Al escribir esta columna me entero de que el centro histórico está de nuevo cercado y de que la agenda del Pacto de Corruptos sigue adelante, priorizando sus negocios y desfinanciando los endebles programas que atienden a poblaciones en vulnerabilidad extrema.
No se trata solo del presupuesto más opaco y cuestionado de la era democrática. Me refiero, entre otras aberraciones, al acto de cercenar jurídicamente el presupuesto del Procurador de los Derechos Humanos, sepultar la escasa institucionalidad para el libre acceso a la información y favorecer negocios sucios, los que se debían y los que vienen con la reconstrucción de infraestructura.
Sin embargo, entre la pandemia de la covid-19, la respuesta ante Eta y Iota y la anomia ciudadana, parece que ya cualquier cosa puede ocurrir sin que haya consecuencias. Y es que otra vez ocurrió el engaño electoral gracias al financiamiento electoral ilícito, que provino, como siempre, de los mismos: los que apoyaron al corrupto de Jimmy Morales y luego a Alejandro Giammattei.
Si tuviera en las manos el fósforo para encender una amplia y radical protesta social, no dudaría en utilizarlo por las siguientes razones: en primer lugar, porque este sistema no se autorregulará ni se corregirá precisamente porque está tomado por criminales, desde narcos y contrabandistas hasta corruptos de cuello blanco y financistas electorales ilegales que presumen pedigrí e historial empresarial.
En segundo lugar, porque cada día bebés mueren de hambre y millones tienen una existencia de pesadilla, especialmente las mujeres y las niñas, que no tienen forma de canalizar su descontento. En tercer lugar, porque se ha construido hegemonía a través de la coerción y la religión, es decir, a través del miedo, y no de la participación, de manera que no hay procesos democráticos que justifiquen la defensa del orden establecido.
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En cuarto lugar, porque literalmente vamos en la dirección contraria de cualquier concepción moderna de desarrollo. Solo en Guatemala y en Honduras, otro curioso caso de narcogobierno, ha aumentado la pobreza extrema, y el deterioro social y el ambiental no tienen comparación en la región. En contraste, la oligarquía se masturba con datos macroeconómicos inútiles porque no ponen ningún énfasis en la desigualdad. Dicho en otras palabras, parece que vivieran en otro planeta donde todo se puede con voluntad y donde la pobreza es un estado mental.
Finalmente, en quinto lugar, porque la protesta es legítima. La Constitución Política ofrece el marco de derechos para proteger la vida, y de eso se trata esta columna: de la vida de millones que está comprometida por la avaricia de unos pocos.
Por fortuna, nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo, y, como bien argumenta Noam Chomsky, los movimientos sociales son impredecibles. Por lo tanto, debemos empeñarnos en romper un modelo que no funciona y en dejar de apelar a la cordura, a la madurez, al patriotismo, al pragmatismo o a cualquier indicio de inteligencia política que la oligarquía guatemalteca no tiene. Si le queda alguna duda, revise los últimos años de llamados, discursos, esperanzas y promesas.
No hablo de la plaza del 2015 ni de cantar el himno ni de acariciar fetiches patrios. Hablo de decirle no al proyecto criollo, racista, neoliberal, excluyente e incapaz de generar condiciones materiales dignas para millones de personas. Necesitamos un no radical y colectivo, un no rotundo, uno que se repita y se escuche. Eso es más democrático y legítimo que esperar tres años para elegir entre los candidatos que propongan los dueños de la finca.
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