Pedro García Arredondo, exjefe del Comando 6 de la desaparecida Policía Nacional, en solitario, es el único acusado que el Ministerio Público (MP) puede señalar después de 34 años como responsable de la quema de la embajada de España en Guatemala. Los otros implicados en el caso, como el expresidente Lucas García, el exjefe de la Policía Nacional, Germán Chupina Barahona, y el exjefe de la policía judicial, Manuel de Jesús Valiente Téllez, ya han fallecido. El exministro de gobernación, Donado Álvarez Ruiz, está prófugo.
Así el juicio por la quema de 37 personas en manos de las fuerzas de seguridad del Estado inició en su fase de debate el miércoles 1 de octubre. Las jueces del Tribunal B de Mayor Riesgo, Janet Valdez, Sara Yoc y María Castellanos, serán las responsables de evaluar si la acusación presentada por el MP tiene directa concordancia con lo ocurrido la tarde del 31 de enero de 1980 en el interior de la embajada de España, ubicada en la zona nueve de Ciudad de Guatemala.
Los cargos que el MP pide juzgar en contra de García Arredondo son asesinato y delitos de lesa humanidad, por las 37 víctimas calcinadas; asesinato en grado de tentativa en contra de dos sobrevivientes: el embajador español, Máximo Cajal (fallecido en abril de 2014), y Gregorio Yujá Xona, que fue secuestrado, torturado y asesinado un día después de la quema de la legación. La fiscal Hilda Pineda, encargada del caso, aseguró ante el tribunal que la investigación agregará detalles para poder acusar a García Arredondo de otros dos asesinatos, los de dos líderes estudiantiles durante el sepelio de las víctimas, el 1 de febrero de 1980.
“Soy inocente, soy inocente, soy inocente”, dijo, en calma, con voz fuerte, Pedro García Arredondo, luego de negarse a declarar ante el Tribunal de Sentencia.
Entre las víctimas que murieron calcinadas se encontraba Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum. Para este juicio, ella se presentó como querellante adhesiva en el proceso junto a dos de sus hermanos (Ana y Nicolás), primero, y luego como testigo. También como querellante para este juicio le acompaña Sergio Vi, hijo de una de las víctimas calcinadas.
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Durante el primer día de audiencias, llamada a testificar, Menchú recordó quién era su padre: “Un campesino que quería renovar las semillas en su aldea de Chimal, en Quiché. Un líder comunitario. Un guía espiritual. Uno de los miembros fundadores del Comité de Unidad Campesina (CUC). Un referente para mí vida y mi educación”, explicó. Recordó e hizo énfasis ante el tribunal que su padre, junto a un grupo de campesinos, llegó el 31 de enero de 1980 a la embajada de España en Guatemala con el objetivo de denunciar las miles de masacres que ocurrían en el altiplano guatemalteco, a causa del ejército. “Murió, fue una gran pérdida”, dijo. “La tragedia, la he jurado recordar todas las mañanas, todos los día de mi vida”. Hoy, cuando busca justicia por la muerte de su padre y otras 36 personas, Menchú Tum indica que quiere cerrar este capítulo de su vida y pasar a otro.
Sergio Vi, y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Mario Antonio Aguirre, también fueron escuchados como testigos. Vi recordó a su familia durante su declaración. Aguirre enfocó su testimonio en describir su escape antes de que la Embajada de España fuera quemada el 31 de enero de 1980, luego de una reunión sostenida con el embajador Cajal, el exministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Molina Orantes; y el exvipresidente de la República, Eduardo Cáceres Lehnhof. “Uno de los ocupantes (miembro del CUC) dijo: ‘afuera se quedó uno’. Era el canciller Felipe Saénz Martínez. Salió por él y dejó la puerta abierta. Salí y cuatro policías me sujetaron”, declaró.
El Ministerio Público presentará 20 testigos más, entre guatemaltecos y españoles. Así como cuatro audios que se recopilaron como anticipo de prueba, como el testimonio del embajador Cajal. También documentos, algunos del Archivo Histórico de la Policía Nacional. La defensa, por su parte, a cargo del abogado Moisés Galindo, tiene contemplado llamar a varios testigos, entre ellos los periodistas Mario David García y Jorge Palmieri.
El juicio será monitoreado por la Embajada de España en Guatemala, por orden del Gobierno Español de Mariano Rajoy, según explicó el embajador Manuel María Lajarreta. “Seremos observadores de este proceso por tener una obvia conexión con España. Daremos seguimiento al juicio, por las víctimas, pero no por el atentado a la inmunidad de nuestra embajada”, indicó el diplomático. A causa de la quema de la Embajada, España rompió su relación con Guatemala durante cinco años.
