Sensatez penal

Ese sector de la sociedad que prefiere el fortalecimiento del sistema penal tiene claro quién debe ser el castigado y para ello promueve lo que el antropólogo y sociólogo francés Didier Fassin denomina «momento punitivo». Desde la firma de los acuerdos de paz, muchos diputados avanzan sus campañas y candidaturas promoviendo propuestas de mayor castigo, todas ellas contra los que ya están presos, contra los adolescentes, contra las mujeres que no cumplen sus roles sociales, contra los que disienten de ellos, contra toda persona que ellos consideren que altera su estatus de vida. Esto es el ser del político actual guatemalteco.

Al igual que la religión, el castigo le trae rédito inmediato al político hábil, que sabe utilizar ambos como instrumentos de su causa personal. Ejemplos abundan en el Parlamento guatemalteco, pero me interesa en estas líneas presentar el postulado sociológico del doctor Fassin, que afirma que hoy en día, en la Policía y en la justicia, la discusión descansa sobre «quiénes son castigables y a quiénes se les debe proteger del castigo». Esto me hace recordar mi ya agotado ejemplo en clase de Derecho Penal sobre la discusión en el imperio romano entre seres torturables y no torturables, en la cual estos últimos cambiaban de condición según sus delitos fueran cometidos entre ellos mismos o contra el emperador. Despierta preocupación que, muchos siglos después, el debate sobre a quiénes castigar siga vigente y, en especial, que el debate sobre a quiénes no castigar siga siendo un tema de a quién le concedo dignidad y a quién se la desconozco.

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En la justicia guatemalteca, actualmente se diligencian procesos penales en contra de exfuncionarios policiales y ministeriales. Esto, por posibles delitos de tortura y de ejecución extrajudicial. Los denunciantes y los testigos son personas que estuvieron en detención o que permanecen en dicho estado. Ya con ello, el referido sector social impugna las denuncias y alega que no son idóneas. Pero ¿quién, entonces, podría denunciar hechos tan extremos como una tortura? El patrón de lo que se investiga sobre estas personas no es fácil, sobre todo porque el Estado de Guatemala tiene una tradición en la comisión de aquellos delitos sin que nunca sean investigados. Casos como el de la Pánel Blanca o el de Bosques de San Nicolás, que suenan lejanos en el tiempo, son desconocidos hoy en día y nos dan muestras de cómo se ha operado desde el Ministerio de Gobernación y la Policía.

Un amplio número de personas de los estratos medio, medio alto y alto de Guatemala, en este momento un Estado punitivo, relegan a los detenidos a una condición de indignos y justifican reacciones informales del Estado como suplicios sin límites, hasta el punto de destruir su integridad y sus cuerpos. Quien denuncie aquellos suplicios corre la suerte de no ser digno de la defensa de sus derechos. Además, ¡cómo se atreve a denunciar a un ser no castigable como el exministro! Si el indigno escapa de prisión, ¿por qué no matarlo? Era lo mejor, afirman estas personas.

Sin duda, el político hábil sigue encontrando espacio en su manipulación desde la religión y el castigo. La sociedad guatemalteca no tiene aún una sensatez penal, es decir, no ha considerado el abandono de las torturas, las ejecuciones y las desapariciones, un cambio que solo vendrá con sensatez humana, es decir, con ética trasladada al Estado para que las cárceles no sean de las miserias y los presos no sean los indignos.