El estudio técnico y sistemático del cambio climático, oficialmente a cargo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) desde finales de los años 1980, deja claro que se trata de un fenómeno global y abrupto que requiere la atención inmediata de la humanidad. El acercamiento tecnocrático, la naturaleza global del fenómeno y la responsabilidad difusa de su origen contribuyen a crear una imagen de un cambio climático todopoderoso.
Sin embargo, está claro que hoy el cambio climático no solo es un fenómeno natural observable y medible, sino que ha permeado la esfera política mediante un discurso que se alimenta de este carácter todopoderoso.
Un discurso construido sobre ese imaginario corre el riesgo de ser apropiado de manera acrítica, de volverse hegemónico y vía fácil para beneficiar intereses variados en nombre del cambio climático. Pero en realidad estos intereses pueden ser lejanos o hasta contrarios a los verdaderos problemas y soluciones relacionados con dicho problema.
En Guatemala existen políticas y leyes construidas explícitamente alrededor de argumentos vinculados al cambio climático, a su mitigación y a la adaptación a sus efectos. El caso de la legislación del sector eléctrico es ejemplar en ese sentido.
El desarrollo de la producción de energía limpia basada en el uso de recursos renovables es promovido desde las agendas internacionales como un mecanismo efectivo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y así mitigar el cambio climático. A nivel nacional, esto se ha traducido en la formulación de políticas y leyes que promueven la implementación de proyectos de generación de energía renovable. En Guatemala es importante mencionar la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable (decreto 52-2003), la Política Energética 2013-2027 y la Política Nacional de Cambio Climático.
El rápido desarrollo hidroeléctrico en el país resultado de esta legislación aporta elementos positivos desde la perspectiva de la mitigación del cambio climático. Sin embargo, a menudo los proyectos se desarrollan a nivel territorial bajo una lógica extractivista, excluyente y de despojo, de manera que se acrecienta la conflictividad de los territorios, lo que paradójicamente debilita las capacidades locales para enfrentar y adaptarse a los efectos del cambio climático.
La adaptación al cambio climático es, de hecho, otra expresión en boga de las agendas nacionales y de la cooperación internacional. Se ha vuelto la nueva punta de lanza de los organismos donantes. Sin embargo, no queda claro el alcance de la adaptación y se corre el riesgo de que quede corto para resolver las causas profundas y de origen estructural, que son las principales determinantes del riesgo que enfrenta la población más excluida y vulnerable.
Este es un llamado a los ciudadanos, a la academia, a los practicantes del cambio climático a ejercer una mirada más profunda y crítica a los discursos construidos alrededor de la etiqueta cambio climático, que muchas veces se enfatiza equivocadamente con mayúsculas. Existe el riesgo de que se utilice como cortina de humo para desviar la atención de problemas de fondo o para justificar nuevas formas de colonialismo verde.
Si bien el cambio climático es un fenómeno que merece nuestra inmediata atención, no es justificable que tome una importancia desproporcionada y que se releguen al olvido otros retos de fondo que tenemos que atender con igual inmediatez como sociedad para lograr un desarrollo integral que apunte al buen vivir.
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