En agosto del 2010 en Guatemala existía un millón y medio de viviendas menos de las que se necesitaban, según datos publicados por la organización Hábitat para la Humanidad. El 15 por ciento de esa carencia se concentra en una capital en la que de acuerdo con la Municipalidad de Guatemala hay 219 asentamientos.
Las estadísticas no recogen las áreas ubicadas en barrancos por no ser consideradas espacios habitables y no contar con autorización legal para su existencia. Eso significa que los invisibilizados habitantes de estas colonias viven cotidianamente con la preocupación que alguna orden de desalojo los prive de su hogar de la noche a la mañana.
La iniciativa de Ley de Vivienda, presentada por la Universidad de San Carlos al Congreso de la República el 13 de agosto de 2008, reglamentaría el problema, facilitando un proceso de legalización de las propiedades.
Sin embargo, la iniciativa nunca ha sido debatida en sede de Congreso y, hasta la fecha, ha representado un arma arrojadiza en el chantaje político con el que los partidos le responden a la población interesada. La voluntad de aprobar la ley es inversamente proporcional al interés en manipular a sus beneficiarios: en diferentes ocasiones, los pobladores de áreas marginales han recibido láminas, tuberías o comida a cambio de su participación para animar marchas en contra o a favor de este o aquel partido. La precariedad de las condiciones de vida de la multitud le es funcional a los intereses de la restringida clase política.
Los representantes de áreas marginales realizaron una protesta para pedir la aprobación de la Ley de Vivienda. Esta terminó el jueves 12 de enero después de 142 días de permanecer frente al Congreso. El Presidente Otto Pérez Molina se comprometió a aprobar la Ley 3869 que legalizaría la situación de los habitantes de los asentamientos no legalizados, antes del 31 de marzo del presente año.
Con un acto formal, los líderes del movimiento se despidieron del campamento en el que permanecieron más de cuatro meses viviendo en la calle, pasando frío, calor, hambre e incluso arriesgando sus vidas tras un intento de sabotaje en el mes de noviembre. Allí celebraron Navidad, Año Nuevo y hasta el nacimiento de seis bebés. “Por lo menos aquí teníamos la luz eléctrica del alumbrado público, cosa que no hay en nuestros asentamientos”, subraya con ironía Roly Escobar.
Los pobladores han regresado a sus lugares de origen. San Francisco Pavón, La Democracia, Anexo Joya 5, El Mirador, Unidos por la Fe, Bella Vista, Nuestra Realidad o Santa María la Paz son algunos de estos asentamientos, ubicados a la orilla de barrancos, carreteras y cementerios, en zonas urbanas marginales o a las afueras de la capital.
El común denominador entre los distintos asentamientos es la gran organización que une a las familias, reflejo de vidas de lucha hacia la supervivencia en medio de la extrema pobreza.
