Marchas campesinas han recorrido las calles de la capital para llegar a la sede de la CC, acuerpadas por organizaciones sociales y populares de toda índole y de todas siglas, para «exigir» resoluciones que estén de acuerdo con sus intereses. Por su parte, las cámaras empresariales, en particular el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), así como el Movimiento Cívico Nacional y articulistas de prensa tradicional y digital, abogan con argumentos económicos por que se permita continuar con las operaciones de estas hidroeléctricas.
Como espectador y sufriente usuario del sistema judicial y administrativo de Guatemala, me debato entre muchas preguntas y pocas respuestas.
Es legítimo presionar a los jueces en el momento en que están deliberando un asunto judicial que debe ser resuelto de conformidad a las leyes del país. La Ley del Organismo Judicial guía a los jueces sobre el fondo y la forma de sus resoluciones. Y aunque parezca una obviedad, los obliga a basarse únicamente en las leyes. Y a falta de estas, en otras fuentes perfectamente definidas.
Que una multitud esté bajo la ventana de los magistrados no ayuda a crear un sistema de justicia autónomo y confiable. Que un grupo social poderoso y decisivo en la economía guatemalteca les profetice a los magistrados de la CC un caos energético y financiero si no se revoca la resolución originada en la CSJ tampoco.
Sabemos que las altas autoridades administrativas de cada gobierno llegan como bucaneros al abordaje, a tomar posesión e incautar los tesoros de la corona. Estos son los puestos de mando con altas dosis de discrecionalidad en el manejo del presupuesto. El ciudadano con pequeños trámites o los empresarios con megaproyectos sufren o se aprovechan aleatoriamente de funcionarios rapaces o corruptibles, en unos casos, o indolentes y acomodados, en otros, con el fin de lograr una resolución necesaria para sus actividades personales o comerciales.
Así pues, tampoco desde afuera podemos tener certeza de la forma como el trámite administrativo se realizó y si se hizo adecuadamente. Discrecionalidad, plazos incumplidos, ausencia de reglamentos, diversidad de instituciones y resoluciones, direcciones, departamentos, ministerios y estudios hacen que todo trámite, el mío, el tuyo, el de cualquiera, esté bajo sospecha. Desde lograr una maldita licencia de construcción en la ciudad capital hasta ser el primero en la lista en lograr un documento personal de identificación cuando sea emitido, todo es caos, todo es corrupción, todo es ineptitud.
Volvamos a imaginarnos a ese magistrado elegido en un sistema de comisiones de postulación cuestionado, con compañeros de él en la cárcel, con declaraciones de radio y prensa que lo mencionan o reprenden, leyendo los comunicados que anuncian el apocalipsis energético desatado por su firma, con la amenaza de movilización de miles de campesinos y con una autoridad moral disminuida desde su origen. Este es el sistema que hemos creado. Este es el sistema que ha servido a todos los grupos para obtener victorias parciales. Este es el sistema que construimos durante años con cada acción corrupta. Este es el sistema que, después de tres meses, en otra guerra de trincheras, los diputados de la Guatemala inmutable no quieren modificar.
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