El único proyecto sobre salud a largo plazo que se ha instalado en Guatemala es la seguridad social, con la cual, mediante contribuciones de empleadores y de trabajadores, se financia un modelo que participa en la secuencia lógica de intervención estatal: prevención, promoción, tratamiento, recuperación y rehabilitación. El IGSS, como conquista de la revolución de octubre de 1944, representa hoy en día el medio por el cual existe un sistema que atiende la invalidez, la vejez y la supervivencia.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el ente que rige la secuencia lógica de intervención y que se coordina con el IGSS, entre otras cosas, tiene a su cargo garantizar que toda persona, sin discriminación alguna, tenga acceso físico a centros de salud, a medicamentos, a equipo suficiente para la diferentes enfermedades, a personal de salud, a información y a medidas de inmunización. Requiere, además, políticas específicas ante la presencia de personas con mayores necesidades de protección, atención y asistencia.
Así, puede decirse que el IGSS, de importante creación y existencia, hoy en día está debilitado por las decisiones políticas erradas que históricamente se han tomado, pero especialmente por la voracidad de quienes han ostentado su presidencia y dirigido dicha institución. Han pensado únicamente en sus bolsillos y en los de grandes droguerías. Y el incumplimiento del Estado en pagar su cuota, como empleador que es, también lo golpea. Y esto, como estrategia política para llevarlo a la privatización mediante la disminución de su presupuesto y capacidad. El IGSS es de todos y de todas. Constituye también un bien público.
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El Ministerio de Salud Pública, con raras excepciones, ha tenido dirigentes que no son más que el conecte de las farmacéuticas para lucrar con el Estado. Hoy, ante la pandemia de covid-19, la camisa está levantada y ha quedado desnuda la realidad hospitalaria, que ya se conocía, pero que se ha venido negando desde hace muchos años.
Hoy hay quienes se enojan y encolerizan contra el personal de Salud, que eleva su voz para pedir aquello que todo mundo pide cuando presta su servicio profesional o su fuerza de trabajo: a) pago justo y a tiempo, b) insumos para cumplir con su función y c) mecanismos de autoprotección. Este personal, aun sin tener garantizado lo que hoy reclama, sigue prestando su servicio, y los pasillos de los hospitales empiezan a llenarse.
Los centros provisionales más parecen áreas de descanso para cuarteles que áreas de salud reales. Se fue la Cicig y regresó la fiesta de la corrupción. El contralor y la fiscal general, compadres hablados de la fiesta. Además, mancuernas de la no rendición de cuentas. Por eso dije en mi columna anterior que para el corrupto este es el escenario ideal: usted queda encerrado entre su salud y ceder sus derechos mediante estados de excepción que aparentan cuidarnos, pero que son el escenario efectivo para que algunos se enriquezcan del Estado.
Si no apoyamos a los médicos, si no exigimos el acceso a espacios físicos dignos y con equipo, si seguimos tolerando la política de disminución de capacidad del IGSS, si admitimos que la secuencia lógica no cuenta con presupuesto, entonces estamos condenados a seguir siendo ciudadanos de tercera o cuarta categoría, a ser sometidos a una violación directa de nuestra dignidad, y particularmente estamos condenando a futuras generaciones a vivir en un Estado con Constitución, pero al mismo tiempo sin ella. Con la salud no se negocia.
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