Paradoja en la frontera: La aplicación de la ley podría estar atrayendo a más migrantes

Del 21 de diciembre al 8 de abril, oficiales de inmigración han liberado a 24 mil padres y sus hijos en Arizona, la mayoría provenientes de Centroamérica. A lo largo de la frontera, las cifras alcanzan casi los 133,500.

«Es una oleada inmensa que está siendo un gran peso sobre nuestro sistema migratorio y no podemos permitir que eso suceda», dijo Trump durante su visita a Calexico, California, el 5 de abril.

«El sistema está lleno», añadió. «Ya no te podemos aceptar. Sea asilo, o lo que quieras, sea inmigración ilegal. Ya no te podemos aceptar. No podemos… Así es que date la vuelta».

Pero para abordar lo que Trump llama una emergencia nacional, expertos de ambos lados de la frontera dicen que es necesario entender las razones por las cuáles los migrantes están viniendo y quiénes están llegando.

«No son sólo las condiciones en Centroamérica que están empujando a que la gente se vaya», explicó Elizabeth Oglesby, profesora asociada de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Arizona. «También es la aplicación de políticas migratorias que causa que la migración se reproduzca en maneras particulares».

Más puestos en libertad condicional

Cada día, oficiales de Inmigración y Control de Aduanas liberan a un promedio de 300 padres y sus hijos en Arizona, calcula Henry Lucero, director de la oficina de ICE, por sus siglas en inglés; y el 90 % son de Guatemala. Esto sin contar a las familias que recientemente empezó a poner en libertad directamente la Patrulla Fronteriza en Yuma.

Hace un año,un promedio de 100 personas eran liberadas al día, dijo Lucero.

«La mayoría dice que les han aconsejado que si vienen con un menor… sólo van a pasar unos días detenidos por la Patrulla Fronteriza y el ICE y que van a ser puestos en libertad para continuar a su destino final». Por lo general tienen a amigos o familiares que se los han confirmado, añadió.

Durante los últimos seis meses, Lucero también ha empezado a notar una nueva tendencia de padres viajando con muchos hijos, no solo uno como antes.

«Creemos que el problema únicamente va a empeorar. Ya se corrió la voz en Centroamérica», dijo, y va a continuar mientras no haya ningún cambio en las leyes y acuerdos de Estados Unidos.

Un alcalde suplente en el pequeño poblado de Yalambojoch, en el departamento de Huehuetenango, muestra el tipo de desinformación a la que se enfrenta el gobierno, incluyendo las edades que supuestamente tiene que tener el menor para que los dejen pasar a Estados Unidos.

«No sé cómo estuvo la ley de Donald Trump; Estados Unidos tiene una ley que cuando llevas a menores de edad, entras transparentemente, a la vista de la ley, muy fácilmente», dijo José Pérez.

Lo único es que el menor tiene que tener entre 10 y 12 años, añadió. Como él ya no tiene niños pequeños, ya no puede irse. La única otra opción para Pérez sería irse por el desierto, pero es muy peligroso. «Nos matan», dijo.

Según Pérez, las familias de Yalambojoch empezaron a escuchar el año pasado de hombres de otros pueblos vecinos, que los menores podían ser sus pasaportes a una vida mejor del otro lado. Y ahora casi todos se están yendo, con planes de trabajar para poder mandar dinero y hacerse de una de las famosas casas de block que todos anhelan, explicó.

En ocasiones se va un papá con un hijo y la mamá con otro hijo, abandonando la casa, añadió el hombre de 44 años.

Pérez también ha probado su suerte en el norte. Cruzó por el desierto de Arizona por primera vez en 2000 para trabajar en las procesadoras de pollo de Carolina del Sur, pero eventualmente lo deportaron y regresar ya fue muy difícil.

Viajar con un menor, lamentó, «es la última opción que tenemos».

Una red de coyotes

Detrás de esta nueva tendencia migratoria se encuentra una red sofisticada de coyotes que incluye el enganchador en Guatemala, el que los va a transportar al sur de México, el que paga los sobornos y ahora el que lleva a las familias hasta la frontera, directo en autobús.

Un coyote guatemalteco, quien habló bajo la condición de no ser identificado, explicó que la emigración de familias se dio después de 2013, luego de que algunos padres cruzaron con sus hijos por el desierto y fueron puestos en libertad.

«Empezaron a platicar entre amigos y familias que sí hay oportunidad», indicó. «Ahorita sólo agarran a los niños y se están yendo».

Para las familias, el viaje a México cuesta como 1,300 dólares (10 mil quetzales), dijo. Luego se pagan otros 800 o 1,000 dólares una vez que llegan a la frontera. Esto es para cubrir la cuota de los carteles por el derecho de cruzar por su ruta.

Eso es como la mitad de lo que le costaría a un adulto que tiene que evadir a las autoridades y llegar con familiares o amigos en el interior del país.

Los gobiernos describen a los coyotes como villanos que se aprovechan de la desesperación de la gente, pero ellos sólo ofrecen un servicio, dijo. «La gente me busca, me habla y me dice si les puedo hacer el favor».

¿Por qué son liberados?

