La pandemia de covid-19 es una crisis mundial sin precedentes recientes y amenaza la vida de millones de personas. Los Gobiernos del mundo en general han tomado medidas cada vez más drásticas de aislamiento social para proteger la vida de sus ciudadanos. Es lo correcto: proteger la vida y la salud es la prioridad, sin discusión.
Pero no hay que ser economista para ver otras consecuencias de estas acciones, incluso aunque solo duraran algunos meses.
En el plano económico es catastrófico.
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Lo ilustra la declaración de este 17 de marzo de 2020 de Charles Michel, presidente del Consejo de la Unión Europea: «Tenemos que ser honestos con nuestros ciudadanos: esta es una crisis grave, una crisis larga y una crisis difícil».
Casi la totalidad de las empresas formales e informales, de los profesionales, de los asalariados y de los trabajadores independientes van a sufrir un desajuste por la caída de sus ingresos mientras se mantienen sus gastos. Países que van tres o cuatro semanas por delante en la evolución de su crisis acaban de anunciar medidas económicas inéditas. El 16 de marzo de 2020, La Vanguardia describía así el anuncio de un paquete de medidas económicas de 300,000 millones de euros (o del 12 % del PIB francés) jamás visto en Francia: «Macron ha anunciado esta noche medidas de choque inéditas, propias de tiempos de guerra, para mitigar el impacto de la epidemia de covid-19 en la economía nacional y en la vida de los ciudadanos».
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La analogía de La Vanguardia es justa. El golpe económico es similar a uno en tiempos de guerra: fronteras cerradas, cadenas de abastecimiento inestables, la gente en toque de queda sin salir de sus casas, etc.
Un paquete de medidas fiscales en Guatemala en la misma proporción del PIB (12 %) sería de 75,000 millones de quetzales. El Gobierno de Guatemala necesita actuar de forma contundente para también transmitir un mensaje de optimismo y evitar desesperación y caos.
Y sí se puede: no el 12 % del PIB, pero sí un paquete sin precedentes del 2 % del PIB o unos 12,000 millones de quetzales de utilización rápida y que lleguen a la gente afectada de forma directa y eficiente.
No es una readecuación presupuestaria. No es un programa de emergencia del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Mundial. No es un plan de atracción de inversiones o de clima de negocios. Es un plan de medidas excepcionales de sobrevivencia de empresas y de personas tomadas para mitigar una crisis económica y respaldar la guerra contra el covid-19.
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¿Qué podría contener una propuesta en quetzales (en números redondos)?
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| 7,000 millones |
Fondo de capital de trabajo para protección de empleo y de ingresos. Un aporte al CHN directo desde Finanzas (obligaciones a cargo del tesoro) destinado a conformar un fondo de crédito especial que financie, de forma directa y a través de fondos de segundo piso con bancos y cooperativas, líneas de crédito para empresas y cooperativas. Una empresa o cooperativa abre una línea de crédito de entre Q50,000 y Q2,000,000 con plazo de 7 años, a una tasa del 3 % anual, con 2 años de gracia (blandísimo), que en desembolsos mensuales se puede usar solo para:
- Pago de cuota patronal del IGSS.
- Apoyo en pago a nómina de hasta cuatro veces lo prestado para cuota patronal (11 % de salarios x 4), que cubre el 44 % de la remuneración. ¡Que la gente siga trabajando!
- Pago de impuestos: IVA, ISO, ISR.
- Pago de cuotas niveladas de préstamos o leasing usadas para equipo, capital de trabajo o inmuebles, y pago de intereses de préstamos previos al estado de calamidad (que deberán ser extendidos a un plazo mínimo de tres años obligatoriamente).
- Descuento de facturas a clientes (factoraje).
- Descuento de crédito fiscal IVA en proceso de devolución (hasta un 30 % del monto).
Líneas de crédito para profesionales y trabajadores independientes. De hasta un 30 % de su facturación anual o ingresos bancarizados en 2019 que en desembolsos mensuales se pueden usar solo para:
- Pago de arrendamiento de oficina, bodega, vivienda o equipamiento.
- Pago de impuestos.
- Pago de préstamos y financiamiento fiduciario o hipotecario, que incluye tarjetas de crédito y préstamos de cooperativas.
