Una cosa es que el Presidente, en público, diga que no hubo genocidio. (En privado, en 2007, reconoció a EE. UU. que los militares habían cometido el error de matar a indígenas que no bajaban de las montañas ixiles porque creían que todos los indígenas eran guerrilleros –ergo, genocidio.) Pues una cosa es que diga algo en público y otra es que procure la impunidad para todos los militares acusados de violaciones contra los derechos humanos de guatemaltecos, o que se niegue a cumplir sen...
Una cosa es que el Presidente, en público, diga que no hubo genocidio. (En privado, en 2007, reconoció a EE. UU. que los militares habían cometido el error de matar a indígenas que no bajaban de las montañas ixiles porque creían que todos los indígenas eran guerrilleros –ergo, genocidio.) Pues una cosa es que diga algo en público y otra es que procure la impunidad para todos los militares acusados de violaciones contra los derechos humanos de guatemaltecos, o que se niegue a cumplir sentencias de casos paradigmáticos de denegación de justicia. Si un familiar o amigo sigue desaparecido, no es un caso del pasado. Y si pido justicia por un crimen de hoy o hace 30 años y no me la dan, no es un caso del pasado.
Además, hace una caricatura de sí mismo. El Presidente exmilitar de Guatemala que en su primer año de gobierno si bien ratificó la adhesión a la Corte Penal, se apropió del discurso de convertir en terroristas a quienes protestan, su Ministerio de la Defensa masacró a ocho ciudadanos que estaban protestando, y ahora no quiere cumplir con las sentencias por denegar el derecho a la justicia o por los desaparecidos. Qué pena.
Ojalá que dé marcha atrás y deje de escuchar al secretario Arenales para asuntos sobre derechos humanos. Qué triste que el diplomático Arenales, tan brillante como opaco, utilice su energía y espacio de influencia en las decisiones presidenciales para salvar a sus amigos, en vez de usarlo para ayudar a quienes no son sus amigos y son más débiles, con cuestiones clave para el país como los derechos de los pueblos indígenas, una distribución legal más justa de la propiedad o una revitalización de la institucionalidad del Estado.
Y ojalá que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se den cuenta que su decisión sobre la amnistía puede terminar de poner al país rumbo a la civilización y la justicia, acorde a nuestros tiempos, o regresarnos a la edad de la caverna, a la ley de la selva, en la que la vida de los guatemaltecos y las guatemaltecas valía menos que una bala.
* Publicado originalmente en elPeriódico, 8 de enero
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