

Según explica Neftalí López, Codeca tiene presencia en alrededor de 180 municipios de todo el país. Hay asambleas en Oriente, en la Costa Sur, en Petén. También ha crecido, dice, en Occidente, en lugares como Huehuetenango o Totonicapán, aunque en menor medida.

Sobre Jalapa, Agustín López relata un contexto de tensión entre quienes se suman a las protestas de Codeca y quienes observan con recelo sus iniciativas, especialmente la desconexión de los contadores de Energuate.

Carlos Alberto Salgado, campesino, miembro de Codeca en Las Agujitas, una comunidad a más de una hora por terracería de Carrizal Grande, explica que ellos tenían conocimiento de algunas amenazas. “Luis Marroquín recibió mensajes en los que un teléfono oculto le decía que ya sabían dónde almorzaba y dónde mantenía las reuniones”, afirma. Junto a varios compañeros, ha acudido en camioneta a los exteriores del domicilio del líder comunitario para presentar sus respetos. “Debe investigarse qué ocurrió, no puede quedar impune”. Critica a Energuate (hay pintas contra la empresa distribuidora de electricidad en toda la zona), a los Cocodes, al alcalde y al presidente, de forma genérica.

“No se puede señalar sin pruebas”, dice Joel Juárez, integrante de Codeca en Mataquescuintla.

“Trabajaba en la comunidad, era miembro de la iglesia, no tenía enemigos”, dice María Hortensia Pinto, una mujer entrada en años que ha acudido al sepelio de Marroquín.

“Él estaba luchando para ser alcalde. Nosotros somos pobres y él trabajaba por nosotros”, añade Juana Leticia Agustín Rodríguez.

A una de ellas se le escapa un intento de chisme, pero rápidamente corrige. “No habrá otro como él”.

Nada como morirte para que te echen flores, aunque no estés para escucharlas.

“Era un líder muy conocido. La mayor referencia a nivel comunicativo era su vinculación política y social”, dice Celia Isabel Aguirre, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en Jalapa.

En abril de 2017, Iván Velásquez, el principal responsable de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), consideraba que la falta de castigo al crimen asciende en Guatemala al 97%. Un dato a tener en cuenta si se aspira a saber quién y por qué mató a Luis Marroquín. A pesar del alto índice de homicidios existente en el país, es extraño que la familia de una víctima termine sabiendo quién apretó el gatillo o quién ordenó hacerlo.

“Confío en las leyes, pero no en quien tiene que aplicarlas”, resume Joel Juárez.

Vivir con Q30 al día

Existen dos características irrefutables acerca de Codeca. La primera, que se trata de la organización social con mayor capacidad de convocatoria en el país. La segunda, que se trata de la organización social que mayores animadversiones enciende.

Quizás para entender la organización a la que pertenecía Luis Marroquín sea imprescindible preguntar en Carrizal Grande acerca de cuánto gana cada uno de estos hombres de sombrero, machete atado al cinto y manos duras de trabajar la tierra.

El jornal de un campesino está entre los Q30 y un almuerzo y los Q45, coinciden en indicar una decena de agricultores preguntados durante el entierro de Marroquín.

Trabajando todos los días de la semana sin descanso, un campesino puede reunir Q900, casi un tercio del salario mínimo, que está en Q2800.

Un menú de Big Mac en McDonalds cuesta Q43.

Una cerveza Gallo en un bar en el centro de Guatemala puede costar a partir de Q20.

Un menú individual en Pollo Campero cuesta Q35.

Un almuerzo en un comedor cuesta Q20.

Marroquín o Rolando Agustín López o Carlos Alberto Salgado, tendrían que ahorrar para poder adquirir uno de estos productos para cada miembro de su familia.

Tras su reciente visita a Guatemala, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, dijo estar “extremadamente preocupada” por las “crecientes desigualdades en el país y por el fracaso del Estado para eliminar la discriminación estructural y la falta de asignación de fondos para abordar la grave situación de los pueblos indígenas”. En su estancia, mantuvo reuniones con diferentes comunidades y se encontró también con líderes encarcelados, como Bernardo Caal en Cobán o Abelino Chub Caal en el preventivo de la zona 18, en la capital.

