«Reset» legislativo

En general, aparatos como una licuadora fallan en el hardware, en sus componentes físicos. Cuando el computador falla, generalmente no se ha roto nada. La mayoría de los problemas que se presentan son de software: simplemente ha cometido un error de lógica y comienza, por decirlo de alguna forma, a pensar mal. Sus piezas mecánicas siguen operando perfectamente, y así puede funcionar mal indefinidamente. Incluso, puede crear nuevos y peores errores sobre los anteriores.

Por eso funciona el reset —apagar y volver a encender el computador—, porque con ello se destruyen las malas ideas. No hace falta cambiar piezas, pues, al volver a encender la máquina, esta ha olvidado los errores.

De igual forma, los problemas de nuestro sistema político —en particular los del Legislativo— no son de hardware, sino de lógica. Quizá pueden mejorarse algunas estructuras, pero es en la racionalidad con que operan donde está el problema mayor. Como con todo Congreso, aquí los políticos hacen campaña para ser elegidos, representan una base, debaten, legislan y vigilan. Pero la lógica que guía cada una de estas funciones se ha pervertido: no es el interés político de la ciudadanía, sino el beneficio económico de unos pocos.

Así, en la campaña se ofrecen prebendas y se elige al que promete más regalos, no al más apto. La base representada son los financistas de campaña, no los ciudadanos de una jurisdicción. Los debates y las leyes se orientan a proteger la impunidad y el latrocinio, no la justicia. La vigilancia se subvierte para chantajear a los funcionarios con interpelaciones maliciosas, no para asegurar la rendición de cuentas.

La naturaleza de nuestros problemas políticos como problemas de lógica también explica por qué cualquier intento de superarlos desde adentro naufraga miserablemente. Son los mismos sujetos beneficiarios del sistema perverso quienes deben decidir sobre las reformas.

En este contexto no alcanzan las elecciones, aunque sean necesarias, porque los candidatos son los mismos. Y si bien los esfuerzos anticorrupción del MP y de la Cicig avanzan con firmeza y resultan en condenas, nunca bastarán como llave para transformar el Estado. Detectar funcionarios corruptos, encausarlos y fallar contra ellos es importante, pero es como cerrar ventanas en la pantalla del computador con la esperanza de que deje de dar problemas. Apenas retrasa el momento en que decimos: «¡Qué diablos! ¡Aunque pierda datos!», y presionamos el botón del reset.

Pero ojo: la magia del reinicio no está en apagar el computador, sino en lo que pasa en los pocos segundos después de que se vuelve a encender. Los ingenieros han puesto en él un protocolo mínimo que le dice qué hacer para arrancar bien. Aquí es igual. Antes de apagar, primero hay que definir el protocolo de reinicio del sistema político guatemalteco, definir el absoluto mínimo de condiciones que sirven para que la máquina arranque correctamente. Esto es lo que faltó en 2015: se reinició el sistema, pero no teníamos las instrucciones para hacerlo bien.

Ese absoluto mínimo necesario para reiniciar es el que debemos detallar y con el que debemos comprometernos con firmeza todos los que queremos un mejor Estado, ya seamos de derechas o de izquierdas, progres o conservadores. Ese mínimo es la agenda legislativa de un siguiente Congreso de emergencia, la plataforma compartida para buscar votos ahora. Ese mínimo se orienta a garantizar que el debate político ocurra dentro del Congreso, donde se puede traducir en leyes y presupuestos, no en el lleva y trae de los medios y las redes sociales o en el litigio malicioso, donde todo se perdona y se olvida.

¿Qué debe incluir? No más que esto: reformas al sistema electoral y político que reduzcan las barreras de acceso para concursar en política y que depuren a los actores de hoy. Reformas que mejoren la representatividad y la independencia de los elegidos, que garanticen la transparencia de sus actos, que aseguren que deban dar cuentas y que puedan ser removidos si incumplen. Para rematar, reformas que le brinden al Tribunal Supremo Electoral los recursos, la fortaleza y la independencia para asegurar que las elecciones se den en condiciones de igualdad y que el proceso legislativo se organice para el bien común. Todo lo demás ya se podrá y se deberá debatir más adelante, dentro de un Congreso más representativo, más transparente y más responsable.

Reconozcamos ese mínimo compartido y trabajemos para asegurarlo en 2019.