Imaginémoslos en sus oficinas antes de llegar a ese puesto que los llevó a la cárcel o a la fuga. Las llamadas al cuñado, el cobro de favores, las amenazas veladas. Pensemos en sus antecedentes, sus estudios o su preparación. Las confidencias a la familia. El «vos dale» tan guatemalteco, tan irresponsable, tan asesino.
El 16 de junio de 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala publicó El financiamiento de la política en Guatemala, documento en el que afirma que, «aunque formalmente todos los ciudadanos pueden elegir y postularse a cargos de elección, la posibilidad de ser elegidos no depende exclusivamente de las preferencias de la población, sino de la cantidad de recursos que los candidatos y los partidos, que son los únicos que pueden postular candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República, puedan disponer en una elección».
Este párrafo, contenido en la introducción del informe, resume a la perfección los problemas a los que se enfrenta la ciudadanía; las oportunidades que identifican las tramas mafiosas para penetrar el sistema político, judicial y económico de Guatemala; el monopolio por parte de los partidos políticos de caciques para proponer candidatos; la gran cantidad de recursos de todo tipo que se necesitan para postular y ser elegido y que facilitan la llegada de financistas provenientes del crimen organizado o de contratistas del Estado que buscan asegurar su negocio; y el alejamiento del guatemalteco con intereses legítimos de esta trama infernal y asquerosa.
El decreto 26-2016 del Congreso de la República, del 16 de abril de 2016, que contiene reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), refleja plenamente el carácter corporativista y mafioso de los partidos políticos y de su organización. Recordemos que en el 2015, con el gran destape de los casos judiciales que involucraban a la cúpula del Partido Patriota (PP) y a sus financistas, se empieza a reconocer nuevamente que el tipo de organización político-electoral favorece a las mafias, que se incrustan en los recovecos de la administración pública y desde allí apuntalan sus negocios ilícitos.
Como era de esperarse, la discusión parlamentaria de las reformas pierde su impulso político-popular. Y, al entrar en el proceso administrativo y parlamentario del Congreso, la ciudadanía es alejada y observa impávida que, entre comisiones, jefes de bloque, juntas directivas, memorandos, opiniones consultivas, almuerzos y ujieres, el contenido innovador de la iniciativa desaparece, de modo que al final se vota un texto que refuerza los partidos políticos existentes, su organización partidaria, la burocratización imposible para la conformación de nuevos partidos y una democracia que queda como definición, pero no como derecho efectivo.
La sociedad civil pide representación directa y efectiva de sus candidatos; el rechazo a la elección por listas cerradas; la posibilidad de creación de partidos distritales, regionales o departamentales; un procedimiento revocatorio del mandato; la regularización efectiva del voto nulo; la transparencia en la gestión parlamentaria; el acceso irrestricto por parte de la ciudadanía a la información y a datos de financiamiento de los partidos políticos; la financiación pública de los procesos electorales; la democratización e ideologización de los partidos políticos; y los efectos políticos y administrativos por la cancelación de la inscripción de los partidos. Si un partido político es cancelado por haber incurrido en acciones gravísimas durante un proceso electoral, esto debe tener como consecuencia que sus candidatos electos pierdan su puesto. No puede ser como ahora, que diputados postulados por el PP o por Líder estén tomando posesión por vacante, cuando se ha demostrado que se infringieron todas las leyes electorales. Aquí el crimen paga y paga con una curul.
La raíz del problema es que estos diputados o los de la legislatura pasada responden a intereses de sus financistas o ellos mismos son financistas. No pueden permitir que cambie el sistema. No dejarán nunca que las reglas del juego se modifiquen. Ellos quieren impunidad. Ellos representan y encarnan la impunidad. No es casual que el 18 % de los diputados estén en conflicto con la ley penal y que, mientras el país se cae a pedazos, sigan presentando leyes que solo los benefician a ellos o a un sector que ellos representan. Hay que cambiar la LEPP, pero estos individuos no lo harán.
Rabbé, Stalling y Keller son ejemplos del sistema que tenemos y que seguirá reproduciéndose año tras año. Estos apellidos y muchos otros son parte de la organización social que tenemos. Solo invitan a los que están dispuestos a preservar privilegios a cualquier costo. Vienen de las entrañas del sistema, de los privilegios, del pago de favores y de un Estado débil: el marco perfecto para este desastre.
La ministra Hernández Mack, el superintendente Solórzano y la fiscal Aldana son accidentes del sistema, casualidades, la excepción a la regla. No podemos depender del azar para formar un país. Tenemos que atraer a los mejores, no a los desvergonzados y cínicos políticos y funcionarios que hay ahora.
Solo con una reforma profunda a la LEPP lo podemos lograr. El camino lo sugeriré en mi próximo artículo.
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