A finales de marzo de 2020, el Gobierno de Guatemala anunció el lanzamiento de la aplicación Alerta Guate. De inmediato hubo críticas por la opacidad gubernamental respecto a temas como la seguridad de la información o la posibilidad de vigilancia ilegal.
Un mes después, la aplicación fue retirada de los proveedores para teléfonos móviles. Sin embargo, el riesgo de que ocurran inundaciones, lahares, incendios y otros escenarios letales continúa. Y creo que es necesario hablar con seriedad de un mecanismo de alerta que pueda salvar muchas vidas.
La aplicación ofrecía beneficios potenciales como un proceso de alerta focalizado geográficamente, y para eso era útil la geolocalización, que tantas sospechas levantó. Por ejemplo, una familia recolectando café en la comunidad La Trinidad, en las faldas del volcán de Fuego, tendría un instrumento importante de alerta en caso de que un lahar fuera detectado en la zona. Del mismo modo, cualquier persona trabajando, viviendo o paseando en una playa podría recibir una alerta oportuna de tsunami. Es decir, había un conjunto de posibilidades para resolver problemas actuales de alertamiento en diferentes campos que incluyen la seguridad ciudadana.
No profundizaré en los problemas de la estrategia gubernamental y de la aplicación, que en general no reunía las condiciones de seguridad para proteger los datos personales. Al respecto hubo varias publicaciones, y la más rigurosa en mi opinión la proporcionó Luis Arturo Assardo, experto en respuesta ante emergencias y en informática. Tampoco haré un recorrido por las precariedades de nuestros servicios de urgencias porque necesitamos un sistema de coordinación financiado con impuestos. Sin embargo, creo que es justo recordar que la aplicación debería ser un componente de una estrategia de comunicación social amplia, incluyente y financiada por el Estado, sin limosnear a empresas que coloquen publicidad junto a un aviso para salvar vidas.
Los elementos que no deberían perderse de vista podrían ser los siguientes:
- Debe retomarse el proyecto en una asociación de entidades públicas como la Seconred y el Insivumeh junto con instituciones que brinden respaldo tecnológico y legitimidad ante la población, por ejemplo una o dos universidades. Esto, porque el diseño de la aplicación no es el tema más complejo. Lo más difícil, y también lo más caro, es definir quiénes van a administrar los datos y con qué recursos institucionales dependiendo de las alertas seleccionadas.
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- En un proyecto de este tipo es mejor comenzar con un listado de riesgos bien identificados, como inundaciones, lahares, tsunamis e incendios forestales, y con alguna alerta genérica por accidentes con materiales peligrosos. Nótese que después de un período de prueba podría hablarse de otras instancias, pero, como anoté arriba, no existe en el país un sistema de coordinación de servicios de urgencia.
- Desgraciadamente, ya se perdió la oportunidad de causar una primera buena impresión. La comunicación oficial fue decepcionante y la aplicación funcionaba relativamente bien, pero es evidente que no hubo una buena administración de parte del Gobierno central, que, según percibo, se había reservado ese canal de comunicación en lugar de delegárselo a la Seconred. Por lo tanto, es imprescindible un proyecto que incluya una estrategia de comunicación especial.
- Una aplicación de este tipo debería ofrecer dos formas de instalación. Una, limitada a registrar la localización del dispositivo para generar alertas importantes y garantizando confidencialidad. La otra opción podría dar acceso al micrófono para grabar mensajes, a la cámara para enviar datos a los cuerpos de socorro o a alguna otra función debidamente justificada y con la prohibición de darle un uso comercial. De esa forma se construiría confianza, especialmente con grupos vulnerables.
- Es posible que una alianza público-privada funcione para articular el proyecto con los dos operadores principales de telefonía. Esto, porque, además de la aplicación, pueden requerirse otros canales como llamadas automatizadas con grabaciones de alerta, mensajes de texto y todo un abanico de posibilidades en idiomas maya, garífuna y xinca. Y de forma paralela, cada escenario debe construirse y socializarse permanentemente en el sistema educativo y a través de otros canales como las redes sociales. De lo contrario, las alertas de tsunami podrían servir solo para que más gente vaya a la playa a ver el oleaje, como desgraciadamente ocurrió ya en el pasado.
En pocas palabras, hace falta un proyecto que defina problemas por abordar, resultados esperados, recursos asignados y acciones para garantizar derechos y promover la transparencia y el desarrollo institucional. La aplicación es un componente en ese esfuerzo que se justifica por salvar vidas.
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