Como órgano constitucional, la Junta Monetaria (JM) es la instancia política que toma importantes decisiones sobre la política monetaria y otras competencias del Banco de Guatemala (Banguat), que a su vez está integrado por una eficiente organización profesional, una excepción para nada casual en el devastado sector público guatemalteco.
En el caso del Banguat, el problema es que una institución puede ser competente trabajando para las mayorías en el largo plazo o para hacerles buenos ...
Como órgano constitucional, la Junta Monetaria (JM) es la instancia política que toma importantes decisiones sobre la política monetaria y otras competencias del Banco de Guatemala (Banguat), que a su vez está integrado por una eficiente organización profesional, una excepción para nada casual en el devastado sector público guatemalteco.
En el caso del Banguat, el problema es que una institución puede ser competente trabajando para las mayorías en el largo plazo o para hacerles buenos negocios a los bancos privados en el corto plazo. ¿Y adivine usted con quién prefieren quedar bien los funcionarios? Tomando distancia de posiciones maniqueas, no es muy difícil concluir al respecto.
La JM recién emitió opinión favorable para la negociación de 14.2 millardos de quetzales en bonos, que servirán para financiar una parte del gasto en 2019. Y es necesario reconocer que técnicamente es viable un endeudamiento de este tipo en relación con «la emisión de deuda en el medio circulante, la balanza de pagos y el nivel general de precios» (El Periódico, 31 de agosto de 2019, página 10).
¿En dónde está el problema? En realidad, son varios los problemas con relación a lo anterior:
- El Banguat, gracias a una perversa reforma constitucional, está incapacitado para emitir moneda o prestarle dinero al Ejecutivo. Ese candado tiene sus ventajas en tiempos de administraciones incompetentes, pero también es un mecanismo para venderle bonos a la banca privada, que no tiene que hacer nada más que cobrar intereses en lugar de hacer el trabajo que le debería corresponder: ofrecer créditos a empresas y personas.
- La lógica del endeudamiento mediante la emisión de bonos debería ser excepcional. Es decir, un Estado debería endeudarse en tiempos de déficit o como parte de medidas contracíclicas en tiempos de recesión. En cambio, Guatemala se ha estado endeudando desde los años 90 como parte de la financiación regular del Estado y de quienes lo depredan legal e ilegalmente. Por supuesto, con esto no quiero comparar las finanzas de un Estado con las de una familia. Esa metáfora absurda merece otro espacio para ser desmontada.
- El problema principal, desde mi punto de vista, es que no hay un rumbo estratégico para lidiar con una deuda en aumento y con un déficit que sigue beneficiando negocios privados de quienes se niegan a que una reforma fiscal integral sea discutida y a que el Estado modernice su gestión en atención a políticas de largo alcance. En otras palabras, para abatir la pobreza extrema, regular el uso del suelo y del agua o fortalecer el sistema de justicia se necesita dinero que no se obtendrá haciendo ahorritos y combatiendo el contrabando. Es indispensable una reforma fiscal progresiva, que se combine técnicamente con la deuda que deba emitirse y con una priorización del gasto. Y por ningún lado aparece alguien a quien eso realmente le preocupe, ni en el Ejecutivo ni mucho menos en el Congreso, donde se cuentan con los dedos de las manos las personas capaces de poner dos ideas juntas.
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Como es costumbre, a la población se le dice que estos asuntos son sumamente complejos y que las finanzas son un tema para la fauna que transita entre la banca privada, el Ministerio de Finanzas y el Banguat. Pero el asunto no es tan complicado. La clave es poner por delante las grandes necesidades del país y construir una política económica responsable, que no se dedique a repartir regalitos y que sea transparente, auditable, evaluable y coherente en el tiempo.
Finalmente, recordemos que no es razonable preguntarle a un banquero si necesitamos endeudarnos. La respuesta siempre será que sí, pues el banquero vive de eso. Y esa duda razonable debemos aplicarla con algunos matices a todo el aparato estatal, ya que el problema no es una deuda oportuna y necesaria: el problema es endeudarnos todos para que unos pocos hagan grandes negocios.
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