Hoy, pensar en las niñas de Guatemala después del 8 de marzo de 2017 es regresar al horror. No se puede dejar de pensar que vivieron encerradas, que se las sacó a la fuerza para explotarlas sexualmente, que se las humilló cotidianamente. Algunas de ellas, pensando en el encierro su futuro de mamás.
Los datos dan cuenta de la tragedia. Más del 80 % de los casos de violación son una afrenta de los más cercanos, y alrededor del 30 % son causados por el padre biológico, según el PDH. Para ...
Hoy, pensar en las niñas de Guatemala después del 8 de marzo de 2017 es regresar al horror. No se puede dejar de pensar que vivieron encerradas, que se las sacó a la fuerza para explotarlas sexualmente, que se las humilló cotidianamente. Algunas de ellas, pensando en el encierro su futuro de mamás.
Los datos dan cuenta de la tragedia. Más del 80 % de los casos de violación son una afrenta de los más cercanos, y alrededor del 30 % son causados por el padre biológico, según el PDH. Para 2016, 2 500 niñas y adolescentes inscribieron a sus hijos en el Renap. Y en los primeros meses de 2017 la cifra rozaba las 600 inscripciones, como hace constar el Observatorio en Salud Reproductiva. Pero dudamos en protegerlas.
Las condiciones políticas y sociales que hacen que las niñas sean madres son, en gran parte, una responsabilidad del Estado. La ausencia de políticas y de programas que resguarden su seguridad, la falta de esfuerzos por cambiar las relaciones de poder que sustentan los embarazos y la carencia de muestras de justicia severa contra violadores hacen que las niñas no tengan certeza de un futuro mejor. Están completamente a la deriva, cargando un niño pequeño en brazos.
La Ley para la Protección Integral, el Acceso a la Justicia y la Reparación Digna y Transformadora a las Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia Sexual, Explotación Sexual y Trata de Personas plantea una serie de acciones concretas e integrales necesarias y urgentes para las niñas de hoy. Se incluyen la necesidad del cambio de estereotipos sexistas y el involucramiento de todas las instituciones públicas en esa sensibilización. Se proponen una política pública y un modelo de protección para lograr la reparación digna y transformadora en casos de violencia sexual, embarazo forzado y maternidad forzada en niñas y adolescentes. Se visualiza hablar con padres, con profesores, con profesionales de la salud.
También plantea la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas para niñas de 14 años y menos. De los ocho principios generales de esa ley, el octavo es, a mi parecer, el más importante. «[El] interés superior de la niña y [la] adolescente» es una garantía que se aplicará en toda decisión que se tome, la cual busca proteger su dignidad en todo momento (primer principio). Además, propone escuchar a las niñas, de manera que con un conocimiento informado puedan decir qué piensan y qué sienten.
Entonces, me imagino preguntándole a una niña de 10 años abusada por un tío si quiere ser mamá. Le aclaro que deberá cuidar a otro niño, que deberá cuidarlo a toda hora. No irá más a la escuela, no podrá salir a jugar más chibiricuarta. Deberá seguir viendo al hombre que ahora es su papá y el papá de su hijo. ¿Qué diría yo a esa edad?
No imagino una maternidad forzada. Ser mamá no puede ser una condena y, sin embargo, en Guatemala lo es para miles de niñas que van muriendo con todo y su futuro mientras juegan con un niño pocos años más pequeños que ellas.
Se impone encontrar soluciones.
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