Lo que los coyotes le dicen a la gente no es completamente falso. Es cierto que es muy probable que sean puestos en libertad condicional, pero eso no significa que van a poder quedarse a vivir y trabajar legalmente.

«Los vamos a soltar debido al volumen de gente que está llegando», explicó Lucero, el director del ICE. «Hay demasiadas familias llegando que están saturando el sistema y el ICE no tiene la capacidad para detenerlas a todas».

Lo que las autoridades hacen, dijo, es procesarlos para asegurarse de que no tengan un historial criminal ni que sean un peligro para sus niños. También les piden una dirección para enviarles su citatorio de su próxima audiencia frente a un juez.

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El ICE cuenta con unas tres mil camas designadas para familias en tres centros de detención, dos en Texas y uno en Pennsylvania. Pero uno de ellos lo van a usar temporalmente para detener a mujeres solteras.

Aproximadamente el 98 % de las familias migrantes que llegan a un centro de detención son puestas en libertad condicional antes de que finalice su caso migratorio, según Lucero. Por lo cual dice que no tiene sentido fiscal expandir la capacidad de detención del ICE mientras existan las leyes y acuerdos actuales.

«Aunque detengamos a una unidad familiar, no pasan por todo el proceso porque solo pueden estar ahí 20 días, y por lo general tarda más tiempo antes de que se les pueda agendar una audiencia», dijo.

El Acuerdo Flores de 1997 estipula que los menores migrantes en custodia del gobierno deben de ser entregados a su padre/madre, tutor legal o un familiar adulto de inmediato. Si eso no es posible, deben de ser detenidos en un sitio con las menores restricciones posibles que además sea apropiado, basado en las necesidades y edad del menor.

Durante 2014, el presidente Barack Obama intentó extender la detención de familias como una manera de controlar el flujo que empezaba a acelerarse, pero un grupo de defensores de migrantes cuestionó la política. Al final, un juez del Noveno Circuito determinó que las protecciones bajo este acuerdo aplicaban tanto a los menores no acompañados como a los que viajaban con sus padres, y designó un estándar de 20 días en los que el gobierno podía tener detenido a un menor y a su familia.

De aquellos que han sido procesados en Arizona, según Lucero, el 95 % no indica que tiene miedo de regresar a su país de origen. Esta cifra es basada en un formulario que llenan los agentes de la Patrulla Fronteriza a la hora de hacer un arresto, el cual por lo general se explica a los migrantes en español.

La mayoría pide ver a un juez, dijo, lo cual en teoría significa que podrían ser deportados dentro de 20 días, una vez que se verifica su identidad con los otros gobiernos.

Pero según Lucero, a la hora de que llegan los padres a los centros de detención hablan con otros padres de familia y abogados y deciden solicitar asilo. Esto da inicio a un proceso que va a durar mucho más tiempo, dijo, por lo cual expandir los centros de detención para familias no es la solución al actual problema.

En 2014, cuando Obama abrió un centro de detención familiar temporal en Artesia, Nuevo México, casi todas las mujeres estaban en un proceso de deportación acelerado, en donde no tienen derecho a ver a un juez al menos que indiquen que tienen miedo de regresar a su país de origen y pasen su primera entrevista con un oficial de asilo. Aproximadamente dos tercios de las mujeres habían pedido asilo, según dijeron los abogados en aquel entonces.

Trump y miembros de su administración han llamado al actual sistema de asilo un «fraude» y fácil de explotar. Los jueces de migración sólo aprueban el 15 % de las solicitudes, dijo Lucero, «así es que de todos modos la mayoría de los que lo solicitan no lo obtiene».

Muchos de los que están llegando de Guatemala hablan primordialmente una lengua indígena, pero tienen que comunicarse con los oficiales en español a la hora de ser arrestados.

Para cuando llegan a un centro de detención, quizás ya tuvieron más tiempo y recursos para entender el proceso. Abogados y defensores de los migrantes también argumentan que los índices de aprobación tan bajos no son un reflejo de solicitudes frívolas, sino de la complejidad del sistema y la falta de recursos legales para los migrantes.

En busca de una vida digna

A pesar de todos esos retos, muchos guatemaltecos también salen de su país debido a razones económicas que expertos califican de igual manera como una migración forzada.

«En Menamig insistimos en que migrar es un derecho, pero no migrar también es un derecho», dijo Julia González Deras, coordinadora ejecutiva de la organización civil que dedica sus esfuerzos a atender la problemática migratoria y defender los derechos humanos de la población migrante y sus familiares.

«No migrar implica que existan las condiciones de vida digna en este país y que son responsabilidad del Estado guatemalteco. Es decir, acceso a la educación, a un empleo digno, a un trabajo en condiciones equitativas, igualdad en temas de género», añadió.

Además de la pobreza, está el tema de desalojos por megaproyectos, la criminalización y persecución de defensores de derechos humanos, la violencia intrafamiliar, la violencia ejercida por maras, por el crimen organizado y por el Estado mismo, resaltó.

«Muchas veces no hay una sola causa», dijo, «sino algo que detona la decisión de desplazarse, de emigrar en situación irregular, y no es una opción».

