Por demasiados años ya, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) ha sido presa de la corrupción y la cooptación por parte de criminales homicidas. El saqueo de nuestro sistema público de salud tomó formas diversas: el robo elefante, perpetrado por las empresas farmacéuticas proveedoras de medicamentos y por las proveedoras de insumos hospitalarios en componenda con las altas autoridades; el robo hormiga, perpetrado por empleados corruptos al saquear las bodegas de hospitales y centros de salud, a tal punto que algunos hasta son propietarios de farmacias privadas que venden lo robado; traficantes de las plazas fantasmas, en componenda con alcaldes, gobernadores, diputados, funcionarios del Ejecutivo, empresas proveedoras, etcétera; abusos sindicales; nepotismo descarado; sistemas informáticos diseñados para impedir que las cosas funcionen bien o para falsear datos; oenegés que lucraron con las carencias del primer nivel de atención de salud; cobros ilegales a los pacientes y familiares… Y así, una lista larga de prácticas ideadas con creatividad perversa y desalmada.
La corrupción del sistema de salud degeneró al punto de alcanzar características sistémicas: el sistema está diseñado para acomodar y proteger el saqueo. La magnitud del problema es tal que invita al pesimismo y a la desolación: corregirlo requiere dosis extraordinarias de valentía, poder político, pericia y conocimiento técnico en grupos inusuales de gente proba dispuesta a asumir el reto y con ello correr el riesgo de arruinar sus vidas por enfrentar una mafia poderosa. Pero sobre todo requiere apoyo ciudadano.
Pese a semejante panorama, hoy, de forma aún muy precaria e incipiente, hay luces de esperanza para el MSPAS. La persecución penal emprendida por el Ministerio Público y la Cicig en casos emblemáticos como Negociantes de la Salud, IGSS-Pisa, IGSS-Chiquimula, Cooptación del Estado y otros ha sido la primera luz de esperanza. Ciertamente con estos casos se ha logrado tocar a algunas de las personas y estructuras que por décadas se habían enriquecido saqueando impunemente el sistema de salud pública. Sin embargo, aunque un paso muy firme en la dirección correcta, por desgracia quizá sea solo la punta de un iceberg gigante.
Las autoridades actuales del MSPAS, incluyendo a la ministra Lucrecia Hernández, carecen de experiencia previa en las complejidades de la burocracia estatal, y peor en los laberintos de la corrupción levantados adrede en el MSPAS, pero están tomando decisiones y realizando acciones basadas en conocimientos y criterios técnicos. Incluso, como quedó demostrado en una audiencia en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, se rechazó un incremento presupuestario propuesto por la oposición política. Para el lenguaje político usual fue una contradicción que rayó en lo ridículo: diputados de oposición queriendo subir el presupuesto de salud, pero la ministra, el oficialismo, rechazándolo.
Sin embargo, desde el punto de vista técnico no hay ridículo, pues la explicación de la ministra está basada en argumentos muy bien sustentados: la capacidad de ejecución del MSPAS está diezmada, razón por la cual, en tanto no se recupere, los incrementos adicionales corren el peligro de no ejecutarse. Dificultades para comunicar cuestiones técnicamente complejas e impericia política son ciertamente falencias que la ministra y su equipo deben corregir, pero no se les pueden achacar desconocimiento, debilidad técnica o falta de probidad.
Las autoridades actuales del MSPAS merecen una auditoría social minuciosa, que las evalúe no por chismes, descalificaciones personales o comentarios ligeros de los políticos, sino reconociendo logros cuando los hay. De esta evaluación informada es que debería surgir el imprescindible apoyo ciudadano para la que, en mi opinión, es la segunda luz de esperanza para nuestro sistema de salud pública.
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