¿Es posible la salud reproductiva en Guatemala?

Luego, en el año 2006, en la revisión de este objetivo se decide agregar, como una acción adicional e igualmente importante, que toda mujer y todo hombre tengan acceso a servicios de planificación familiar libres e informados que les garanticen este acceso al desarrollo humano.

Paralelamente, en el año 2001, en Guatemala se promulga la Ley de Desarrollo Social, que establece el marco legal nacional inicial para el alcance del desarrollo y que define en salud, como sus intervenciones centrales, que mujeres y hombres tengan acceso libre e informado a servicios de salud reproductiva, incluyendo de planificación familiar, como garantía de su desarrollo personal, familiar y comunitario. Posteriormente, en el 2005, la Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios de Planificación Familiar y su Integración en el Programa Nacional de Salud Reproductiva complementó la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

Quince años después, Guatemala muestra avance en el alcance de las metas establecidas en los ODM relacionados con la salud reproductiva de las poblaciones. La tasa de fecundidad se redujo de 4.1 a 3.6 hijos por mujer, el uso de métodos de planificación familiar aumentó del 43 al 54 % y la demanda insatisfecha de métodos de planificación familiar se redujo del 28 al 21 % en los promedios nacionales. Sin embargo, como en muchas situaciones del país, seguimos viendo y viviendo dos Guatemalas. Las realidades urbana y rural presentan diferencias significativas, y son las poblaciones pobres, indígenas y sin educación las que siguen con rezagos importantes que inciden en las oportunidades para el desarrollo.

Para el presente año, con el 2030 como horizonte, las naciones del mundo apuntan en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 3 lograr una vida saludable en todas las edades e indicadores relacionados con la posibilidad de ejercer el derecho a la planificación familiar libre e informada. Se han manifestado en alcanzar la reducción de la mortalidad materna y en garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo planificación familiar, información y educación en sexualidad y su integración en las estrategias y programas nacionales.

La evidencia actual refiere que por cada dólar que se invierte en servicios de planificación familiar existe un ahorro de 14 dólares en servicios de emergencia y de atención a complicaciones relacionadas con la salud de las mujeres. Es una intervención que permite la reducción de la mortalidad materna e infantil entre 30 y 40 %. Por otra parte, en países que han logrado avances en la reducción de la desnutrición crónica, la prioridad en el trabajo con mujeres garantizando sus derechos a la salud reproductiva y la planificación voluntaria de la familia son los elementos que permitieron el éxito.

Entendiendo que para lograr el desarrollo sostenible necesitamos el cumplimiento de todos los objetivos planteados, cumplir con el ODS 3 y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo planificación familiar, es impostergable, en especial para las poblaciones rurales e indígenas con poco o ningún grado de escolaridad, así como para adolescentes y jóvenes. Despojarnos de los tabúes, mitos y moralismos que bloquean el poder de decisión libre e informada acerca de cuántos hijos desea tener cada mujer y cuándo tenerlos es un requisito no negociable, sin el cual el desarrollo seguirá siendo un sueño.

No podemos esperar. Es hora de actuar y trabajar de forma conjunta por una Guatemala en la que se respeten y ejerciten los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos.

Alejandro Silva es ginecobstetra con maestría en Salud Pública. Comprometido con la salud materna, ha promovido y participado en procesos nacionales para el avance del derecho de las mujeres a una maternidad saludable, a la planificación voluntaria de la familia y a una sexualidad saludable.