En referencia a esto, destacaba que la principal característica de una democracia ciudadana debe ser la separación clara entre poder económico y poder político, en oposición a la democracia capitalista dónde el poder económico y el poder político se encuentran entrelazados de manera estrecha, y el Estado por lo tanto busca responder sobre todo a los intereses de reproducción del poder económico en desmedro de los intereses de la mayor parte de ciudadanas y ciudadanos.
¿Cómo separar el poder político del económico? Creo que todo empieza por los mecanismos de financiamiento del sistema político representativo. Si bien una democracia ciudadana no debe eliminar elementos de la democracia representativa, sí debe regular la actividad permanente y electoral de los partidos políticos de tal manera que no dependan de la capacidad económica de financistas privados. Para decirlo más claro, los partidos políticos deben tener acceso a financiamiento público para crear su base de organización ciudadana, desarrollar sus cuadros políticos, y para exponer sus puntos de vista en coyunturas electorales. Esto significa que debe existir un mecanismo de financiamiento más o menos equitativo entre diversas alternativas políticas para que puedan desarrollarse como organizaciones, y para que puedan competir electoralmente. La diferencia entre un partido y otro no debe ser la riqueza de sus financistas privados, ni la desproporción en el acceso a fondos públicos. La diferencia la deben hacer su capacidad organizativa, su capacidad comunicacional, y la calidad de sus liderazgos. Y esos tres factores deben ser dependientes de un financiamiento público con topes de gasto pero sin barreras de entrada significativas.
Una segunda característica de la democracia ciudadana debe ser la posibilidad de combinar elementos de democracia directa (participativa) con elementos de democracia representativa. Los ciudadanos deben poder participar en la toma de decisiones públicas no solo exclusivamente a través de un sistema profesional de partidos políticos, sino además a través de formas de participación directa de diverso tipo (individuales o colectivas) que les permitan incidir en mecanismos críticos de la toma de decisiones: aprobación de leyes, priorización y evaluación pública de las finanzas gubernamentales, evaluación del trabajo de los órganos de Estado, etc. La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos asegura la transparencia de las decisiones públicas, eleva los niveles de legitimidad del Estado, y fortalece los consensos sociales democráticos.
Por último, un elemento importante de una democracia ciudadana debe ser la posibilidad de renovar las autoridades del Estado con alguna regularidad. La idea del autoritarismo socialista de que los líderes públicos deben ser prácticamente inamovibles por largos períodos traiciona el sentido democrático y liberador que debe caracterizar a una sociedad poscapitalista. A la larga, todo poder que se prolonga en el tiempo termina convirtiéndose en una tiranía ejercida falsamente en nombre de la ciudadanía, pero que en la realidad irrespeta brutalmente la dignidad y la libertad de los seres humanos. La experiencia histórica ha demostrado contundentemente esta realidad (la mayor parte de las veces, de una manera muy trágica).
La democracia ciudadana es eso. Una democracia divorciada del poder económico, ejercida desde el sistema representativo pero sin un monopolio exclusivo de los partidos políticos y con opciones de participación directa en momentos críticos de la toma de decisiones públicas, y que permite la renovación periódica de la dirigencia política para evitar las tiranías de todo tipo. El desafío es como combinar este sistema político con un sistema económico que posibilite el progreso humano y la reproducción de la vida. De eso se ocuparán las próximas entregas.
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