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| 2,500 millones |
Reducción del 75 % o más en pagos de luz y agua por cuatro meses
Luz barata. Un aporte de 1,800 millones de quetzales especial al INDE, directo desde Finanzas (obligaciones a cargo del tesoro), para aumentar el máximo de la tarifa social por cuatro meses a 500 KWh (hoy en la práctica es hasta 89 KWh; el tope de 300 KWh es igual a tarifa no social) y reducir el cobro de la distribuidoras de Q1.50/KWh en promedio a Q0.40/KWh. Esto rebaja el pago de un hogar de consumo de 300 KWh de Q600 a Q150 mensuales aproximadamente. Agua barata. Un aporte de 700 millones de quetzales directo desde Finanzas a empresas municipales de agua en todo el país con base en su historial de cobro de los últimos cuatro meses para cubrir un descuento del 75 % por reducción en cobros de canon de agua. |
| 2,500 millones |
Fondos para compensación de desempleo
Un aporte único al IGSS por 1,500 millones de quetzales para un seguro de trabajo. Cubrir por una vez los pagos a cotizantes que, habiendo cotizado al menos un año, pierdan o hayan perdido su trabajo durante 2019. Se necesita una ley que apruebe el aporte y que cambie el mandato del IGSS, que aprobará un reglamento específico. El programa pagaría por un máximo de seis meses el 60 % del salario mientras sigas desempleado. Una ampliación presupuestaria al Mides de 1,000 millones de quetzales para que el programa de transferencias condicionadas llegue a 300,000 familias más en todo el país, con un pago mensual con corresponsabilidad única en revisiones de salud, de mayo a diciembre de 2020. |
| Total: 12,000 millones de quetzales |
Las tres medidas de alivio anteriores se deben acompañar de medidas legislativa que incluyen:
- Normas especiales para renovación de créditos y capitalización de intereses sin mora para que los bancos y las cooperativas puedan restructurar sus préstamos.
- Moratoria en los cargos por mora en todos los servicios públicos: telefonía, recolección de basura, rentas y mantenimientos, etc.
- Aprobación de regulaciones conexas alrededor del mandato de las instituciones a cargo de las medidas y los mecanismos de transparencia y seguimiento.
- Un fortalecimiento presupuestario y patrimonial del sector salud anticipando la caída en la recaudación y la aprobación de fuentes blandas de financiamiento, como el crédito de apoyo presupuestario de 250 millones de dólares del BID o el préstamo de emergencias del Banco Mundial por 200 millones de dólares, son igualmente prioritarios.
- Hay al menos una docena de leyes de regulación económica (leasing, reformas al factoraje, reformas a la Ley de Bancos, trabajo de tiempo parcial, reformas a la Ley de Zonas Francas, etcétera) que ayudan con el mensaje de una más rápida recuperación y de mayor solidez en caso de que la crisis se prolongue.
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Todo el paquete requiere de la aprobación con mayoría calificada del Congreso (106 votos) para clarificar mandatos y roles, y también por la fuente de financiamiento.
Los 12,000 millones de quetzales del paquete de emergencia los debe prestar el Banco de Guatemala al Gobierno de Guatemala con base en el proceso descrito en el artículo 133 de la Constitución: «El Banco de Guatemala no podrá adquirir los valores que emitan o negocien en el mercado primario dichas entidades. Se exceptúa de estas prohibiciones el financiamiento que pueda concederse en casos de catástrofes o desastres públicos, siempre y cuando el mismo sea aprobado por las dos terceras partes del número total de diputados que integra el Congreso, a solicitud del presidente de la república…».
Este préstamo tiene un segundo efecto beneficioso: el monetario, haciendo uso de la herramienta monetaria conocida con el anglicismo de QE (quantitative easing), de mucho mayor poder de transmisión para incentivar la economía que la herramienta de la tasa de interés lider en un período de clara contracción del consumo. En este momento todos los bancos centrales que pueden hacen QE.
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Las medidas arriba descritas son una propuesta inicial que evidentemente requiere detalle y precisión, pero que busca demostrar que se pueden hacer cosas nuevas y de rápida implementación.
Son indispensables la voluntad política, un trabajo fino e intenso de los equipos técnico-legales para viabilizarlas en lo público-administrativo y la cooperación de entidades autónomas como el IGSS, las municipalidades, el INDE y de sector privado como bancos, cooperativas y distribuidoras eléctricas.
En la guerra contra el coronvirus, estamos obligados, como guatemaltecos y como legisladores, economistas, banqueros, empresarios, etcétera, a demostrar que tenemos la capacidad de ir más allá del paradigma vigente y a actuar con contundencia a la altura de las circunstancias.
