Lo anterior es una serie de extractos de reflexiones de un reconocido jurista y juez constitucional italiano recogidas en su obra Principios y votos, en la cual analiza la relación entre la política y los tribunales constitucionales. Él desmiente la idea de que «la justicia es apolítica» exponiendo la distinción del doble significado de política en las relaciones jurídico-políticas con base en los dos pactos sociales que rigen las sociedades: el pactum societatis, que entiende el actuar político como un facilitador de la convivencia, del cual es garante la justicia constitucional, y el pactum subiectonis, que entiende el actuar político como competición entre unas partes cuyo objeto en disputa es el gobierno. Zagrebelsky ubica el actuar de los jueces constitucionales en el primer pacto, donde estos son un árbitro que facilita la convivencia de la política partidista o extrapartidista que ostenta el ejercicio del poder.
Además, haciendo la analogía con un encuentro deportivo, el tribunal constitucional ejerce su función con tarjetas amarillas o rojas para prevenir o reparar ciertas acciones u omisiones que vulneran el máximo pacto de convivencia social contenido en la Constitución Política de la República por parte de las autoridades partidistas o de facto que ejercen el poder. Dentro de su texto, debido a la alta cultura política y social de su contexto europeo, no concibe que un funcionario público desobedezca órdenes de un tribunal constitucional o que se dedique a atacar la legitimidad de este, ya que hacerlo significa amenazar y destruir los pilares democráticos de la sociedad y del Estado constitucional de derecho.
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Pareciera que lo arriba indicado no se aplica a este lado del hemisferio, específicamente a Guatemala en el último turno, 2016-2020, de autoridades legislativa y presidencial. La Corte de Constitucionalidad (CC) es una institución creada en 1986, cuando las y los constituyentes acordaron, ante la inestabilidad política del país, crear un órgano especializado en defender el orden constitucional. Ha experimentado distintas crisis sociales que ha tenido que resolver como ese árbitro ultimo del sistema político-jurídico del país, con resultados diversos. Pero en los últimos cuatro años la CC ha sufrido un ataque sistemático de las autoridades al no estar de acuerdo con sus resoluciones, que le pusieron freno a su abuso de poder.
Estos ataques irresponsables a la justicia constitucional y estas tensiones de poder, a mi criterio, tienen dos explicaciones principales: 1) es la primera vez que la integración de la CC tiene una mayoría de votos no conservadores, no afines al statu quo económico-político, y 2), después del Serranazo, el presidente Jimmy Morales y la mayoría de los diputados han sido las autoridades que más han destruido la institucionalidad, la política exterior y la convivencia social del país. Ante ese difícil panorama de autoridades ilegítimas, la justicia constitucional, con sus aciertos y errores, jugó un papel importante en actuar contra ese poder mayoritario degenerado y no acorde al orden constitucional.
El próximo gobierno tiene grandes retos, y uno fundamental es fortalecer la justicia ordinaria y constitucional con su ejemplo y retomar la cultura de respetar las disposiciones del máximo tribunal especializado en la interpretación de la Constitución. No hacerlo conlleva la pérdida de esa figura de autoridad del árbitro del sistema político-jurídico, y eso tiene consecuencias de gran dimensión: cuando cualquier ciudadano sufra violaciones de sus derechos por parte de la autoridad, no existirá esa fuerza reparadora de las desviaciones del poder. Y cuando eso suceda, la poca convivencia social quedará sin protección por parte del tribunal constitucional.
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