Algunas de las críticas se centran en las restricciones que la misma ley impone para garantizar un sistema de elección de diputados más representativo y transparente, así como para asegurar un sistema de financiamiento electoral que evite la influencia desmedida del dinero privado. Pero una de las principales críticas que se han planteado es el hecho de que la ley crea barreras de entrada excesivas para nuevos partidos políticos.
Sin duda, en un marco de democracia representativa, la salud del sistema de partidos políticos está fuertemente vinculada a la salud del sistema político y de gobierno en general. Un sistema de partidos políticos poco representativo de la ciudadanía genera desconfianza y falta de legitimidad de las autoridades electas. Así que las críticas a la LEPP no son tecnicismos legales, sino demandas legítimas ciudadanas en favor de fortalecer el sistema democrático representativo consagrado en la Constitución de la República.
Para nadie es un secreto que el hecho de que el poder político se haya vuelto cada vez más corrupto obedece a que el sistema de partidos esté construido para facilitar la corrupción. En primer lugar, el financiamiento electoral no es otra cosa que un sistema de subasta pública en el que candidatos a diputados y a alcaldes ofrecen dinero para obtener puestos privilegiados en las papeletas electorales. La idea de que los candidatos deben pagar por su puesto en la papeleta es considerada el hecho más normal y corriente para muchos partidos políticos hoy representados en el Congreso o que ejercen el poder en las municipalidades. A eso se adiciona que el dinero de los más poderosos también debe contribuir a financiar la campaña de los candidatos a la presidencia. Y, como si eso fuera poco, algunos empresarios aportan dinero a las campañas a manos llenas esperando obtener después prebendas a través de licencias, permisos, contratos leoninos y tajadas en negocios públicos.
La LEPP no solo es incapaz de frenar la corrupción en los partidos políticos y en el proceso electoral, sino además establece reglas que incentivan aún más las prácticas ilegales de los que piensan que la política es solo otra forma de hacer negocios. El voto en plancha por listados de diputados cerrados, donde los ciudadanos tenemos poco que decir sobre quién nos representa en el Congreso, ha favorecido la compra de espacios en dichos listados (nacional y distrital). El que compra su espacio financia su propia campaña y contribuye a financiar la de su partido. Percibe ese dinero como una inversión que debe recuperar después, una vez que ocupe una curul en el Congreso. Buena parte de nuestros diputados están en eso desde el primer día que llegan al hemiciclo: ganar dinero a través del alto cargo público para el que fueron elegidos.
Semejante sistema no solo es perversamente corrupto, sino además poco representativo de los intereses de la ciudadanía, pues al final de cuentas lo que orienta las decisiones de los diputados es su propio beneficio económico, y no el interés público. La democracia se envilece así doblemente: porque es un sistema corrupto y porque es un sistema ilegítimo.
¿Qué tipo de liderazgo político promueve un sistema así? Obviamente, el liderazgo de gente criminal, que desde el primer momento en que piensa en un puesto de elección popular ya sabe que lo que va a hacer con su eventual puesto público es procurar actividades ilícitas. Aprovechándose del derecho de antejuicio y de la elección de magistrados y de fiscal general cada cuatro años, los líderes políticos saben que sus actividades ilícitas pueden ser protegidas de la persecución penal. Lo que en un lado de la moneda es un sistema político corrupto e ilegítimo, en el otro lado es un sistema perverso que busca la impunidad para sus crímenes, para lo cual coloca por encima de la ley a un grupo privilegiado de ciudadanos delincuentes.
Pero lo peor no es eso. Lo peor es que este sistema envilecido de partidos y de elección popular consagrado en la LEPP es, además, una violación flagrante de nuestros derechos ciudadanos. La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) establece en su artículo 16 que «todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole». Dicho artículo refuerza y da contenido al artículo 34 de la Constitución de la República, el cual señala, de manera breve y simple, que «se reconoce el derecho de libre asociación». Lo establecido en el artículo 223 de la Constitución (libertad de formación y funcionamiento de las organizaciones políticas) debe ser leído a la luz de lo que indican la doctrina interamericana y universal de derechos humanos y el artículo 34 de la Constitución misma.
El sistema envilecido y corrupto de partidos políticos pretende imponer, vía la LEPP, barreras a la entrada de nuevas organizaciones ciudadanas interesadas en participar electoralmente. Y el sistema de registro público de partidos políticos del Tribunal Supremo Electoral es el guardián que evita que la libertad de asociación, consagrada en el artículo 16 de la CADH y en el 34 de la Constitución, pueda ser plenamente ejercida por los ciudadanos. En la práctica, se está cuidando la preservación de un sistema de partidos políticos orientados a la corrupción y al mismo tiempo negando uno de nuestros derechos más sagrados como ciudadanos: el de la libertad de asociación.
Ya es hora de que el Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y la Corte de Constitucionalidad (CC) pongan orden, vía la doctrina americana de derechos humanos y en razón de lo establecido en el artículo 34 de la Constitución, en este sistema envilecido que transforma a la ciudadanía en ovejas cautivas de la partidocracia corrupta. Toda barrera a la constitución de partidos políticos debe ser eliminada y solo debe existir un registro público por medio de acta constitutiva notarial, como lo establece, por ejemplo, la ley de partidos políticos de España. La libertad de asociación política debe ser protegida con el mismo celo con el que buscamos proteger otros derechos civiles esenciales, como la libertad de expresión.
Por décadas hemos vivido atrapados en las reglas ilegítimas, contrarias al bien común y a los derechos ciudadanos, que ha ido creando el sistema político corrupto e impune actualmente existente. Pero, donde los liderazgos políticos espurios han creado las trampas para proteger sus intereses criminales, los ciudadanos tenemos el derecho de derribarlas. Y las instituciones destinadas a proteger los derechos humanos y constitucionales, el PDH y la CC, tienen la obligación de defender nuestra dignidad mancillada por los abusadores del poder y de la democracia. Los artículos de la LEPP y de su reglamento que establecen restricciones al pleno ejercicio de nuestra libertad de asociación deben ser declarados claramente inconstitucionales y contrarios a la doctrina internacional de derechos humanos.
Es el momento de las definiciones. O caminamos hacia un sistema de partidos políticos con estricto apego y respeto a la institucionalidad y la legalidad democráticas, o continuamos con la partidocracia corrupta e ilegítima que pretende seguir mancillando nuestros derechos. Esta vez, como en ocasiones anteriores, son el PDH y la CC los que tienen la obligación de rescatar la democracia de las manos de los abusadores y de los corruptos para restablecer el equilibrio en favor de la ciudadanía y del bien común. Eliminar las barreras de entrada a la asociación política libre de los ciudadanos debe ser el primer paso hacia el rescate pleno de nuestra democracia.
Más de este autor