La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado a los Estados sobre la pandemia y ha emitido recomendaciones que parecen ordinarias, como lavarse las manos o toser cuidando de no hacerlo de forma imprudente, es decir, sobre las cosas, al aire o sobre personas: los medios de conducción por los cuales el virus llega a nosotros. Su rectoría en materia de salud a nivel internacional parece de un mero amigo consejero. Se ha dedicado a crear un software sobre cómo van las cosas y sobre el desastre humano que está sucediendo. El artículo 2 de la constitución de la OMS claramente establece que esta es la autoridad internacional en salud y que por ello dirige las medidas ante esta situación que enfrentamos, pero parece que dicha organización no lo hace correspondientemente.
El Gobierno de Guatemala, por su parte, ha empezado a enfrentar la pandemia con medidas tibias en el sentido de ciertas acciones dirigidas a evitar grandes concentraciones de personas, lo que ha acompañado con una postura un tanto paternalista por parte del presidente y un aprovechamiento insultante de parte de algunos diputados, especialmente de la Junta Directiva del Congreso, en avanzar en medidas no democráticas y tendientes a crear beneficios fuera de los intereses generales. Paternalismo y corrupción: dos temas no desconocidos para este país, que difícilmente logra vivir con base en derechos humanos y donde, por tanto, es difícil comprender los alcances negativos de ello.
Se ha vuelto más importante para algunas autoridades detener y encarcelar a la gente que no cumpla con la orden del presidente que resguardar la salud de las personas y de la sociedad.
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La Asociación Guatemalteca de Enfermedades (AGEI) nos ha recordado que no existe un tratamiento específico efectivo ni seguro. Asimismo, nos ha recordado la necesidad de mantener el distanciamiento individual (no es social). Con ello, los científicos nos han puesto los pies en la tierra. Esta pandemia está siendo investigada y, mientras no se tengan respuestas efectivas, debemos mantener medidas de higiene y de salubridad importantes, sobre todo en personas con ciertas enfermedades o padecimientos específicos que pueden acelerar los efectos y causar la muerte.
Por otra parte, las empresas privadas han optado por dar paso a su responsabilidad social dando donaciones (lo de siempre), lo cual no parece ayudar en mucho, puesto que el poder económico que representan debería enfocarse en tres aspectos: a) buscar fórmulas de protección de los trabajadores (esto ayuda mucho más que sus donaciones); b) promover un proyecto económico desde el Estado que procure estabilidad macro, puesto que es necesario disminuir la circulación de personas y la concentración de estas, y c) establecer mecanismos de cooperación con las universidades (todas las universidades) en cuanto a las formas de disminuir el efecto en los derechos económicos y sociales.
Con estas descripciones nos queda hacer una relación. Las respuestas de la OMS son insuficientes y serán menos efectivas ante Estados como el nuestro, donde hay más detenidos por ley excepcional que diagnosticados en tratamiento. Esto tiene una relación en clave histórica. Nos hemos dedicado más al castigo y a la represión que a desarrollar la capacidad de un sistema de salud con las coberturas, la cientificidad y la capacidad de atender esta área de la seguridad humana.
También hay otra relación histórica. La empresa privada prefiere promover la caridad mediante donaciones que hagan aflorar una apariencia de seres benevolentes, y no cuidar los derechos laborales o promover que sus impuestos sean orientados a un sistema público de salud que disminuya los efectos de cualquier enfermedad e impulse la investigación científica seria.
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