La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) finalizó su mandato presentando varios casos de investigación, entre los que se encuentran las acusaciones en contra de las autoridades de la Usac. Es muy probable que si la Cicig continuara operando, existirían más implicados o se encontrarían evidencias para iniciar otras acusaciones en contra de otros funcionarios de la Usac. Incluyendo, por lo menos, a alguno de los candidatos actuales.
Para nadie es un secreto que hay muchas cosas que van mal en la universidad estatal. La participación en comisiones de postulación y la presencia de representaciones en distintos espacios estatales, han contribuido al extravío político institucional. El tráfico de influencias que favorece a figuras políticas fuera y dentro de la universidad se ha convertido en parte de la política universitaria. Hay una exclusión significativa de estudiantes, docentes y profesionales a la hora de las votaciones para rector y consejo superior universitario, lo que la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) trató de cambiar sin éxito en el proceso electoral pasado. El propio modelo de elección presenta serias dificultades. Y, encima de eso, no creo que ningún candidato y grupo de apoyo, pueda presentar un proyecto político-académico serio, que pueda reorientar la acción universitaria y que busque, como prioridad, elevar la formación (y aspectos conexos como la investigación).
Un proyecto serio y honesto debería gestarse con tiempo, con el apoyo de estudiantes y docentes, con la conciencia de que existen dificultades para poder llevarlo a cabo, incluyendo los intereses internos y externos que se opondrían, así como la enorme y grandísima inercia institucional. Incluso hay que contar que la Usac no es una institución homogénea. Ni en lo político ni en lo académico. Las facultades, escuelas, centros regionales y otras instancias funcionan en buena medida de manera independiente. El nivel educativo puede variar significativamente, incluso en distintas instancias dentro de una facultad o escuela. Esto es evidente incluso en la pandemia. Hay unidades académicas que han respondido mejor a los retos de la virtualidad, con plataformas funcionales y manteniendo el nivel educativo previo o dando respuestas todavía chapuceras. El caso es que esta heterogeneidad es otro de los aspectos a tomar en cuenta para formular un proyecto político académico serio, honesto y factible.
Para las elecciones por venir, hay que recordar lo vergonzoso que resulta que un rector y un ex rector se encuentren detenidos. Por acción u omisión, habrá que preguntar por el grado de responsabilidad que tenemos los sancarlistas frente a este hecho. Es cierto que hay una distancia enorme política, legal y moral entre el apoyo activo hacia las figuras detenidas (en el extremo, en la coparticipación de los hechos señalados) y la indiferencia hacia el manejo de la institución (indiferencia que se encuentra, además, extendida en otros ámbitos e instituciones).
Al menos hay que conocer y debatir sobre las opciones y desechar las peores.
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