Racismo de Estado

Lo ve así, a pesar de que son estos rasgos los más explotados por el mercado del turismo; aún cuando los vestigios arqueológicos de la civilización maya son protegidos por fundaciones del propio sector privado, como es el caso del sitio arqueológico El Mirador.

Si bien no me agradan las declaraciones vertidas, tampoco me sorprenden. Es lamentable, pero debemos aceptar que el recambio generacional no significa automáticamente un recambio de ideas o la renovación de la mentalidad social. Más bien, lo que vemos es una generación de jóvenes que corre los mismos riesgos que sus predecesoras de polarizarse nuevamente a extremos no deseables y con el mismo imaginario racista que dio vida a la República y se expresó durante el conflicto armado.

A mi juicio, una representación más grave de la profundidad del racismo institucionalizado la dio el propio Estado guatemalteco, por medio de los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Curiosamente, este hecho no ha generado el mismo volumen de rechazo e indignación que el otro, no obstante, ser este mucho más letal en términos prácticos, concretos e inmediatos para los derechos ciudadanos de los indígenas y habitantes del área rural en general, que el rechazo mediático del representante del CACIF a la propuesta presidencial.

El trato diferenciado y preferente de los magistrados a la representación de la empresa minera, contrasta obscenamente con el dado a la representación de los Pueblos Indígenas que demanda la declaración de inconstitucionalidad de la ley de minería. ¿Qué nos hace pensar que el fallo de la Corte no contendrá la misma dosis de racismo, desprecio y sub-valorización de los argumentos jurídicos expuestos por los indígenas, que lo que ya mostraron en su trato protocolar hacia ellos?

¿Reconocimiento de la pluralidad cultural e idiomática en la Constitución? ¡Bienvenida sea! Pero, ¿qué de su aplicación positiva cuando la propia Corte de Constitucionalidad, en su actuar cotidiano, desprecia a los portadores de esa pluralidad?

“La tierra sin indios, no valía  nada”; así se entendía la potencialidad productiva del país a finales del siglo XIX.[1] Hoy en cambio, las tierras a donde fueran expulsados los indígenas con la Revolución Liberal, para expandir el cultivo del café, lo valen todo. ¿Se repetirá el ciclo de hace 141 años, o encontraremos formas más civilizadas y menos violentas de potenciar la economía y la inclusión social?

Si sus formas de decidir –las consultas comunitarias– no son respetadas ni reconocidas por el Estado, de poco servirá que se traduzcan a idiomas mayas las licencias donde autorizan las explotaciones mineras. Igual se violarán sus derechos económicos y su derecho a un ambiente sano, no solo sus derechos culturales.

Si las consultas no son meritorias a los ojos del Estado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Incluir el derecho consuetudinario en la reforma constitucional, que es un aporte indígena recientemente efectuado? o ¿Convocar un referéndum nacional sobre la minería? Finalmente, el modelo de desarrollo y sus motores de crecimiento sí que son un asunto de especial interés para la nación.

La pluralidad democrática del Estado es mucho más que idiomas y vestimentas distintas que ofertamos a los turistas; es ante todo, otra forma de entender y regular las relaciones entre miembros diversos de una misma comunidad política, y hacerlo sin que una demerite las otras o las subordine.

Pero, si es la Corte misma, esa que está llamada a salvaguardar nuestra Carta Magna, la que discrimina, francamente, ¿Qué queda? A la mejor, resignarnos a que traducir cartillas a 23 idiomas distintos sea el gran "problema de Nación" que este Estado, en el nuevo siglo, llegará con suerte a resolver...