Seis de los 11 decanos de las Facultades de Derecho marcaron gran parte de la agenda en la fase final del trabajo de las Comisiones de Postulación para elegir a los candidatos a magistrados del Poder Judicial de Guatemala. Este grupo, en específico los representantes de las universidades del Istmo, San Pablo, Francisco Marroquín, Rafael Landívar, Panamericana y Mesoamericana, lograron desentrampar parte del proceso de la Comisión encargada de las Salas de Apelaciones. Los decanos, integrantes de las dos comisiones, la que postuló a los magistrados para cortes de Apelaciones y la que eligió a los candidatos para la Corte Suprema de Justicia (CJS), lograron construir alianzas con los representantes de la Suprema en uno de los procesos, y enfrentaron la venganza del grupo de representantes del Colegio de Abogados y Notarios en el otro caso.
Más de tres meses, más de diez amparos (la mayoría aún no resueltos) en contra de los postulantes y postuladores, además de los señalamientos que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentó como “pruebas” de un proceso “viciado”, con demasiadas irregularidades, arbitrariedades y tráfico de influencia, sirvieron como telón de fondo para que, finalmente, los integrantes de ambas comisiones nominaran a los abogados de entre quienes el Congreso deberá elegir a las nuevas autoridades del Organismo Judicial.
Los listados de candidatos fueron enviados de inmediato al Congreso: 26 nombres en el caso de Corte Suprema de Justicia y 252 para Salas de Apelación.
Con jornadas largas, cambios abruptos en la agenda, intercambios de mensajes telefónicos, recesos largos para negociaciones, los comisionados, como punto final de su responsabilidad, repasaron los nombres de los cientos de aspirantes y votaron para determinar el listado de abogados que, según ellos, son los más idóneos para ocupar un puesto dentro de las Cortes del país.
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En esta parte del proceso los grupos de colegiados que integran las Comisiones de Postulación se enfrentaron en bloques definidos. Los decanos integraron uno. Sus rivales, casi siempre, otro: los representantes del Colegio de Abogados. En medio quedaban los magistrados de Corte Suprema de Justicia y los magistrados de Salas de Apelación. La disputa entre bandos marcó la agenda final de las elecciones.
Para Sala de Apelaciones 643 expedientes fueron admitidos como elegibles. En Corte Suprema de Justicia, 105. Cada uno, durante largas horas, fue revisado y votado por los bloques en pugna. Las votaciones se dieron con diversos contratiempos y negociaciones. Esta fase fue la más crítica de todo el proceso por ser la definitiva, sin poder dar marcha atrás. Quién era nominado y quién quedaba fuera, fue el punto central de discusión en estas últimas reuniones de los postuladores.
Salas de Apelación
En Guatemala hay 42 Salas de Apelación a nivel nacional, de ramo civil, penal y mixto. Cada una de estas se integran por tres magistrados titulares y dos suplentes.
Para las Salas de Apelación la Comisión de Postulación debía presentar al Congreso, una propuesta que incluyera el doble de magistrados titulares que existen en el país. En este caso, con 42 salas, el número de titulares es de 126 con 84 suplentes. La Comisión, a lo largo de tres días, y luego de dos revisiones a los expedientes, armó un listado de 252 nombres. Una cifra que determinó diversas pugnas entre los comisionados.
Durante la fase de votación, esta Comisión —integrada por los decanos de las 11 Facultades de Derecho; 11 representantes del Colegio de Abogados (Cang); y 11 magistrados de Corte Suprema de Justicia, y presidida por un representante de los rectores de 13 universidades del país—, estuvo rodeada de intromisiones e irregularidades. Abogados candidatos que recorrían los pasillos de la sede de la Comisión, en el Centro Cultural Universitario, se acercaban en cualquier oportunidad a los comisionados. Los mensajes de texto desde los celulares de los integrantes de la Comisión fueron evidenciados por la prensa. En consenso, la mayoría de comisionados cambió parte del procedimiento de votación.
Al final del tercer día, con los decanos enfrentados ante el Cang, esta comisión había elegido a 232 candidatos. Faltaban 20 nombres para finalizar todo el procedimiento de elección. En un momento determinado, cerca del final, los decanos lograron plantar una estrategia que permitiría concluir con el proceso. Durante dos horas en un último receso, una alianza entre algunos decanos de las universidades privadas con los magistrados de la CSJ logró el acuerdo de incluir, en “repechaje”, a los 20 mejores candidatos que tenían una cantidad de votos por debajo de los 23 que se había establecido para ser incluidos en el listado de 252.
Decanos y magistrados de CSJ consiguieron que tres días de largas jornadas pudieran finalizar. De esta estrategia, no obstante, fueron rescatados abogados como Edwin Mis Ávila, que generó polémica puesto que ha trabajado para la Vicepresidencia. También como repercusión de la alianza armada por los decanos, Estela Bayley Beltetón, ex asesora técnica del Organismo Judicial regresó a la nómina de Corte de Apelaciones, junto a Edgar Alfaro Arellano, Rosa Ramírez, Thelma del Cid, Edgar Ruano Godoy, Claudia Escobar Mejía, Ramón González Pineda, entre otros.
De los decanos fue la victoria en esta escaramuza para elegir candidatos. No obstante, para los magistrados de CSJ significó un sacrificio en busca de su reelección. La alianza tuvo repercusiones en la otra Comisión de Postulación. Alineó a los bloques del Cang y magistrados de Apelaciones para oponerse a las intenciones de reelegirse de algunos magistrados de CSJ, entre ellos Luis Pineda y Erick Álvarez que apenas obtuvieron votos.
