Este rechazo crece en la medida en que se hace más evidente la manera como la corrupción estructural del sector estatal —el desvío del Estado de sus fines— ha sido útil para consolidar una derecha empresarial que demuestra con múltiples acciones su desprecio profundo por la sociedad que la alberga.
Este ataque hace uso del lugar común de que las soluciones de mercado garantizan mejores opciones de satisfacción para las necesidades de la ciudadanía. No se acude al mantra de la privatización, quizá porque en este caso existen segmentos importantes de la población que no son atractivos para el sector privado, sino al argumento de que el fomento de la competencia hace posible el acceso a mejores servicios y productos.
Al proceder así, la retórica del empresariado guatemalteco permite capitalizar el descontento social por la caótica ineficiencia de los servicios públicos. Décadas de insatisfacción ciudadana parecen darle la razón a Ronald Reagan cuando afirmaba que el conjunto más peligroso de palabras de la lengua inglesa era: «Soy del Gobierno y estoy aquí para ayudar».
Ahora bien, los tiempos han cambiado y el comentario de Reagan ya no es tan ingenioso. Para comenzar, desde sus inicios, el fenómeno de la burocratización abarca tanto el orden estatal como el privado: sus aspectos racionalizadores (Weber) y absurdos (Kafka) se hacen presentes en ambas esferas. Cuando Max Weber esbozó los rasgos de la racionalidad burocrática no pensaba tan solo en el Estado, sino también en las grandes empresas, aunque el buró fuera rebautizado como oficina.
Como lo señalan Steve Tombs y David Whyte, las corporaciones son, «como poco, socialmente ineficientes y, como mucho, sistemáticamente antisociales». El capitalismo corporativo se empeña en configurar modelos organizacionales subordinados al objetivo último de incrementar sus beneficios, siempre, desde luego, con la ayuda del Estado que tanto desprecia. La gran empresa configura imperativos funcionales que diluyen la responsabilidad ante la sociedad mientras someten sus operaciones a la maximización del beneficio económico.
Es falso, por tanto, que el sector privado sea más eficiente que el público. De hecho, algunos especialistas ya han notado el desarrollo de modalidades kafkianas de burocracia en la empresa privada. Un trámite en una de estas puede ser tan oneroso y absurdo como en una oficina pública. Remitámonos a unos pocos ejemplos. ¿Cuántas horas pierde un ciudadano promedio haciendo fila para resolver un problema con su celular o con su tarjeta de crédito? Nuestras eternas esperas al teléfono no son casuales: existe software que permite a las corporaciones tratar de manera diferenciada las llamadas, siempre en función de las ganancias previstas.
El antropólogo David Graeber señala que, dado que la izquierda carece de una crítica de la burocracia, cuando lo hace parece acercarse a la derecha. Este punto conlleva una lección: los movimientos progresistas deben esforzarse por acercar las instituciones a las personas. El buen funcionario público no se concentra solo en la transparencia, sino en aplicar los derechos que se reconocen en el orden constitucional de derecho.
Desde luego, este objetivo no es fácil, ya que el funcionamiento del Estado no ha podido desligarse de la lógica de botín político. Nadie ignora que cada cambio de gobierno significa el arribo al aparato estatal de una legión de personas con afán de enriquecimiento ilícito y con nulo compromiso de servicio. Estos contingentes de oportunistas a menudo suponen un obstáculo para quienes son conscientes de la importancia de servir a sus conciudadanos.
En su intento por recuperar la organización de la vida en común, la ciudadanía debe hacer el esfuerzo por escapar de la burocratización de la institucionalidad pública. Esta misión implica, como mínimo, dos tareas: la concientización del funcionario de Estado, objetivo que se puede facilitar con la existencia de un gran número de personas con mística de servicio público, y la elaboración de estrategias para la formación de funcionarios estatales.
Los responsables de la gestión pública deben comprender que su quehacer se orienta al bien común, un norte del cual adolece la empresa privada. En ese sentido, se deben idear maneras de convivencia que hagan evidentes las coincidencias entre los servidores públicos y la ciudadanía. La refundación del aparato estatal debe buscar mecanismos para acercar la gestión colectiva al bienestar concreto. Es imperativo trabajar, además, en la agilidad de la gestión pública para que no se difumine el apoyo ciudadano a la restructuración del Estado.
En resumen, las carencias de la institucionalidad pública no se pueden resolver sometiendo esta a la lógica de la ganancia, que anima el funcionamiento de la empresa privada. Existen áreas muy importantes de la vida social cuya gestión no puede ser confiada a un sector empresarial tan irresponsable. Unámonos, por tanto, para que una de las grandes conquistas de la sociedad guatemalteca, el IGSS, se torne en una entidad capaz de rescatar a tanto conciudadano de la más insoportable precariedad.
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