Es nuestra responsabilidad aliviar el sufrimiento de los más necesitados y salvar vidas y el sustento de las familias.
Consideraciones institucional-legales y medidas no recomendadas
Fondo de crédito blando
El fondo se constituye como un aporte de capital (se traslada la titularidad) al Crédito Hipotecario Nacional con base en el artículo 44, inciso d, de la Ley Orgánica del CHN, con la constitución de un fondo especial regulado por la ley que determina el aporte para el uso por el CHN y a través de la intermediación de otros bancos del sistema y de cooperativas de ahorro y crédito con base en las condiciones y el destino descritos arriba.
«Artículo 44. Operaciones. El Crédito podrá realizar las siguientes operaciones: [...] d) Administrar y operar fideicomisos y fondos especiales».
Es un solo aporte al CHN, y la velocidad de implementación y de desembolso de esa cartera depende de la agilidad de los bancos y las cooperativas de ahorro socias.
La ley que aprueba el aporte establece los requisitos para su uso y mandato para emitir regulaciones específicas para el CHN, bancos y cooperativas. Si bien estos últimos gestionan la colocación de fondos del fondo especial del CHN, no son titulares de estos y no forman parte de su patrimonio (la figura a usar probablemente sea un fideicomiso), y se debe contemplar que del cobro haya una recuperación de gastos y gestión administrativa.
¿Qué pasa con el dinero que regresa de los créditos? La recuperación de la cartera va en parte a fortalecer al CHN, pero una parte puede quedar destinada a la creación de un fondo nacional de fomento, a normarse en una ley posterior, como un banco nacional de desarrollo de segundo piso o un banco de financiamiento de infraestructura, con lo cual se preparará el despegue y una recuperación económica sostenida.
Crédito de Banguat al Gobierno central
Se entra en un territorio nuevo e inédito al menos desde la reforma constitucional de 1993. Se necesita incorporar equipos del Banguat y de la Junta Monetaria para fijar los parámetros del préstamo y su gestión desde el punto de vista monetario, pues es indispensable la coordinación de política monetaria con este tipo de impulso fiscal.
El siguiente nivel de innovación por explorar. El crédito podría ser por un monto mayor: 12,000 millones de quetzales y 1,500 millones de dólares siempre en el marco de la emergencia. Los 12,000 millones de quetzales son para las medidas descritas en este artículo. Los 1,500 millones de dólares, para hacer una amortización de deuda e intereses anticipado en préstamos o eurobonos, liberando espacio de gasto de aproximadamente 2,000 millones de quetzales por los próximos 10 años, que podrían asignarse a un fortalecimiento dedicado a la salud. El coronavirus se va a abatir, pero vivirá con nosotros por mucho más tiempo, y fortalecer la resiliencia desde el primer nivel de atención es una prioridad nacional, por lo que, si bien el impacto de la inversión es a mediano plazo, es parte de la reacción a la catástrofe nacional. Sería como crear un fondo que se alimenta cada año de esos flujos de caja ahorrados. Desde el punto de vista del balance del Banguat, cambia activos/inversiones en el extranjero (reservas, parte de sus 15,000 millones de dólares) por activo/bono a largo plazo, a cobrar al Gobierno, como los bonos por pérdidas operativas. La ventaja de esta amortización afuera es que repercute en un casi nulo impacto en política monetaria local. ¡Va de $ afuera a $ afuera!
Cosas que no deben hacerse porque son mala idea
Es muy mala idea dejar de pagar impuestos o servicios. Una moratoria en el pago de impuestos solo generaría:
- Un enorme desorden en el financiamiento de gasto en seguridad, salud y educación, ya hoy en día complejo.
- Un beneficio desmedido a grandes contribuyentes.
- Una pérdida de moral tributaria difícil de recuperar.
- Vacíos legales constitucionales (por ejemplo, condonación o amnistía).
Lo mismo aplica para invitar simplemente a no pagar servicios básicos o créditos, con repercusiones en solvencia de empresas y en desorden y ejecución de contratos, atiborrando cortes por años.
El mecanismo es prestar o regalar dinero a quien lo necesita para que cumpla sus obligaciones. Suena a sacar de una bolsa para meter en otra, pero, en tema contractual y de obligaciones privadas y públicas, no hay forma de hacerlo diferente sin implicaciones y desorden más adelante.
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