¿Hasta dónde ha funcionado esa visión para alcanzar el bienestar de las mayorías en Guatemala?
En dos platos, las políticas de reducción del Estado se fundamentan en las llamadas supply-side policies, que en lenguaje simple significan desregular la intervención del Gobierno y proveer un marco adecuado para el crecimiento económico a partir de las transacciones comerciales y de la productividad en un esquema teórico de libre mercado. Nada malo en teoría y deseable para dinamizar una economía basada en los mercados, pero insuficiente para alcanzar desarrollo integral.
Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Inglaterra, Gorbachev en la desaparecida Unión Soviética y Deng Xiaoping en China, entre otros políticos, tomaron medidas radicales en respuesta a la escuela ideológica de los Chicago Boys, observada como experimento en el Chile de Pinochet. La influyente escuela neoliberal llegó para quedarse a nivel global. Estas políticas fueron impulsadas por varios grupos globales y por varias personas, incluyendo la Sociedad Mont Pelerin, la Fundación Heritage, los premios nobel M. Friedman y F. von Hayek y universidades norteamericanas e inglesas. De hecho, la Escuela de Economía de Chicago ya estaba formando una élite de economistas con esa nueva forma de entender la economía política, fundamentada en el laissez-faire y popularmente llamada neoliberalismo. «No hay alternativa», proclamaba la Dama de Hierro en Inglaterra. En sus tiempos, el pensamiento era binario, pues la alternativa a esa agenda era el fallido comunismo.
El neoliberalismo es una receta de cocina que funciona si la medida de bienestar es la generación de dinero en términos agregados (PIB, por ejemplo) o en promedios simples (PIB per cápita), pero que falla cuando ese dinero generado es resultado de empleos mal pagados, de la pobreza absoluta de las mayorías, de ecosistemas devastados, de desiguales oportunidades para competir, de recursos productivos concentrados, de un Estado susceptible de ser tomado por las mafias y de la poca rendición de cuentas a una ciudadanía apática.
Políticamente, las décadas de los 80 y los 90 presentan en Guatemala logros y avances institucionales importantes. Una Asamblea Nacional Constituyente (aunque bastante homogénea en sus integrantes) que en 1984 elabora una nueva Constitución, el retorno a la democracia formal en 1985, el establecimiento de un tribunal electoral y de elecciones relativamente más transparentes que las que se dieron en décadas anteriores, la formalización del fin del conflicto armado interno a través de la firma de los acuerdos de paz (1996) y una relativa estabilidad macroeconómica le mostraban al mundo la cara nueva de un país otrora bananero, subdesarrollado y tercermundista.
En el plano económico, los datos muestran un país que empieza a moverse de su estancamiento de principios de los 80. El ajuste estructural condicionado por organismos internacionales, incluyendo las políticas del Consenso de Washington[i] y el abandono de las políticas ISI[ii], dio sus frutos: El PIB crece, se reforman el Estado y su capacidad de intervención, se privatizan monopolios estatales, se eliminan algunas instituciones obsoletas según los signos de los tiempos (Indeca, Fydep, Ministerio de Desarrollo, Dirección de Caminos, Inafor, bancos estatales, etcétera), los impuestos directos se reducen, los sindicatos se debilitan, la posesión de divisas se desconcentra, la banca y el sistema financiero se liberalizan, el comercio exterior se desregula y el desempleo se reduce. Sin embargo, hoy los tiempos han cambiado y en retrospectiva se evidencian costos que responden a esas políticas de liberalización.
Fuente[iii]: Morán, H., Banco de Guatemala, 2013.
Se observa que, después de la década perdida de los 80, Guatemala presenta una recuperación en su crecimiento del PIB gracias a muchas reformas estructurales de su economía. Después del 2000, el crecimiento económico pierde fuerza.
Hoy por hoy se mantienen exenciones y privilegios fiscales en algunos grupos económicos poderosos. La exclusión se consolida cuando los mercados concentrados alcanzan economías de escala e impiden a pequeños productores competir en igualdad. Las asimetrías sociales no ceden y la guerra se transforma en violencia ciudadana. Los servicios públicos empiezan a erosionarse y la población mayoritaria, que es la que no cabe en la ecuación productiva, se ve forzada a migrar, a sobrevivir en la economía informal o ilegal o a sufrir hambrunas y subdesarrollo humano. Las voces que gritan más fuerte y poseen altavoz en medios de comunicación masiva en Guatemala dejan poco espacio para el diálogo, mientras los gobiernos siguen agendas de técnicos formados en el paradigma neoliberal, sin reparar en las realidades de la mayoría ciudadana. Surgen grupos económicos ligados al tráfico ilegal de productos y de personas, la pobreza crece y la devastación ecológica es ignorada pese a que existe evidencia de su acelerada destrucción.
La ausencia de autoridad hace que Guatemala parezca un país abandonado, donde quien quiere venir a sacarle provecho a lo poco que queda lo hace, se lleva las ganancias afuera y le deja las pérdidas y las externalidades a la ciudadanía local. Esto no es exclusivo de Guatemala. Persiguiendo el crecimiento económico per se y esperando que este se derrame a la población por ósmosis, los países del hemisferio sur compiten por atraer inversionistas en lo que se denomina carrera por lo peor. La idea de desmantelar las regulaciones y la capacidad intervencionista del Estado busca atraer lo peor de la inversión extranjera para el desarrollo sostenible de un país. Atraer maquila que paga menos que el costo de vida y robotiza a las personas hasta convertirlas en la extensión de una maquinaria de producción en línea, así como atraer industrias extractivas intensivas en capital natural (minerales, palma africana, etcétera) que destruyen ecosistemas enteros, contaminan ríos, lagos y mares, desvían cauces hídricos, desplazan comunidades y le apuestan a una industrialización ambiental, social y culturalmente depredadora, solo resuelven el parche del crecimiento económico, pero no el bienestar sostenible. Se atraen con la excusa de no impuestos y de laxas regulaciones a la inversión.
Contrario a lo que quieren hacernos creer algunas voces que se benefician de un mundo polarizado, la alternativa al neoliberalismo no es necesariamente el comunismo o el marxismo. Permitirnos abrir el diálogo inteligente y evaluar nuevas y oxigenadas formas de entender el mundo, la economía, la política y las relaciones entre humanos y su entorno son fundamentales para cambiar el rumbo de una visión filosófica lineal e incuestionable.
Las alternativas existen y es momento de explorarlas, discutirlas y evaluarlas seriamente. Las decisiones tomadas con la ya vieja escuela de pensamiento económico, fundamentada en dogmas y con una realidad distinta a la de los libros de texto de los 90, no son suficientes cuando no integramos en la ecuación voces alternativas, con una visión fresca y nueva del bienestar y del futuro inmediato de la humanidad.
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[i] Consenso de Washington original: 1) disciplina fiscal, 2) reorientación del gasto público, 3) reforma impositiva, 4) liberalización de las tasas de interés, 5) tipo de cambio competitivo y unificado, 6) liberalización comercial, 7) apertura a la inversión extranjera directa, 8) privatización, 9) desregulación y 10) derechos de propiedad (fuente: Morán, H., Banco de Guatemala, 2013).
[ii] Sustitución de Importaciones (ISI, por sus siglas en inglés).
[iii] Publicado en el anexo II del documento Política monetaria cambiaria y crediticia: evaluación a noviembre de 2003 y propuesta para 2004, del Banco de Guatemala.
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