De acuerdo con las cifras del Observatorio en Salud Pública (OSAR), solo en los primeros seis meses del 2012 se reportaron 22,067 partos en menores. Dentro de ellas 13 niñas de 10 años, 16 niñas de 11 años, 89 niñas de 12 años, 338 niñas de 13 años y 992 niñas de 14 años. Es decir, en lo que va del año, se han cometido DELITOS en 1,448 casos de menores embarazadas.
Es un día que debería estar llamado también a reflexionar sobre la hipocresía de una sociedad, que a la par que condena el ejercicio de la sexualidad en la juventud, deniega a bebés, niñas, niños y adolescentes la protección y certidumbre más básica de todas: la que habría de encontrar en su propia familia, en su círculo básico de pertenencia.
Toda actividad sexual con una niña menor de 14 años está tipificada ya como delito. No obstante, y como bien señalara Carolina Escobar Sarti en su columna, son ellas las castigadas y estigmatizadas por sus comunidades y por la sociedad, no los varones hechores, ni las familias que no cumplen con su papel de proteger su vida y su dignidad. La persecución penal implacable en estos casos es fundamental para sentar precedente y la cadena de denuncia debiera comenzar en el propio hogar, o al menos, en el servicio de salud que detecta a esa niña, a esa joven gestante. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) carece a la fecha de un sistema institucional establecido para denunciar estos casos y aportar pruebas al MP para la condena de los causantes.
Los embarazos en adolescentes ponen en riesgo la vida de las jóvenes y sus oportunidades a futuro. Las condena a criar cuando ellas están todavía de criar, reproduciendo así el ciclo de frustración y de pobreza en muchos casos. Bebés productos de una violación; otros, producto de la decisión de otros adultos, que truecan a la menor para que "acompañe" a un hombre de más edad a cambio de algún retorno económico o de estatus; o bien, el resultado del descubrimiento temprano de la sexualidad entre adolescentes (los niños-padres también existen) sin acceso a información y recursos para prevenir un embarazo.
Los registros de embarazos en niñas y adolescentes, al alza que ha presentado el OSAR, son la punta del iceberg. La consecuencia más seria de corto plazo es la elevación de su riesgo de muerte durante o después del embarazo. Por eso, es un problema más que termina adscrito al MSPAS. Sin embargo, como con otras formas de violencia, al Ministerio le toca sobre todo, enfrentar los efectos e intervenir para evitar que esa niña-madre, esa adolescente, no muera. No obstante, 26 muertes de menores se acumulan ya en el año, casi la mitad ocurridas en un centro hospitalario, según datos proporcionados por el OSAR.
Carecemos de una política nacional de soporte a la crianza, que acompañe y verifique que las familias cumplen su obligación de instruir en materia de sexualidad y reproducción. En una sociedad democrática, deberá hacerse respetando las creencias y valores de cada familia. Y el Estado laico, a través del sistema educativo nacional, está obligado a complementar dicha educación en el aula de manera sensible y pertinente a la edad, pero en un ambiente que fomente la comprensión sobre el significado del ejercicio responsable de la sexualidad. El siguiente paso, por tanto, es pedir cuentas al Ministerio de Educación. No podemos seguir pensando que explicar la anatomía genital es suficiente para revertir esta tendencia.
Evidentemente, es un tema espinoso. Una sociedad patriarcal no está dispuesta a ver expuesto su doble rasero, su hipocresía fundamental: la misoginia. Por eso, el tema siempre estará llamado a hacer resurgir todas las pasiones acerca de la familia y los límites entre lo público y lo privado, incluido cuáles son los alcances del papel del Estado en estos temas. Y, como hasta ahora, habrá que empujarlo contracorriente. Ojalá nos sumemos muchos a este esfuerzo.
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