Ya varios colegas distinguidos (como Alfredo Ortega, Carlos Arturo Villagrán y Álvaro Castellanos Howell) han escrito con elocuencia y exhaustividad sobre los méritos jurídicos de la decisión del presidente de declarar a Iván Velásquez persona non grata, pero ¿ahora qué? Que el Congreso vote para remover la inmunidad de Jimmy Morales no es un triunfo seguro para la Cicig, ya que el jefe de bancada del partido FCN ha expresado de manera muy clara sus opiniones e intenciones respecto al comisionado. Esto bien podría asegurar una extensión de hostilidades entre el Ejecutivo e Iván Velásquez con o sin Jimmy.
La situación jurídica podrá estar muy clara, pero el panorama político no. Ya está más que establecido que la declaración de Iván Velásquez como persona non grata careció de efecto legal. Sin embargo, el Estado afirmó el 1 de septiembre que «sigue vigente la petición de no grato [sic]». Dejando a un lado que esta aserción es tautológica y contradictoria (ya que no puede seguir existiendo algo que nunca existió), lo que sí continúa vigente es la actitud del Ejecutivo respecto a Iván Velásquez: la reafirmación de Iván como no grato equivale al menos a un voto de desconfianza, lo que pone en duda la intención del Estado de seguir colaborando con una Cicig encabezada por Iván Velásquez.
Obviamente es una estrategia del Ejecutivo para forzar la renuncia del comisionado: «Señor Velásquez, si quiere asegurar la continuidad de la Cicig, ya sabe lo que tiene que hacer. El futuro de la Cicig está en sus manos». Afortunadamente, el comisionado no ha cedido ante este cínico chantaje y ha gozado de un nivel de apoyo nacional e internacional de tal magnitud que su permanencia en el cargo está asegurada.
Esta persistencia en considerar no grato a Iván Velásquez imposibilita el cumplimiento del acuerdo de creación de la Cicig. Dicho acuerdo, en su artículo 11 a, dispone que el Estado «cooperará plenamente con la Cicig de una manera que [no] obstaculice sus actividades». Primero, declarar no grato (de forma ilegal) al comisionado constituye en sí una interferencia que obstaculiza las actividades de este. Es más: no es lógico suponer que el Estado de Guatemala vaya a seguir cooperando plenamente con la Cicig al mismo tiempo que rechaza la presencia del comisionado en el país, como bien señaló el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Entonces, según el derecho internacional, ¿cuáles son las consecuencias para Guatemala del incumplimiento de este acuerdo? Yendo más allá del posible retiro de la Cicig de Guatemala, tenemos que pensar un poco en el propósito de esta comisión. El acuerdo citado dispone que la Cicig existe para «desarticular los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad». Como sabemos gracias a declaraciones de la ONU, de la Unión Europea y del Gobierno de los Estados Unidos, los efectos de la corrupción y de la impunidad en Guatemala transcienden las fronteras del país.
Como se detalla en el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, se reconoce que la impunidad y la corrupción de Guatemala tienen consecuencias para la paz y la seguridad de toda la región, y no solo para Guatemala. Por ejemplo, las implicaciones transfronterizas del narcotráfico y el lavado de dinero en Guatemala están muy bien documentadas. Se podría decir entonces que, si Guatemala obstaculiza el trabajo de la Cicig, también se ven amenazadas la seguridad y la paz internacional, dadas las consecuencias nefastas que tienen aquellas actividades en el extranjero.
Si la comunidad internacional considerara que este es el caso, las consecuencias para Guatemala podrían ser severas. El capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas dispone que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede tomar acciones necesarias para mantener la paz y la seguridad internacional, incluyendo (dirigiéndome en particular a los Cacifes) la «interrupción total o parcial de las relaciones económicas».
Lo correcto y lo sensato es que el Estado le extienda la rama de olivo a Iván Velásquez y se comprometa de nuevo a cumplir con el acuerdo de la Cicig. Si decide continuar en este camino autodestructivo, podría tener más que a la población tocando a su puerta: podría sentir la ira de la comunidad internacional, que, a diferencia de la sociedad civil, tiene dientes y no se tienta el alma para usarlos.
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