En la nómina final de 252 nombres para Salas de Apelación están incluidos también el juez de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez; el presidente de la junta disciplinaria de jueces y magistrados, Selvyn Flores; el juez Carlos Mota de Paz, quién sentenció que no había indicios que demostraran un intento de evasión en el caso de Byron Lima Oliva; además de los magistrados de Apelación de Mayor Riesgo que se han excusado de conocer un recurso de apelación que busca la amnistía en el caso de genocidio: Rafael Rojas y Frank Trujillo.
Corte Suprema de Justicia
Los decanos pudieron mantener su unidad no sólo en la Comisión de Salas de Apelación, sino también en la Comisión para Corte Suprema de Justicia. Pero a esta segunda llegaron desgastados, ante un Cang y un grupo de representantes de Corte de Apelaciones dispuestos a hacer frente.
En juego estaban los candidatos a Corte Suprema de Justicia, integrada por 13 magistrados. De ellos depende que las sentencias de los tribunales y juzgados, luego de una apelación, queden firmes, anuladas o modificadas.
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La Comisión de Postulación a cargo de proponer la lista de candidatos a Corte Suprema de Justicia —integrada por un representante de los rectores de las 13 universidades del país; los 11 decanos de las facultades de Derecho; 11 representantes de Salas de Apelación; y 11 representantes del Cang—, mantuvo los bloques a raya durante la fase final de votaciones. Esta Comisión se encarga de armar y presentar al Congreso una nómina de 26 candidatos.
Con retraso de un día, los decanos sufrieron el desgaste de sus pasadas alianzas. La fase de votación para escoger a los candidatos a CSJ, fue larga, ardua y dejó en evidencia la manipulación entre los distintos grupos de comisionados. El Cang intentó esta vez marcar la agenda de las decisiones. En específico, la batalla de los decanos contra los representantes del Cang y Cortes de apelaciones marcó la tarde y la madrugada del domingo 21 de septiembre. Más de diez horas sin consensos.
Durante las cinco primeras horas de votación, diez de los 26 candidatos quedaron incluidos en el listado final. Sin embargo, se necesitaron otras 24 horas para que nuevos candidatos fueran tomados en cuenta en la nómina. En medio de las batallas de los bloques, los nombres de abogados como Juan Carlos Godínez, operador de la asociación de Abogados de Mixco; o las posibles reelecciones de magistrados como Erick Álvarez y Luis Pineda; además de Gustavo Martínez, yerno del presidente Otto Pérez Molina y actual Secretario General de la Presidencia, configuraron la pugnas durante la fase de votaciones. A media noche sólo había 14 de 26 candidatos confirmados.
Los bandos se mantenían tensos y crispados, en medio del desvelo. El Cang logró obtener tiempo, ocho horas más, gracias al apoyo del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Da Vinci, Fredy Cabrera, que convenció a toda la Comisión de parar para descansar algunas horas. Horas que, se quejaron los decanos, podrían ser aprovechadas para negociar.
Al día siguiente, un listado de candidatos previamente pactado entre todos los grupos, logró concluir con el proceso de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tras un nuevo retraso de dos horas, Felix Serrano, presidente de la mesa de trabajo, reanudó la sesión permanente. Se repasaron los nombres de un “listado de consenso” y decanos, Cang y magistrados de apelaciones votaron al fin. Gustavo Martínez, quedó fuera. Juan Carlos Godínez también fue sacrificado. Y le fue negada la reelección a los magistrados Luis Pineda y Erick Álvarez. Estos fueron los nombres de los abogados que decanos y demás representantes moldearon el consenso para llegar a un acuerdo. En menos de dos horas, finalmente, había nuevos nominados.
El listado que será conocido por el Congreso quedó integrado por María Consuelo Porras, Delia Dávila, Vladimir Aguilar (Procurador General de la Nación), Silvia Valdes, Mario Gordillo (ex Procurador General de la Nación), Hugo Calderón, Blanca Stalling (Directora del Instituto de la Defensa Pública Penal), Rogelio Zarceño (magistrado de CSJ), Josué Baquiax (también candidato para Corte de Apelaciones), Douglas Charchal, Nester Vásquez, Elizabeth García Escobar, Silvia Verónica García, José Pineda Barales, María Eugenia Morales Aceña, Brenda Quiñónez (magistrada de CSJ), Nery Medina, Marco Aurelio Alveño, Manuel Duarte, Vitalina Orellana, Sergio Pineda, Nidia Domínguez, Ana María Rodríguez, Selvyn Flores (también candidato a apelaciones, de la junta disciplinaria de jueces y magistrados), Rafael Rojas (magistrado de Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo, también candidato a Corte de Apelaciones) y Guillermo España.
Tras las pugnas entre los grupos de comisionados, la disputa final pasa a otro campo de batalla, el político. De estos 26 nombres, el Congreso escogerá a los trece nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia. Serán los encargados de designar también el puesto y ramo de trabajo de los 126 magistrados titulares para Cortes de Apelaciones, los cuales también serán elegidos por los diputados.
Para ello, el Legislativo tiene hasta el próximo 12 de octubre. Al siguiente día deberá dar inicio el periodo Constitucional para ambas magistraturas.
