Esta fue la primera vez que una comunidad indígena guatemalteca obtenía una victoria de ese tipo. Un año después, las comunidades de Cotzal iniciaron una mesa de diálogo con los representantes del Gabinete de Pueblos Indígenas y los funcionarios municipales para determinar cómo se podría realizar la consulta, principalmente porque varias torres ya estaban construidas, lo que creaba una situación compleja. A pesar de ello, el diálogo para establecer las condiciones de la consulta fue visto como una forma de justicia reparadora. Se les ofrecía a las comunidades indígenas la esperanza de que otras empresas con intenciones de construir megaproyectos respetarían el principio legal internacional de consentimiento libre, previo e informado (CLPI).
Después de dos años y siete meses de reuniones periódicas, el 8 de febrero de 2019 representantes gubernamentales informaron a las comunidades de Cotzal que el presidente Morales había derogado el acuerdo 117-2014 en enero, que creó el Gabinete de Pueblos Indígenas. Esto socavó la autoridad legal que dichos representantes tenían para discutir el proceso de consulta con Cotzal. Además, las reuniones respecto a los procedimientos de consulta ordenados por el fallo de la CC de 2015 fueron en vano, de modo que los líderes de la comunidad estaban desconcertados por la decisión tomada por Morales, particularmente dentro del clima social y político actual.
La fuente de muchos de los conflictos entre comunidades indígenas y megaproyectos se encuentra en la falla del Estado, de las municipalidades locales y de las empresas de reconocer los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas en todos los niveles. Los pueblos indígenas han luchado por tener el derecho a los derechos, que en principio se traduce en respeto básico a sus derechos humanos por parte de los gobiernos y las empresas. Entre los temas más polémicos que rodean los derechos indígenas se encuentran el CLPI y el derecho a dar un consentimiento informado antes de la construcción de un megaproyecto. Estos derechos se encuentran en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007.
En 2011, Transnova construyó varias torres eléctricas en Cotzal para transportar la energía producida por la hidroeléctrica Palo Viejo, un proyecto también construido sin consulta entre 2008 y 2012. Dicho proyecto fue el causante de la conflictividad en la región y de la persecución de líderes comunitarios y trajo como consecuencia divisiones sociales que afectaron el tejido comunitario de las comunidades ixiles de Cotzal. Transnova es una empresa subsidiaria de la empresa matriz Enel Green Power, una empresa italiana multinacional que también construyó la represa Palo Viejo y es su propietaria. Palo Viejo está ubicada en la finca San Francisco, propiedad de la familia Brol, implicada en el desplazamiento de los ixiles de sus territorios a inicios del siglo XX y colaboradora de los militares en la comisión de masacres durante el conflicto armado interno.
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En 2012, la Alcaldía Indígena de Cotzal llevó a cabo acciones legales contra el MEM por violar su derecho de consulta en la construcción de torres eléctricas por parte de Transnova. Tres años después la CC falló a favor de las comunidades de Cotzal y de la Alcaldía Indígena. Según muchos observadores, tal resolución fue histórica por sus implicaciones legales a nivel nacional e internacional. Aunque esta es sobre el caso específico de Transnova, se considera un precedente para las relaciones futuras entre los pueblos indígenas, las empresas y el Estado guatemalteco. La resolución de la CC contenía muchos aspectos legales sobre los derechos de los pueblos indígenas, como el reconocimiento del papel de las autoridades ancestrales como representantes legítimos y la consulta como un derecho que debe respetarse.
Posteriormente, las autoridades ancestrales de Cotzal fueron a la capital para anunciar públicamente, en conferencia de prensa del 16 de abril de 2015, el fallo a favor de las comunidades de Cotzal y la violación del derecho de consulta por parte de Transnova. Es importante notar que esto ocurrió el mismo día en que el caso de corrupción La Línea fue revelado por la Cicig, que involucró a altos funcionarios gubernamentales y sacudió el panorama político nacional. El escándalo de La Línea provocó manifestaciones en la capital y eventualmente las renuncias y los arrestos de altos funcionarios del Gobierno, incluidos el entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. Aunque la resolución de la CC y La Línea parecen casos aislados, están interrelacionados por un sistema de gobierno basado en la corrupción, la impunidad y el uso de la violencia que permite a empresas multinacionales como Enel aprovecharse y violar los derechos de los pueblos indígenas. Algunos guatemaltecos han afirmado que muchos megaproyectos solo son aprobados y posibilitados por la corrupción, la intimidación y tratos ilícitos con políticos. Por ejemplo, Pérez Molina medió un acuerdo de 2013 entre Enel y el alcalde municipal de Cotzal que se negoció en secreto y sin el conocimiento del pueblo.
En este momento Guatemala está experimentando una crisis constitucional como resultado de la guerra política de Morales contra la Cicig, que lo investiga por corrupción. Morales ha desobedecido varias decisiones de la CC y está vulnerando el Estado de derecho. Guatemala sigue siendo un lugar peligroso para activistas de derechos humanos, ambientalistas y líderes comunitarios, muchos de los cuales están amenazados con violencia, encarcelamiento y muerte.
Es en este contexto político en el que las autoridades ancestrales de Cotzal expresaron sus preocupaciones en una carta abierta del 8 de febrero de 2019, en la cual declararon:
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«Con la derogación del acuerdo gubernativo que da vida jurídica al Gabinete de Pueblos Indígenas, el señor Jimmy Morales Cabrera y su gabinete rompen el proceso de consulta al pueblo indígena maya ixil de San Juan Cotzal, iniciado el 22 de junio del año 2016, desobedeciendo abierta y flagrantemente la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que ordena al Estado de Guatemala cumplir con su obligación de consultar al pueblo maya ixil de San Juan Cotzal, por medio de dicho gabinete, sobre la ejecución del proyecto antes mencionado».
Para las autoridades ancestrales, el repentino final del proceso de consulta también fue una forma de negarle a Cotzal el acceso a sus derechos garantizados por la CC, por lo que agregan:
«Este acto racista, discriminatorio e irresponsable del Gobierno, contenido en el acuerdo gubernativo número 11-2019, publicado en el Diario de Centro América el 15 de enero del presente año, que deroga el acuerdo gubernativo número 117-2014, se suma a las constantes desobediencias del señor Jimmy Morales Cabrera y su gobierno a […] sentencias de la Corte de Constitucionalidad, en claro rompimiento de la institucionalidad y el Estado de derecho».
En una conferencia de prensa del 14 de febrero, las autoridades ancestrales de Cotzal reafirmaron su descontento con la decisión de Morales de terminar el proceso de consulta. Al momento de escribir este texto no ha habido una respuesta ni del Gobierno ni de Transnova ni de Enel.
El aumento de los proyectos extractivistas en Guatemala y en todo el mundo ha hecho que el tema de la consulta y la autodeterminación de las comunidades indígenas sea aún más importante. Que el Gobierno guatemalteco y las corporaciones multinacionales sigan violando el CLPI, ignorando los derechos de los pueblos indígenas, invadiendo sus territorios y extrayendo recursos naturales sin ningún beneficio para las comunidades locales es una continuación de la lógica colonial de extracción que ha existido desde la invasión española. Las comunidades de Cotzal han resistido la llegada de los megaproyectos ante la persistente violencia estatal, la intimidación, la falta de respeto, la discriminación y el racismo. La desobediencia de Morales de la decisión de la CC es otra forma de violencia patrocinada por el Estado, ya que se pretende evitar que los ixiles accedan a sus derechos, otorgados por los tribunales.
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