Esta es una población que históricamente ha sido marginada en uno de los países más desiguales del mundo. La discriminación no puede ser ignorada cuando se discuten razones del porqué estas comunidades están emigrando, dijo Ruth Piedrasanta, investigadora en la Universidad Rafael Landívar en la ciudad de Guatemala.

«Es un factor que obliga a la gente a irse porque sabe que allá puede lograr otras cosas que aquí no lograría nunca», agregó.

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Aunque es importante defender las leyes de asilo, dijo Oglesby, «no encapsula todo lo que los centroamericanos son para Estados Unidos».

Los centroamericanos han migrado en cifras altas a Estados Unidos anteriormente, dijo. Se calcula que hasta un millón de centroamericanos llegaron a Estados Unidos a principios de los años 80, incluyendo 200 mil guatemaltecos, según algunos cálculos.

«No solamente son víctimas, sino también son trabajadores y miembros de nuestras comunidades, así es que tiene que llegar el momento en que las políticas estadounidenses capten eso», dijo. «Vamos a tener que implementar una reforma migratoria comprehensiva y reconocer que las personas ya están aquí y son parte de nuestra sociedad».

Al mismo tiempo que Trump señala que el país ya está lleno, Oglesby dice que si la migración de México es un indicador, la tendencia actual no va a durar para siempre.

La migración de México disminuyó a partir de 2000, a raíz de una disminución en la demanda laboral en Estados Unidos aunada a cambios demográficos en México, como lo son una tasa de natalidad más baja y salarios más altos.

«Dejemos que las familias se reunifiquen, que trabajen aquellos que ya están satisfaciendo una demanda laboral», dijo, y hay que apoyar a estos países de origen.

«Matando a una generación»

En Yalambojoch, Per Andersen trabaja para ayudar a aquellos que se quedan.

Llegó a la comunidad en 1997, luego de que empezaron a regresar los que se habían refugiado en México durante el conflicto armado que cobró más de 200 mil vidas y desplazó a un cuarto de la población.

El centro comunitario, llamado Niwan Nha, «casa grande» en Chuj, y apoyado por el gobierno sueco, se enfoca en el medioambiente y la educación.

Pero últimamente la presión de irse a Estados Unidos ha sido tan fuerte que tuvieron que cerrar su programa de secundaria. Calculan que disminuyó la participación en un 60 % en los últimos tres o cuatro años.

«Algunos de 13, 14 años sólo tienen la idea de irse a Estados Unidos y ya no se preocupan por estudiar. Otros sí querían seguir, pero los padres obligan a sus hijos a dejar el estudio para iniciar el viaje al Norte», lamentó.

Andersen estima que unas 100 personas, la gran mayoría padres con hijos, se han ido en lo que va del año. No tardará mucho antes de que el 80 o 90 % de las familias que queden dependan de las remesas, dijo.

La meta del centro no es frenar la migración, sino preparar a la juventud para cuando deje de llegar ese dinero de fuera, añadió.

Trump quiere cortarle toda ayuda humanitaria a los países centroamericanos al menos que cumplan con ciertos requisitos, porque dice que no están haciendo nada para prevenir que la gente se vaya.

«Hay una cosa que quizás en Estados Unidos no valoran tanto, y es que somos países en crisis», dijo Piedrasanta. «Mientras las condiciones económicas en el país sigan estando como están, por supuesto que va a seguir la migración».

«Hay una necesidad de crear oportunidades para que la gente no tenga que migrar», señaló Paul Briere, diputado guatemalteco.

«La idea no es detener la migración en un 100 %, no es posible; pero sí disminuirla», agregó. «Que en vez de 150 mil guatemaltecos salgan 50 mil».

Porque al final del día, dijo, «el temor y el miedo al hambre es mayor que cualquier muro, y le van a seguir buscando por dónde pasar».

Pero solucionar esos problemas estructurales básicos, aunados a la corrupción, va a tomar tiempo, dijo, no es nada que se arregle rápido.

Durante los últimos meses, el Arizona Daily Star trató sin ningún éxito de obtener una entrevista con el consulado de Guatemala en Tucsón para hablar sobre el tema de migración.

«Hay situaciones muy críticas que están pasando en Guatemala en el momento y mi temor es que la administración de Trump está tan obsesionada con el muro y la emergencia nacional que no existe, que no está poniendo atención a las cosas de verdadera importancia que están sucediendo en Centroamérica en el momento, las cuales podrían tener consecuencias a largo plazo», dijo Oglesby, la profesora de Arizona.

El programa de anticorrupción en Guatemala se encuentra en el limbo y el país está en medio de lo que Oglesby describe como una lucha de poder que amenaza a muchos de los avances que el país ha logrado desde el acuerdo de paz.

Mientras tanto, Guatemala está perdiendo a su juventud, los que deberían estar siendo educados y apoyados para construir un modelo distinto de sociedad, señaló González Deras, de Menamig.

«Los pocos que quedan están excluidos, los que van no regresan, y los que regresan van a estar más excluidos por eso de las deudas sumadas», dijo. «Es que este país está matando a una generación completa».

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Originalmente publicado en el Arizona Daily Star, el 21 de abril de 2019.