El 40% de los pueblos indígenas sufren condiciones de pobreza extrema. La pobreza se ha incrementado un 22% en la última década.

En este contexto crece Codeca. Su propuesta: una asamblea constituyente que lleve a un Estado plurinacional. “Nosotros ahora no tenemos Estado, no nos representa”, dice Thelma Cabrera.

Según Agustín López, los vecinos de San Pedro Pinula pagan a Energuate facturas de entre Q150 y Q500. “Las familias piden formar parte de la asamblea, estar en la lucha. Entonces se celebra una reunión y se decide si se acepta o no. Es imprescindible que se acepten las condiciones, como participar en las protestas. Si se da el visto bueno, se firma un acta y se comienza la resistencia”, dice René Méndez Hernández, de 55 años, agricultor de El Tobón, también en Jalapa.

A partir de ahí se abre la “declaración de resistencia”. Es decir, esa familia se desconecta del medidor eléctrico y se enchufa directamente a la red.

La mitad de Carrizal Grande se ha declarado en resistencia. Esto quiere decir que no pagan a Energuate. En muchas viviendas pueden verse carteles en los que se reivindica que la energía eléctrica es un derecho. “Las familias que no podían pagar Q150 o Q200 deciden si apoyan a la asamblea con lo que puedan. Pueden ser Q25, Q30, eso es voluntario”, dice Méndez Hernández.

“Los artículos 44 y 45 de la Constitución Política de la República dicen que es legítima la resistencia. No nos lo hemos sacado de la manga. Las leyes son buenas, son las autoridades las que no lo son”; afirma Joel Juárez.

Los críticos con Codeca le acusan de robar energía.

“Los que nos tratan de ladrones son la oligarquía, el Cacif… El gobierno ha dicho que tenemos mil denuncias en contra de la organización. Pero no es así. Publican que hay líderes de la organización presos, no es así. Es difamación”, dice Denis Rolando Agustín López. Asegura que “no es que no queramos pagar. Pedimos la nacionalización de los bienes del Estado y, entre ellos, la energía eléctrica. Que las empresas trasnacionales no se lleven el poco dinero que ganamos a otro país”.

Son las 14:00 horas del viernes, 11 de mayo, y Luis Arturo Marroquín, el líder de Codeca asesinado a balazos, realiza su último trayecto. El féretro va en la palangana de un picop. Por delante, una manta: “Por la lucha del pueblo de Guatemala. Codeca-Presente”. Tras el carro fúnebre, una banda de música. Detrás, una larguísima comitiva. El empleado de la funeraria comentará que no es habitual ver tantos asistentes a un sepelio. Que normalmente solo acude la familia y allegados más cercanos.

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“Solo les interesa desacreditarnos, dicen que somos ladrones, desestabilizadores, pero nosotros somos el pueblo pobre”. Desde el asiento del copiloto del picop, Agustín López arenga a los asistentes. Denuncia las condiciones de vida de los campesinos, señala a empresarios y al presidente Jimmy Morales, aquel que ha convertido Codeca en su “bestia negra” durante uno de los momentos más difíciles de su mandato.

Luis Marroquín tenía previsto participar en la asamblea de la Agujita que se celebró este domingo. Él no estuvo, pero el encuentro se realizó. Thelma Cabrera explica que la misma semana en la que su compañero de movimiento fue asesinado, Codeca entregó las últimas adhesiones que deberían permitirle legalizar una lista con la que concurrir a elecciones.

El domingo 18 de mayo, la organización campesina celebrará una asamblea regional para sustituir a su líder asesinado.

“El movimiento es tan grande que tienen miedo”, dice Agustín López, en referencia a quien ordenase la muerte de su compañero.

Jenia Elizabeth Marroquín Pérez, hace una promesa: “Voy a apoyar en todo, darle seguimiento y luchar para dar con los responsables y saber por qué lo hicieron”.