Cabe recordar, a este respecto, una lapidaria frase de Edelberto Torres-Rivas de hace años: «Tenemos clases dominantes, pero no clases dirigentes». Es decir, la premisa racional de contar con un proyecto de nación, entendido como la visión global, de conjunto y de largo plazo, no ha sido más que una utopía.
Pese a lo anterior, queda a los sectores lúcidos de este país tratar de llevar adelante una agenda comprometida con los cambios: con las reformas, tanto las de orden coyuntural como las de corte estructural. Y los temas de ingresos y gastos, de deuda e inversión pública, son a un tiempo estructurales y crónicamente coyunturales.
Porque los problemas políticos son, en el fondo, económicos y viceversa. Pero el dilema que enfrentamos es que las fuerzas del cambio no siempre son suficientes y las del statu quo creen sinceramente que su beneficio particular beneficia a la generalidad.
Mientras esa tensión no se resuelva a favor de las mayorías, seguiremos parchando o avanzando a cuentagotas, o bien impulsados desde afuera por el modelo de tutelaje externo, cuyos impulsores, con los ojos puestos en su seguridad nacional, no prevén necesariamente una revolución democrática en las relaciones de poder en Guatemala.
Por otro lado, el quietismo no es opción. Hay que ponerse al centro y al frente de cualquier reforma que fortalezca la institucionalidad democrática y las capacidades del Estado para la cohesión social.
En el sentido indicado, no son pocos los sectores que han llamado la atención a la necesidad de retomar el pacto fiscal, como aquel esfuerzo que diversos sectores y entidades tuvieron hace 13 años sobre la necesidad de orientar el gasto público con eficiencia, eficacia y transparencia, así como de revelar la solidez del crecimiento económico y potenciar la inversión para el desarrollo.
La necesidad del pacto fiscal sigue vigente. Y ahora más que nunca.
Sin embargo, sabemos que aquel experimento se truncó, como muchas otras buenas iniciativas como los acuerdos de paz, el Plan Visión de País o la Agenda Nacional Compartida, entre otros.
Ya solo esa larga cadena de fracasos nos vuelve escépticos ante cualquier nuevo experimento de diálogo. Pero la cruda realidad también nos indica que, si no seguimos debatiendo nuestra realidad, si no seguimos actualizando nuestros issues sociales, no solo no se notarán las diferencias de enfoque, sino que los problemas se agudizarán.
Por supuesto que en las sociedades democráticas las elecciones generales cumplen un rol de desfogue y de oxigenación de la problemática social, pero, si los funcionarios elegidos no tienen idea del rumbo y además no son sino «vino nuevo sobre viejos odres» (Jesús), entonces la urgencia de buscar planes alternativos desde abajo se impone.
En este caso, desde el Congreso de la República, por iniciativa de la clase política más consciente de los desafíos sociales, así como desde la Comisión Extraordinaria del Plan Visión de País, corresponde rescatar su propia naturaleza de motivar consensos y de hacer propuestas de largo plazo, como convocar a este diálogo multisectorial y multidisciplinario (y ojalá territorializado) enfocado al tema del pacto fiscal desde sus ángulos normativos, técnicos y de política económica.
Este esfuerzo, en el que se incluye al Gobierno de Guatemala por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, goza del consenso de los miembros de la comisión, que tengo el honor de presidir. Dichos miembros, en su orden, son los diputados Adim Maldonado (FCN, vicepresidente), María Eugenia Tabush (VIVA, secretaria), Manuel Conde Orellana (PAN), Edwin Lux (UNE), Alejandra Carrillo (PP), Claudé Harmelin de León (Fuerza) y Leocadio Juracán (Convergencia), de manera que hay pluralidad de bancadas en ella.
Se tiene previsto que los economistas Hugo Maul y Juan Alberto Fuentes Knight realicen sendas exposiciones de motivos en la inauguración del proceso, que se llevará a cabo este lunes 29 en el salón de la Casa Larrazábal del Congreso de la República.
El resultado del proceso habrá de ser una recuperación de la hoja de ruta que institucionalice la visión de un presupuesto público sano, transparente y útil a los propósitos del Estado constitucional para superar dos graves problemas que tenemos, la marginalidad y la pobreza, junto con el vegetativo crecimiento económico, que no termina de ser sostenible para el desarrollo.
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